30 de mayo de 2011

Revelan ex militares corrupción y traiciones en el Ejército mexicano

Chihuahua.- Un trabajo especial de la Revista Proceso ha revelado grandes secretos de ex militares que se encuentran presos, quienes han contado algunas de las experiencias durante su labor como efectivos del ejército, entre las que se destacan historias relacionadas a Chihuahua, dónde se menciona el saqueo de viviendas y se deslindan de responsabilidades sobre el caso de la activista, Marisela Escobedo.

A continuación se presenta un fragmento del artículo que aparece en la edición número 1804 de Proceso, en que los ex integrantes de la milicia revelan los distintos casos de corrupción y control mediático que se ejercía en estas corporaciones, todo esto por órdenes de los mandos de Seguridad Nacionales y el mismo presidente de la República, Felipe Calerón Hinojosa.

Fragmento del artículo " Hablan los soldados presos"

La mayoría de los soldados encarcelados sienten que fueron traicionados por sus superiores y que pagan los errores de estrategia de la guerra de Calderón. Un oficial procesado por la muerte de un presunto halcón considera que hay una gran hipocresía porque “nosotros somos entrenados para matar y sabemos que para ascender o lograr otro grado no hay otra forma que dar resultados, sea como sea... a los superiores no les importa”.

Cuenta: “Para qué le digo que no, sí le di unas cachetadas a ese cabrón (el halcón), pero no había otra forma de que hablara. Estábamos en su casa, hacía mucho calor, me salí unos minutos para respirar un poco y dejé a la tropa con el halcón. Sólo fueron unos minutos que salí a respirar y cuando regresé, el tipo ya estaba tendido en una mesa, muerto. Se les pasó la mano: le metieron la cabeza en una cubeta de agua y no se dieron cuenta cuando le dio un paro cardiaco.

“Yo di parte a mi superior, pero no creí que me acusaran a mí; son unos grandes hipócritas. Me ha tocado limpiar chingaderas de otros que no son tocados porque son gente del general secretario”, suelta indignado.

“En una ocasión me dieron la orden de dirigirme a un punto en Reynosa. Ahí estaba una unidad de Gafes que sólo obedecen órdenes del general secretario y del presidente (Calderón). Hicieron una matazón de zetas y a mi unidad le tocó limpiar esa porquería.”

–¿Ese grupo especial únicamente ejecuta narcotraficantes?

–Al que ordenen el general secretario y el presidente.

–¿Defensores de derechos humanos?

–Puede ser. El único caso que sé que no fueron ellos es el de la señora que mataron en Chihuahua, a la que le mataron a su hija.

Se refería a Marisela Escobedo.

Denunciado por organizaciones de derechos humanos y víctimas de allanamientos de morada encabezados por militares, el hurto es generalizado y hasta ordenado por los superiores. Se trata de tomar el botín de guerra, según los entrevistados.

Cuenta un oficial que fue transferido a Chihuahua: “En mi primer operativo me sorprendió ver que los soldados salían con mochilas vacías. Llegamos a una casa donde encontramos droga y armas y de repente vi que los soldados empezaron a robarse cosas; yo traté de pararlos pero llegó un capitán y me dijo que no me hiciera el inocente. Vino después un mayor y me dijo: ‘A ver, llévate este aire acondicionado’. Me negué y el capitán intervino: ‘Es una orden de un superior’, y subieron el aire a mi camioneta.

“Después llegó un coronel y por la radio se comunicó con el general de la zona, quien le preguntó qué había en la casa. Yo creí que el coronel le iba a pasar un reporte de la droga y de las armas, pero no: le empezó a describir las televisiones de pantalla plana que había, el refrigerador, las computadoras, y el general le dio órdenes de llevar algunos de los artículos a la casa de una señora que, después me enteré, cortejaba.”

Información tomada de http://www.proceso.com.mx/

Proceso en el Campo Militar No.1: Hablan los soldados presos

Gloria Leticia Díaz

FOTO: Miguel Dimayuga Militares en el Campo No, 1

Su nombre hacía temblar a los luchadores de la izquierda en los años setenta y ochenta… En torno a la prisión del Campo Militar Número 1, emblema de la represión ilegal de Estado, se tejieron historias siniestras: que desde ahí el Ejército se deshacía de los “problemas” del gobierno en turno, que era un auténtico hoyo negro del que pocos salían vivos... Durante varios meses, la reportera Gloria Leticia Díaz, como parte de una investigación periodística, logró franquear los muros de esa cárcel, que se creía inexpugnable, y entrevistar a soldados y oficiales presos, de cuyo testimonio se desprende que la sórdida instalación castrense mantiene su vocación torturadora y represiva. En este reporte especial ofrecemos las historias de quienes han comprobado que la maquinaria negra del régimen continúa vigente...

