Miguel Concha
Con el propósito de lanzar por segunda ocasión la campaña Protestar es un
derecho, reprimir es un delito, el pasado martes se dieron cita en las
instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal diversas
organizaciones. El relanzamiento responde a las constantes violaciones al
derecho a la protesta social, así como a la ininterrumpida criminalización de
movimientos sociales y las reiteradas agresiones contra defensoras y defensores
de derechos humanos en el país.
En 2008 la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos
los Derechos para Todas y Todos impulsó la primera versión. En ese entonces ya
se denunció que en México existe una lacerante violencia estructural, ejercida
por las instituciones y el sistema económico imperante ( La Jornada,
26/2/08). Lamentablemente dicha situación sigue vigente, y los hechos del 1º de
diciembre detonaron un sinfín de preocupaciones en ese sentido. Se desató un
debate sobre la amplitud y los patrones registrados hasta ahora en la
criminalización de la protesta social a lo largo y ancho del país.
El ojo del huracán, sin embargo, estuvo en el Distrito Federal, pues
no se olvida que hubo graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo de
jóvenes, durante los actos de protesta en el Centro Histórico. La percepción de
impunidad de lo acontecido, y el incremento de políticas encaminadas a la
criminalización, exigen levantar la voz una vez más: no se puede aceptar que el
derecho a disentir y protestar de las personas y los pueblos esté siendo
violentado, debido a los intereses injustos de los grandes capitales, de clases
políticas autoritarias e involucradas en actos de corrupción, y de medios de
comunicación nada comprometidos con la democracia y los derechos humanos en
México.
Con ello se pone de manifiesto que existe en el país una política represiva
para desactivar a cualquier grupo que se organiza o pretende hacerlo para
defender pacíficamente sus derechos humanos en el ámbito público. El derecho a
la protesta está garantizado en la Constitución y en los tratados
internacionales aprobados por México, los que protegen derechos humanos, ya que
la pasada reforma al artículo 1º les otorgó a ellos el mismo nivel jurídico que
la Carta Magna. En la Convención Americana sobre Derechos Humanos el derecho a
la protesta está implícito de manera contundente en los artículos 15 y 16, que
disponen el derecho de todas las personas a la reunión y asociación de manera
pacífica. Asimismo, en el artículo quinto, inciso a), de la Declaración
sobre defensoras y defensores de los derechos humanos, emitida por la
Organización de las Naciones Unidas, se menciona claramente el derecho a la
manifestación social, es decir, a la protesta. Este derecho se basa en el
reconocimiento y protección de una serie de derechos, e incluye las libertades
de expresión y opinión, así como la libertad de asociación, la libertad de
reunión pacífica y los derechos sindicales, en particular el derecho a huelga,
tal como se menciona en los informes sobre defensores de derechos humanos que
la ONU ha presentado (A/62/225, párr. 12).
Así, tenemos que en la legislación internacional este derecho se reconoce y
se encomia como una herramienta que las personas y los pueblos tienen para
hacer exigible el respeto de su dignidad. Es también una forma de apropiación
de los espacios públicos por la sociedad, para mostrar pacíficamente sus
disensos contra el Estado, buscando con ello evitar que éste gobierne para sí
mismo, olvidándose de su principal tarea de respetar y proteger los derechos de
las personas que habitan o transitan por su territorio. Los estados deben
entonces por un lado abstenerse de realizar cualquier acto que interfiera en
las protestas llevadas a cabo en sus jurisdicciones, pero al mismo tiempo
tienen la obligación positiva de proteger a las personas que ejercen este
derecho, sobre todo cuando defienden derechos pertenecientes a grupos en
situación de vulnerabilidad, o bien cuando se denuncian graves violaciones
emanadas de la imposición de un agresivo sistema económico injusto, como las
protestas contra los megaproyectos, impulsados por grandes capitales
trasnacionales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho en reiteradas
ocasiones que la participación política y social, a través de la manifestación
pública, es importante para la consolidación de la vida democrática de las
sociedades. Por ello a los estados corresponde evitar en todo momento el uso de
la fuerza contra las protestas sociales (OEA/Ser.L/V/zz. 124, doc. 5 rev. 1,
párr. 190.). Si México aspira entonces a vivir en una cultura basada en los
derechos humanos, es menester que reconozca la legitimidad del derecho a la
protesta. Por lo general este derecho se ve afectado por prohibiciones o
apreciaciones erradas que la sociedad misma tiene sobre el tema: son
recurrentes en algunos medios, o en declaraciones de algunos miembros de la
clase política, valoraciones que estigmatizan a las personas que se manifiestan
en el espacio público. Muchas veces se realizan, unido a lo anterior,
detenciones arbitrarias, arguyendo leyes que penalizan y dificultan el pleno
ejercicio de este derecho. No obviamos mencionar la existencia de leyes que
contemplan tipos penales amplios y ambiguos, como el de terrorismo, que se
asocian con el ejercicio de este derecho y, por tanto, ponen en riesgo la
participación de las personas y colectivos en actividades legítimas y propias
de un Estado democrático. Este es el escenario en el que se enmarca la campaña
Protestar es un derecho, reprimir es un delito. Con ella también se busca
alertar y sensibilizar a la sociedad sobre este tema. Se invita a las redes
sociales a sumarse paraviralizarla, a través de la página de Facebook Protestar
es un derecho, y de la cuenta de Twitter@ProtestaresDDHH.
FUENTE: LA JORNADA
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