El diputado priista Alberto Silva (centro) en su cierre de campaña,
acompañado de Manuel Velasco, gobernador de Chiapas y por el diputado Javier
Herrera.
Israel
Roldán / Mexicanos contra la Corrupción y la impunidad
En diciembre de 2014, el
gobierno de Javier Duarte pagó 245 millones de pesos a empresas fantasma por la
supuesta difusión gubernamental, actividad exclusiva de la Coordinación de
Comunicación Social, oficina que dirigía Alberto Silva, actual diputado federal
del PRI.
Alberto Silva Ramos, exvocero de Javier Duarte y uno de sus
brazos en la red de funcionarios que autorizaron la entrega de contratos a la
red de empresas fantasma de Veracruz, desvió —nada más en diciembre de 2014—
245 millones de pesos del estado para la supuesta difusión de la actividad
gubernamental.
Ese
año, Silva y Antonio Tarek Abdalá Saad, actualmente diputados federales,
facilitaron el mecanismo para defraudar la hacienda pública de Veracruz, pues
se le pagó a empresas fachada y la difusión nunca ocurrió.
Leer especial: Empresas fantasma de Veracruz.
Además, para desviar
los recursos del erario Silva Ramos utilizó el presupuesto de 11 dependencias
de la administración estatal que facturaron en ese mes, y en algunos casos con
apenas unas horas de diferencia, 245 millones de pesos por la “difusión de las
actividades del gobierno del estado”.
Lo anterior supondría
una violación a la normatividad correspondiente. De acuerdo con los artículos
36 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, la única
dependencia facultada para realizar la difusión informativa del gobierno es la
Coordinación General de Comunicación Social, que ese año dirigió Silva.
Tarek Abdalá,
entonces tesorero del gobierno de Javier Duarte, aprobó los pagos entre el 15 y
31 de diciembre.
Unos días después, al
iniciar el 2015, ambos exfuncionarios renunciaron a sus cargos para competir en
la elección de diputados federales por el PRI. Actualmente integran la bancada
veracruzana en la Cámara baja.
En las últimas horas,
la también exvocera de Javier Duarte, Gina Domínguez, acusó en su columna “Razones de Estado” que Alberto Silva es uno
los políticos cercanos al exgobernador “que lucha salvajemente para evadir sus
responsabilidades políticas y las penurias legales que le persiguen”.
Silva, complicidades
en desvíos
Alberto Silva tuvo un
apresurado ascenso en la función pública. En la segunda mitad del gobierno de
Fidel Herrera (2004-2010) ocupó los cargos de Subsecretario de Infraestructura
Regional y Director General del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal.
Del 2010 al 2013 fue
electo presidente municipal de Tuxpan pero sin terminar ese período fue
designado secretario de Desarrollo Social por su amigo el exgobernador Javier
Duarte.
Desde el 20 de
febrero de 2014 se desempeñó como coordinador general de Comunicación Social y
vocero de Duarte hasta el 5 de enero de 2015.
Ese año, el gobierno
de Veracruz contrató 2,795 millones de pesos en publicidad oficial, de los
cuales al menos 245 millones fueron facturados por dependencias distintas a la
Coordinación General de Comunicación Social para empresas fantasma.
En total 8 empresas
declaradas como inexistentes por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
se beneficiaron ese diciembre: Carrirey, Ravsan, Anzara, Mogarver, Mercacarrey,
Marvercarr, Publicidad Akkira y Gman Business.
De acuerdo con la
revisión a las facturas —cuyas copias tiene Mexicanos contra
la Corrupción y la Impunidad—, 68 millones de pesos fueron para Mercacarrey
y 37 millones a Marvercarr y Publicidad Akkira para cada una.
También 35 millones
para Mogarver, 33 millones a Anzara, 19 millones a Carrirey y 8 millones a
Ravsan y Gman Business para cada una.
Los pagos fueron
realizados con diferencia de horas por transferencias autorizadas desde la
oficina de Tarek Abdalá, actual diputado federal a quien la sección instructora
de la Cámara decidió congelar la solicitud de desafuero pese a las acusaciones
de complicidad en el desvío de recursos de Javier Duarte. Los diputados del PRI
no presentaron siquiera en la sesión del jueves pasado el dictamen de desafuero
para que se votara.
Dos de las 8 empresas
utilizadas en éstos desvíos ya habían sido beneficiadas por Silva un año antes
al entregarles contratos de la Sedesol, dependencia de la que era titular, de
acuerdo con la investigación que Animal Político publicó en mayo de 2016, misma que contó con el apoyo
financiero de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Se trata de
Mercacarrey y Mogarver que recibieron 243 millones de pesos en 2013 pero que
nunca entregaron materiales para construcción de pisos y techos de vivienda en
zonas marginadas para lo que fueron contratadas.
SAT documentó desvío;
Fiscalía de Veracruz investiga a Silva
Los desvíos de 2014
fueron documentados por el Servicio de Administración Tributaria en noviembre
de 2016.
Un documento de la oficina de Administración
Central de Fiscalización Estratégica —en poder de Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad— revela que visitadores de esa dependencia
verificaron todas aquellas operaciones de ese año entre la Coordinación General
de Comunicación Social y las empresas.
En junio de 2015
Silva ganó la diputación federal por el PRI; en abril de 2016 solicitó licencia
al Congreso para regresar a la vocería con Javier Duarte, cargo en el que
permaneció hasta octubre cuando el exgobernador se dio a la fuga.
A su regreso a
Comunicación Social del gobierno de Veracruz intentó pagar, vía la tesorería,
75 millones de pesos que habían quedado pendientes de cobro de los desvíos de
2014, aunque por las investigaciones periodísticas divulgadas se detuvo el
trámite.
Ahora Silva es
investigado también por la Fiscalía General de Veracruz por el presunto pago a
empresas que no existen. El gobernador Miguel Ángel Yunes anticipó que lo
someterá al procedimiento de desafuero, aunque todavía no hay solicitud formal.
En diciembre de 2016,
al comparecer ante diputados locales, Yunes detalló que en la administración de
Duarte, entre 2011 y 2016, se facturaron a medios, algunos fantasma, un total
de 8,548 millones de pesos.
“Vamos a investigar a
dos excoordinadores de Comunicación Social, específicamente a la señora
Georgina Domínguez y Alberto Silva Ramos, porque durante la etapa en que fueron
coordinadores de Comunicación Social se hicieron pagos a empresas que no
existen”, anticipó el gobernador.
Apenas el martes 25
de abril, una investigación de Animal Político documentó
que la exvocera de Javier Duarte, Gina Domínguez, utilizó su cargo para
beneficiar con contratos y convenios a la empresa Servicios Especializados de
Comunicación e Imagen S.A. de C.V., que luego pasó a ser de su propiedad, y
mediante la cual controla editorialmente tres radiodifusoras.
La empresa SECI
recibió 6.9 millones de pesos y uno de sus accionistas, Miguel Ángel Gutiérrez
Garduza, 10.3 millones de pesos, entre 2012 y 2016.
Luego de la
publicación, la Fiscalía General de Veracruz confirmó que Domínguez y Silva son
investigados por la comisión de presuntos actos de corrupción y por el presunto
desvío de casi 3 mil millones de pesos cometidos en agravio de la hacienda
durante su gestión en la Coordinación General de Comunicación Social y en la
Secretaría Técnica de la Oficina del Gobernador.
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