Lugar de torturas y encierro de estudiantes, sindicalistas y luchadores sociales; de campesinos “sospechosos” de simpatizar con la guerrilla; de militantes de organizaciones armadas clandestinas y hasta de ciudadanos inocentes –muchos de ellos incluidos en las listas de desaparecidos políticos del país–, la del Campo Militar Número 1 se consideraba en los años setenta y ochenta la prisión clandestina más grande y siniestra de México.

Según pudo constatar este semanario a lo largo de una investigación periodística que duró varios meses, los testimonios que refieren torturas y encarcelamientos bajo sospecha de ilegalidad en la prisión militar se repiten hoy como hace 30 ó 40 años, ahora en perjuicio de soldados que participaron en la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico.

En pláticas y confidencias de los familiares de algunos presos con la reportera de Proceso , surgió la idea de invitarla para que visitara a los reos y conociera de primera mano sus casos. Uno de los internos –cuyo nombre se reserva a petición suya para evitar represalias– accedió a recibirla como “visita” y la puso en contacto con numerosos militares dispuestos a rendir sus testimonios.

La reportera ingresaba a la cárcel los días de visita –jueves y sábados–, momentos que dedicó a realizar las entrevistas con quienes decidieron dar su versión acerca de la guerra contra el crimen organizado.

Celestino Rivera fue protegido, dicen

Ignacio Carvajal - domingo, mayo 29, 2011
En flagrancia fue detenido el ex diputado local del PRD, Celestino Rivera Hernández, cuando abusaba sexualmente de un niño de aproximadamente 12 años.
Veracruz, Ver.-La ex alcaldesa de San Andrés Tuxtla, Jazmín Copete, dijo que Celestino Rivera debe ser enjuiciado por todos los delitos que ha cometido contra la ciudadanía a la que supuestamente gobernaba; no era la primera vez en que se le señalaba como delincuente, en este caso, corruptor de menores.

En el puerto de Veracruz, la ex diputada manifestó su rechazo a los actos por los cuales acusan a su compañero de partido y comentó que desde que se le acusó por primera vez ella había pedido su renuncia.

Copete expuso que si Celestino Rivera gozó de protección durante el sexenio pasado, encabezado por el ex gobernador Fidel Herrera, fue gracias a que se prestó a la aprobación de varias de las iniciativas de ley, reformas y modificaciones propuestas por el ex ejecutivo priísta.

Recordó que durante la anterior legislatura el gobierno que se fue tuvo muchos problemas para resolver algunos asuntos relacionados con iniciativas que deseaba “pasar” Fidel Herrera Beltrán, como la bursatilización, cuya aprobación requería cierto número de votos.

Con el de Celestino Rivera, indicó, se conformaron grandes negociaciones que además de afectar la imagen del PRD golpearon la situación financiera del estado y, por ende, a los veracruzanos.

Expuso que es lamentable que una persona que comete ilícitos sea o no una figura pública se le deba detener en flagrancia y causar un gran daño, para que sea entregado a la justicia como pasó con el ex diputado local.

Al recordar que cuando era legislador fue señalado por los padres de una menor de Tempoal, al norte del estado, de haber ultrajado a su hija y a otras tantas de la región y, sin embargo, algunos personajes del PRD lo defendieron.

Esta impunidad, sentenció, no se hubiera entendido sin el papel que desempeñó Celestino Rivera para el gobierno pasado, al que le trabajó desde el Congreso local al votar a favor de todas las iniciativas enviadas por el jefe del Ejecutivo.

Por último lanzó un llamado al encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Reynaldo Escobar Pérez, para que se aplique la ley contra Celestino Rivera y, de paso, se abra una investigación contra la red que le brindó protección.

 "El indulto que recibió cuando fue diputado local por la acusación de violación a una menor indígena de la huasteca veracruzana, se debió a pactos entre el Partido de la Revolución Democrática con Fidel Herrera Beltrán".

