Asesinar a un periodista es una agresión que afecta a la democracia, porque priva a la sociedad de una fuente de información y provoca un efecto inhibidor en el trabajo de la prensa. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, con uno de los índices de homicidios de periodistas más altos. Desde 2000, 81 comunicadores han sido asesinados en posible relación con su labor informativa, y desde hace ocho años, 17 más permanecen desaparecidos. Cabe resaltar que todos estos casos permanecen en la impunidad.
El panorama de violencia contra la prensa exhibe la pobre democracia en nuestro país.
Este informe, elaborado por ARTICLE 19, tiene como objeto documentar y analizar las agresiones cometidas contra la prensa mexicana durante el tercer trimestre de 2014, así como las acciones que familiares de las víctimas, colegas y autoridades, han emprendido en la búsqueda de justicia.
De enero a septiembre de 2014, ARTICLE 19 ha documentado 222 agresiones contra la prensa mexicana. En 94 casos se trata de ataques físicos; 40 actos de intimidación; 37 amenazas; 23 detenciones arbitrarias; tres asesinatos a periodistas y el ataque a las instalaciones de un medio de comunicación donde falleció el hijo de un comunicador. En el 42 por ciento de las agresiones el responsable es un funcionario público; en 17 por ciento es un particular y 27 por ciento se desconoce al atacante.
Las historias recogidas por este informe exponen un panorama adverso para la prensa en México, sobre todo aquella que cuestiona el trabajo de las autoridades. Con los asesinatos de los periodistas Nolberto Herrera y Octavio Rojas Hernández, y del hijo del periodista Indalecio Benítez; y las agresiones sistemáticas de los gobiernos de Quintana Roo y Puebla contra la prensa local, es evidente que el Estado mexicano ha fallado en su responsabilidad de brindar justicia y procurar la no repetición de las agresiones.
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