En México los casos de desaparición forzada van
en aumento, la militarización y la disposición de fuerzas armadas en las calles
han reforzado este fenómeno, ¿qué hay detrás del discurso político sobre
“inseguridad” que busca avalar la militarización?
Lejos de que -como postula
el discurso oficial- el enorme despliegue policiaco y militar haya frenado la
“inseguridad” en nuestro país, ha provocado el aumento de los crímenes de lesa
humanidad que quedan impunes en México, entre ellos la desaparición forzada.
Ésta, es una de las formas más crueles de atacar al pueblo trabajador
y de dejar clara la amenaza del gobierno en contra de las luchas sociales. Su
crueldad impone incertidumbre y temor, es una manera de generar en la sociedad
el sentimiento de inseguridad con que el mismo Estado, que lo provoca, busca
legitimar la implantación de fuerzas armadas en el país.
Control
sobre rutas comerciales
El fenómeno de militarización en México se incrementó con la
llamada “lucha contra el narcotráfico”, en un contexto de criminalización de
los latinos por parte del gobierno de Estados Unidos, a partir del que se
amuralló casi toda la zona fronteriza, haciendo casi imposible pasar por tierra
al otro lado.
Al mismo tiempo se militarizó la zona, como ya había ocurrido
antes con la frontera sur de México, por parte de Estados Unidos, en el marco
de la implementación del Tratado de Libre Comercio entre: México, Estados
Unidos y Canadá.
Gracias a las facilidades legales impuestas por el Tratado,
Estados Unidos adquirió la ventaja de intervenir abiertamente en las vías
comerciales al interior del Estado mexicano; estas rutas comerciales son
también las rutas de tránsito de drogas ilegales, cerrando un negocio que se
extiende a redes de trata y corrupción que van más allá del mero comercio
ilícito de droga.
El gobierno de Estados Unidos ha asumido el papel de gendarme
sobre México, de jefe que decide qué se hace y qué no, qué mercancía pasa y
cuál no, de quién sí y de quién no.
En una política de poder económico y de fuerza militar, el
narcotráfico y el gobierno resultan socios comerciales. El “Chapo” Guzmán, por
ejemplo, se convirtió en uno de los más buscados narcotraficantes después de la
anunciada muerte del “Señor de los cielos”.
El gobierno del norte ordenó su captura y ofreció millonaria
recompensa por la misma, es por ello que la segunda huida de Guzmán de la
cárcel, significó un duro golpe a la credibilidad del gobierno mexicano a los
ojos de Washington.
Control
armado de la explotación de recursos
México es lugar de tránsito de mercancías y la principal fuente de
mano de obra barata para las empresas estadounidenses, bajo la aprobación del
mismo gobierno mexicano.
Las recién aprobadas reformas estructurales, ponen al alcance de
empresarios rapaces la mano de obra y recursos naturales del país, cuyas leyes
y aparato gubernamental favorecen al empresariado nacional y extranjero, en
detrimento de la población trabajadora y sus derechos sociales.
Aunado a esto, el gobierno mexicano ha ido implantando el
escenario policiaco-militar para frenar toda lucha social contra la
precarización y violación de los derechos de la población.
Esto a través de la aprobación del protocolo de actuación policial
para el control de multitudes, de la ley de movilidad social, etc., y de los
medios de “información” que sirven para criminalizar las protestas y demonizar
de quienes salen a luchar. Incluyendo en esto a quienes impulsan medios
independientes y alternativos.
Es un hecho que el
gobierno invierte cantidades exorbitantes para mantener a raya la protesta
mediante las fuerzas armadas. Esto mientras que da carpetazo a toda
investigación de los crímenes de lesa humanidad desde los tiempos de la “guerra
sucia”. Como aquímencionamos,
no hay justicia para los desaparecidos y sus familias ni castigo para los
culpables.
El gobierno ataca los intentos de formación de autodefensas, como
es el caso de la aprehensión de Néstora Salgado, líder de la policía
comunitaria de Guerrero. Asimismo, hostiga a los zapatistas en Chiapas.
Las cifras
El subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro,
Mario Patrón, menciona que en los últimos ocho años el Centro ha contabilizado
más de 26 mil casos de desaparición forzada, entre los que se encuentra el caso
de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el padre de dos de ellos, y luchadores
sociales opositores del régimen como Edmundo Reyes y Rosendo Radilla.
Para evitar que estos crímenes -junto con todos aquellos cometidos
por el Estado- vuelvan a suceder y se mantengan impunes, es necesario impulsar
la más amplia movilización en las calles contra el régimen y sus instituciones,
encabezada por los organismos de derechos humanos y los sindicatos que se
reclaman opositores y democráticos, e imponer una investigación verdaderamente
independiente que exija la aparición de los desaparecidos y el juicio y castigo
a los responsables intelectuales y materiales.
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