28 de mayo de 2011

DESARMADOR POLITICO CUMPLE SU OBJETIVO

Desarmador político ha rebasado las 40 mil visitas, este blog tiene la intención de servir como instrumento informativo, de manera veraz, objetiva y analítica, viendo el análisis político desde un punto de vista sereno y centrado. Desde luego que el tema político es apasionante. Tratamos de que los artículos sean seleccionados y sean del interés del lector cibernauta.

Asimismo invitamos a los cibernautas que escriban temas de carácter político, social o económico que sean interesantes. Nos han enviado sus colaboraciones y con gusto se las publicamos. Incluso las vivencias de la realidad que nos toca vivir en el ámbito social. Hemos visto que temas narrativos que hemos subido al blog ha sido del interés, en estadísticas hemos observado las visitas de cada página del blog.

Sin lugar a dudas el periodismo es apasionante, pero es una profesión muy difícil en estos días. La inseguridad que prevalece en Veracruz y en el país pone en riesgo al periodismo independiente. Desde luego que la mayoría de los medios de comunicación en Veracruz y en el país están al servicio de los que tienen el poder. Para las grandes empresas editoriales esto es un negocio, solo se publica lo amarillista, quienes pagan o no lo publican por temor a represalias. Todo esto nos da ánimo para continuar con este blog. Debemos de tener objetivos inmediatos, y a largo plazo. Continuaremos recibiendo la colaboración de todos.

Desarmador Político nace y trata de mejorar su presentación, impulsando a otros espacios informativos que sirven de análisis político, social, económico y cultural, para redescubrir la realidad en la que vivimos los ciudadanos del mundo, de México y de Veracruz. Seguiremos invitando a que colaboren con sus artículos y aceptamos sugerencias.

Aceptamos denuncias públicas, pero deben ser analizadas minuciosamente. Este blog intenta ser un espacio en donde se dé el análisis, la denuncia y la crítica, pero en todos los casos debe ser con pasión y también con mesura, el resentimiento y el odio no caben en este espacio, debe haber la convicción y la seriedad.

Mientras más espacios de participación existan, estaremos haciendo de esta sociedad más pensante, consciente y más participativa, en los problemas que nos atañe. No podemos dejarles a los políticos o al gobierno que decidan por nosotros, los ciudadanos. A los gobiernos les conviene un pueblo sin cultura y sometido. La lectura es importante para que el sujeto se convierta en activo.

MARTIN MARTINEZ SOSOL
Xálapa, Enriquez, Veracruz.

De minifaldas y cosas peores

Rosario Robles
Las franquicias partidarias al servicio del mejor postor en los ámbitos municipales, paradójicamente, son las que más contacto tienen con la gente.
Ilustración: Luis Miguel Morales
En la lógica del alcalde priista de Navolato (como en la de muchos), las mujeres son siempre las culpables. Porque usan escote o minifalda, porque andan solas a altas horas de la noche (lo que en buen español se entiende sin un hombre que las acompañe), porque sonríen con coquetería, el caso es que son las responsables de ser acosadas, golpeadas, violentadas y, vaya cosa, del incremento de embarazos en algún municipio norteño, en el que seguramente más creció la violencia y la inseguridad, pero eso no da para nota nacional. La culpa no es del oscurantismo o de la falta de información y educación. La responsabilidad es de estas Evas modernas a las que les gusta lucir las piernas. Para este alcalde de quinta la solución es sencilla. Los embarazos se previenen bajándole el dobladillo a las faldas, ocultando a la mujer, haciéndola invisible para que no ande por ahí provocando. Pero más allá de esta visión machista en un servidor público (cuyos comentarios generaron afortunadamente un repudio generalizado), lo significativo es analizar la poca estatura de quienes tienen la responsabilidad de gobernar o legislar, de asumir una encargo, de representar a los ciudadanos que depositaron en ellos su confianza. Pero lo mismo pasa en otros partidos. Celestino Rivera, ex presidente municipal de Tempoal, ex diputado local y consejero nacional del PRD, fue detenido por la violación de un menor de 12 años y contaba en su haber con una denuncia de hace varios años que fue archivada (seguramente por razones políticas). Un representante de la izquierda acusado de pederasta. Las franquicias partidarias al servicio del mejor postor en los ámbitos municipales son las que paradójicamente tienen más contacto con la gente, en las que los partidos debieran ser rigurosamente cuidadosos en la selección de sus abanderados.
 
