• Afectaría alrededor de 106 hectáreas de tierra cultivable
Melissa Hernández.- Alrededor de 30 mil habitantes y 106 hectáreas de uso agrícola se verían afectadas con la construcción de la presa “El Naranjal”, y el proyecto hidroeléctrico “Veracruz” en la sierra de Zongolica.
Distintas organizaciones que se dieron cita en un café cercano al parque de Los Berros, informaron que aproximadamente 37 comunidades en total se verán afectadas por la creación de estos proyectos.
Rosalinda Hidalgo, integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (LaVida), informó las distintas resoluciones que ha tomado el Tribunal Permanente de los Pueblos, el cual se encuentra sesionando en el país desde hace 2 años.
“Con motivo del dictamen final que emitió el Tribunal Permanente de los Pueblos sobre violaciones a los derechos humanos a causa de las presas en el Estado de Veracruz”.
Presa “El Naranjal”
Beatriz Vázquez Reyes, habitante de El Naranjal, informó que si llega a concretarse la presa de El Naranjal se llegarían afectar hasta 30 mil habitantes de distintas comunidades indígenas.
“De concretarse la obra del proyecto hidroeléctrico El Naranjal, más de 30 mil habitantes de origen indígena y mestizos serían afectados en sus condiciones de vida”.
De igual forma, expresó que también podrían dañarse aproximadamente 106 hectáreas, 89 de ellas de uso agrícola y productivo.
Entre los problemas que también ocasionaría se encuentra la disminución de agua, impacto de la disponibilidad de agua, desviación de las aguas contaminadas de río Blanco, riesgos por inundaciones.
Aseguró que tanto el gobierno estatal como federal se encuentran con un bloqueo de información hacia los ciudadanos, lo que es una clara violación a los derechos humanos.
“Violentados los derechos humanos de la población local, al no brindar información sobre los planes de realización de la obra en su territorio”.
De igual forma expresó que tampoco han hecho una consulta ciudadana las autoridades para conocer el veredicto de la sociedad.
“Se ha negado el derecho a la consulta previa, libre e informada, la población no ha sido convocada a analizar la viabilidad e implicaciones reales del proyecto en el territorio”.
Por último señaló que por parte de la empresa, Agroetanol de Veracruz a cargo del proyecto Naranjal, han realizado intimidación como la del 22 de julio de 2011, en donde al tratar de frenar las obras de exploración fueron correteados a balazos.
Por otra parte, Isabel Ferrer del Colectivo “Defensa Verde de la Naturaleza para Siempre”, informó de la resolución del tribunal permanente de los pueblos: “Cancelación definitiva del proyecto privado hidroeléctrico El Naranjal debido a los altos costos sociales y ambientales”.
Asimismo, expresó que en su comunidad no aprueban la construcción de dicha presa, “No queremos la hidroeléctrica porque no queremos dejar nuestras tierras”.
Proyecto hidroeléctrico “Veracruz”
Con este proyecto que se piensa realizar en la sierra de Zongolica, informaron que afectaría a dos de las comunidades más pobres a nivel nacional que es Mixtla de Altamirano y Texhuacan.
Rosalinda Hidalgo de la La Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental (LaVida), aseguró que una de las obras del Estado de Veracruz para evitar que se inunde la cabecera de Zongolica es crear un túnel el cual perjudicaría a distintas comunidades indígenas.
“Quieren hacer un túnel, van a abrir el cerro del Soyayo como para evitar las inundaciones en al zona urbana de Zongolica, pero va a provocar muchas más inundaciones en las comunidades en la parte más baja”.
Aseguró que entre las resoluciones que el Tribunal permanente de los pueblos hizo es garantizar el derecho al agua de las distintas comunidades afectadas.
“Indemnizar económicamente a las familias afectadas, hay pobladores que sólo lo que piden es que les quiten sus piedras en el terreno y no hay voluntad por parte de la empresa y autoridades”.
De igual forma, se exige la cancelación del proyecto que está a cargo de la empresa electricidad del Golfo y la empresa americana Conduit Capital Partner.
Por otra parte, Hugo Guzmán, integrante del Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo, expresó que el tribunal de carácter moral pide al gobierno la cancelación del proyecto de desfogue del río Coxole, la reubicación de familias que viven cerca de las torres de alta tensión, garantizar protección de comunicadores y al derecho de información.
El defensor de los derechos humanos expresó el descontento de los ejidatarios de aquella zona, por lo que aseguró que se encuentran consolidados para no vender sus tierras.
“El desvío del río Blanco es algo que a veces no cabe en la cabeza, desviar el río Blanco para hacer ese canal de 22 kilómetros es algo que no concebimos”.
Adriana Varela, del Instituto de Derechos Humanos de la Iberoamericana de Puebla, informó que se han realizado diversos estudios por parte de la UNAM, en donde se dan a conocer que el impacto ambiental y social es mucho más amplio de aquel que informan las empresas.
“Sólo proyectan afectación al territorio donde estaría la presa, cuando son muchas más comunidades que se verían afectadas porque el cauce del río sería desviado”.
Aseguró que es necesario realizar acciones en donde no se vea comprometido el bienestar de las comunidades, así como la naturaleza misma.
“El desarrollo no implica poner una presa hidroeléctrica, implica que puedan favorecer para el desarrollo comunitario”.
FUENTE: LA POLÍTICA
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