Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Sábado 28 de diciembre de 2013, p. 6
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Durante 2013, la situación de los derechos humanos en el país empeoró
más en comparación con 2012, al grado de significar ya una regresión
histórica en ese terreno, debido a la ineficiencia de las autoridades para
investigar la comisión de delitos graves, pero también por los efectos del
modelo económico vigente, señalaron activistas de organizaciones civiles.
Adrián Ramírez, presidente de la Liga
Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, advirtió que el primer año del
gobierno de Enrique Peña Nieto se consolidó la regresión histórica que
se ha registrado en México en materia de respeto a las garantías básicas de la
población.
Estamos viviendo una gran situación de
vulnerabilidad en todos los ámbitos, empezando por el derecho fundamental al
trabajo y a tener un salario justo, debido a las reformas estructurales y las
políticas regresivas que tanto daño hacen a los bolsillos de los mexicanos,
lamentó Ramírez.
Al mismo tiempo, cada vez se restringen
más los derechos civiles y políticos de la gente a través de leyes para
contener manifestaciones de descontento mediante el uso de la fuerza, recurso
que se usa sobre todo contra quienes defienden los recursos naturales de las
comunidades en contra de los llamados megaproyectos.
A todo ello, alertó, se suman las
constantes violaciones a los derechos de los migrantes indocumentados, el
surgimiento de grupos de autodefensa que pueden convertirse en fuerzas
paramilitares, la continuación del desplazamiento forzoso de miles de personas,
los feminicidios y otras formas de violencia.
En síntesis, vivimos una crisis grave y
profunda de violaciones a los derechos humanos en la que el Estado mexicano
está apresurando una serie de modificaciones legislativas que inhiben o
criminalizan la protesta social, indicó.
Manuel Olivares, secretario de la Red
Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, coincidió en que 2013
fue un año muy negativo, en primer lugar por la falta de efectividad del
gobierno de México para investigar y frenar la violencia en el país.
Ese es uno de los aspectos que no han
sido atendidos eficientemente y han provocado que en México haya miles de
personas asesinadas o desaparecidas, al mismo tiempo que se hace pensar que
todos ellas tenían algo que ver con la delincuencia organizada, aseveró.
Por el otro lado, tenemos una
estrategia económica que se inició hace más de tres sexenios, que únicamente
beneficia al capital trasnacional y pone a la gente en situación de mayor
vulnerabilidad para satisfacer sus necesidades. Esto nos lleva a un escenario
más complicado, porque entonces puede haber grandes movilizaciones de
inconformidad y mayor riesgo de que se use la violencia en contra de los
grupos inconformes, alertó.
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