En Veracruz los ciudadanos son torturados y
el silencio de los medios de comunicación, las Organizaciones No
Gubernamentales, de los mismos ciudadanos y el gobierno es inadmisible.
Desde 1986 México forma parte de la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la
Organización de Naciones Unidas.
El artículo primero de la convención define
tortura como “todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores
o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de
ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que
haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa
persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de
discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un
funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a
instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia”.
Y también se agrega que “no se considerarán
torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de
sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a éstas”.
Un par de sucesos ocurridos en la región de
Orizaba ilustran esta definición. El primero fue el 3 febrero del presente año;
dependiendo de la versión, un grupo de policías tenía un retén en la comunidad
de Acatla cuando fueron detenidos por al menos unos quinientos pobladores de
Soledad Atzompa quienes les quitaron los zapatos y los forzaron a caminar hasta
la cabecera municipal en donde los encerraron en la cárcel municipal.
Al intentar mediar, el secretario del ayuntamiento
también fue detenido y obligado a caminar descalzo junto con los policías. Más
tarde fueron liberados y entregados a los miembros de la Armada de México.
En otra versión, el comandante y cinco policías se
dirigían a la comunidad de Acatla, municipio de Acultzingo, pero al circular
por el territorio de Soledad Atzompa fueron emboscados y encerrados en una casa
particular; al intentar negociar su liberación el secretario también fue
detenido por la multitud.
En ambas versiones, el vehículo que servía como
patrulla de la policía municipal fue destruido y enviado al fondo de un
barranco, mientras que los policías y el funcionario municipal tuvieron que ser
hospitalizados a causa de las lesiones recibidas durante la golpiza y la
caminata que realizaron estando descalzos.
En el segundo incidente del 10 de febrero, y de
nuevo hay dos versiones, un grupo de cuatro personas acosaba mujeres e
intentaron robar algo por lo que fueron detenidos por unos trescientos
habitantes de Coxolitla de Abajo, Coxolitla de Arriba y Puente de Guadalupe,
congregaciones del municipio de Acultzingo. Se les amarró, les quitaron los
zapatos y caminaron hasta una iglesia donde los arrodillaron y los obligaron a
confesar sus delitos. Más tarde fueron entregados a la policía estatal.
En la segunda versión, los detenidos eran
ingenieros que estaban explorando la zona para un proyecto empresarial y al
detenerse en un merendero junto al camino Orizaba-Tehuacán fueron invitados a
una comida y detenidos al llegar al lugar de la supuesta comilitona. La
autoridad municipal se negó a intervenir porque se trataba de los usos y
costumbres de la comunidad.
Pues bien, la tortura no es una tradición
comunitaria. En ambos casos hubo sufrimiento intencional contra las personas
secuestradas para castigarlas por actos de los que hay distintas versiones, y
en los dos casos las autoridades locales se abstuvieron de intervenir.
¿La ausencia de la autoridad fue un consentimiento
tácito de los castigos aplicados contra las víctimas? Haría falta investigarlo
para que en el marco de la ley se sancione a los culpables de estos actos,
tanto por la acción de la multitud como por la omisión de las autoridades.
Más allá de las sutilezas de las definiciones
jurídicas, en este caso, la comprobación del consentimiento de las autoridades
locales para que se aplique el concepto de tortura, lisa y llanamente se
trataron de actos de tortura.
Sin importar las sospechas, que se invoque la
inseguridad, la fama pública de las policías municipales, los usos y
costumbres, el derecho a la autodefensa de las comunidades, y otros argumentos,
nada justifica la tortura ejercida golpeando y haciéndolos caminar descalzos.
Nada, absolutamente nada lo justifica.
garciamarquez_upn@hotmail.com
*Profesor-investigador
de la Universidad
Pedagógica Nacional.
FUENTE: EL MUNDO DE ORIZABA
No hay comentarios:
Publicar un comentario