FUERA DE FOCO
Por: SILVIA NÚÑEZ HERNÁNDEZ
¿Quién
abrió la puerta? Existen muchos cuestionamientos en el caso del multihomicidio
de la Narvarte, dónde perdieron la vida el fotoperiodista, Rubén Espinosa
Becerril, la activista social, Nadia Vera Pérez y tres mujeres más. Todos
brutalmente asesinados. La Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF) ha desvirtuado el caso, sin prejuicio alguno y en su afán de
“proteger” sus propios intereses políticos, viola los derechos humanos tanto de
la familia y de las propias víctimas. Con el cinismo que los ha caracterizado
siempre, se ha dedicado a filtrar sus tendenciosas líneas de investigación a
los medios de comunicación “a modo”, con la central intención de seguir sus
propios “protocolos” para debilitar el proceso para hacer ver la masacre que se
perpetró el pasado 31 de julio en el Distrito Federal con otro sentido. El
circo mediático es realmente desangrante para la prensa veracruzana crítica,
quien vive día a día las bajezas del sistema político en el estado.
Es un modus operandi. Una estrategia que el gobierno de Enrique Peña Nieto
aplica con el absoluto cinismo. Sólo basta hacer memoria para comprender que es
el mismo sistema que le aplicaron al caso de los estudiantes de la escuela
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” ubicada en la localidad de Ayotzinapa,
municipio de Tixtla en el estado de Guerrero. Actualmente los 42 jóvenes que el
pasado 26 de septiembre del 2014 fueron literalmente “levantados” por policías
estatales y con la presunta complicidad de elementos del Ejército Mexicano,
quienes no tuvieron “empacho” de entregarlos al grupo delincuencial “Guerreros
Unidos” para que se encargaran de ellos. Próximos a cumplir un año de este
terrible hecho, los padres de los estudiantes han tenido que padecer con las
bajezas ejecutadas por parte de la “procuración de justicia”, en este caso
concentrada en omisión de la Procuraduría General de la República (PGR) a cargo
en ese entonces del “cansado”, Jesús Murillo Karam, quien posteriormente dejó
su cargo por no soportar el golpeteo mediático al que estaba siendo objeto.
Sobre el asesinato de Rubén y Nadia, quienes se exiliaron en el DF por temor a
ser asesinados, siguen sin resultados. Al parecer no existe ni un mínimo
interés ni del Jefe de Gobierno ni del Secretario de Gobierno, Miguel Ángel
Osorio Chong para contribuir en el esclarecimiento de este multihomicidio. Qué
podemos esperar del gobierno de Peña Nieto que permite que su segundo al mando
de su gabinete continúe en funciones pese al escape de uno de los hombres más
peligrosos como lo es Joaquín Guzmán Loera alías el “El Chapo Guzmán”. Este
hecho debió haberle costado el puesto y no únicamente eso, sino hasta la cárcel
por su posible participación en dicha fuga.
El asesinato de Rubén Espinosa ha conseguido ser el centro de atención tanto de
la prensa internacional y nacional, de intelectuales, de artistas, de
activistas sociales de diversas partes del mundo y del país. Pero
desafortunadamente, al parecer nada convence al gobierno de Miguel Ángel
Mancera Espinosa, ni tampoco las manifestaciones de repudio, de los diversos
posicionamientos de organizaciones como Artículo 19, ni las serias denuncias
que han formulado tanto los abogados de la familia de Nadia Vera Pérez, como de
las realizadas por parte de periodistas veracruzanos el día de ayer en la
ciudad de México, quienes acusaron al gobierno del estado de ejecutar una serie
de ataques y hostigamientos, utilizando hombres con vestimenta de civil, pero
con características específicas que identifican a los policías estatales y de
la Fuerza Civil. Simplemente el procurador General de Justicia en el Distrito
Federal, Rodolfo Fernando Ríos Garza se encuentra más preocupado fabricando y
destruyendo la imagen de las víctimas y con ello impedir que la clase política
–al que le sirve- salga dañada.
¿Por qué el procurador se concentra en criminalizando a las víctimas?
Pese que al gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa es de extracción
perredista, su actuar no ha dejado la mínima duda de su estrecha vinculación
con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Se dice que su postulación como
candidato y posteriormente el triunfo como Jefe de Gobierno se debe a las
prácticas de corrupción que lograron los “Chuchos” con el gobierno priísta.
Lo curioso ahora es que mismos diputados federales de su propia corriente
partidista se encuentran exigiendo que se realice un juicio político al
gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, argumentaron a través de un
comunicado de prensa que este acto se debe de llevar a cabo, luego de las
graves violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
que se encuentra ejecutando en contra de los derechos humanos, a las leyes
federales sobre protección de las víctimas, de periodistas, sobre la seguridad
pública y ejercicio de los recursos federales que han sido desviados originando
defraudación al pueblo veracruzano.
Para muchos todo esto produce incredulidad pues se sabe del carro completo que
mantiene Enrique Peña Nieto en la Cámara alta y baja. Esto impedirá que uno de
militantes sea candidato para pisar la cárcel por la negligencia que demostrado
para el estado de Veracruz. Los priístas saben que se juegan el “pellejo” con
el hecho de permitir que su sistemática y “natural” forma de robar es perpetuándose
en el poder y protegerse sus intereses partidistas.
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