De ahí la preocupación, por ejemplo, de un grupo de empresarios michoacanos que ha solicitado que las tres principales fuerzas políticas registren una candidatura común ciudadana para la elección de gobernador en esa entidad con el objetivo de evitar intromisiones de poderes fácticos (más concretamente del narcotráfico). No se trata, en su postura, de suspender elecciones (la única legitimidad proviene de la soberanía popular expresada a través del voto), sino de evitar que la violencia que prevalece en Michoacán sea caldo de cultivo para un proceso conflictivo. Desde luego que la propuesta no es viable, pues los partidos difícilmente declinarán la posibilidad de presentar sus propios candidatos en un estado en el que cualquiera de los tres puede erigirse con el triunfo, pero expresa que diversos sectores de la sociedad están buscando mecanismos para darle la vuelta al hecho de que los únicos que detentan el poder son los partidos. Esta petición refleja el agotamiento de este sistema de democracia representativa que les otorga el monopolio del poder y, en consecuencia, un cierto margen de impunidad y de no rendición de cuentas (de qué otra manera se explican los casos arriba mencionados, entre otros). Si la clase política no entiende este hartazgo, esta animadversión, y no se hace cargo de la necesidad de oxigenar el quehacer político, de abrir puerta y ventanas, de generar cauces para que se expresen los ciudadanos más allá del acto de votar, la olla de presión va a explotar. Tienen en sus manos la posibilidad de asumir decisiones rápidas y de aprobar en breve una reforma política que incluya modalidades de democracia participativa como el referendo, la iniciativa popular, el plebiscito, la revocación del mandato y las candidaturas ciudadanas, para romper con esta partidocracia que, a estas alturas, no es suficiente en una sociedad que aspira a una mayor participación y a la posibilidad de quitar institucionalmente a sus gobernantes cuando éstos no estén a la altura de su responsabilidad. Pero lejos de entender este ánimo social, se empecinan en cerrar los ojos y se encierran en sus cuatro paredes para regodearse en ese poder que es temporal, que les fue prestado. Ojalá que cuando los abran no sea demasiado tarde. Por el bien de todos.
 
Ser… o neceser
 
Leonora Carrington, la última surrealista, murió en el país que se engalanó con su arte y su obra. Artista y mujer extraordinaria. Descanse en paz.

No brinda mayores garantías a migrantes la nueva ley, denuncian

Organización Editorial Mexicana
27 de mayo de 2011
Ciudad de México.- La recién promulgada Ley de Migración no brinda mayores garantías a los migrantes en tránsito por México, toda vez que aún persiste una gran debilidad institucional y corrupción en las instancias encargadas de ejecutar la política migratoria en México, y la violación sistemática de derechos humanos de la población migrante, denunciaron diversas organizaciones defensoras de migrantes.
 
Refieren que nuestro país requiere una política migratoria con perspectiva de derechos humanos y acorde a la normativa internacional, ya que la debilidad de las instituciones tampoco puede, ni debe responderse con el uso de las fuerzas armadas como pretende hacerlo el Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, quien recientemente propuso la construcción de una base migratoria militar en el municipio de Acayucán, Veracruz.

"Este es un paso más hacia la militarización del país, poner a las personas migrantes en un centro de detención militar es una grave violación a los derechos humanos, extralimita por mucho el mandato de las fuerzas armadas y significa, en la práctica un estado de excepción y la suspensión de garantías", señalaron organizaciones como Cauce Ciudadano, Centro de Derechos Humanos del Migrante, Colectivo contra la Trata de Personas México; Grupo de Trabajo sobre Legislación y Política Migratoria; Infancia Común, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, el Insyde; y el Movimiento Migrante Mesoamericano; ririki, entre otras.

Sostiene que hoy nos encontramos frente a una crisis institucional sin precedentes y cada día más ostensible del Instituto Nacional de Migración (INM); vemos como se desmorona ante las reiteradas denuncias y revelaciones de la población migrante, de las organizaciones defensoras de sus derechos humanos y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Por ello, sostienen, México necesita una política migratoria integral para asegurar la protección de quienes transitan, regresan o salen del país y garantizar sus derechos humanos. No obstante, diversos artículos de la nueva Ley de Migración atentan contra los artículos 1°, 11°, 16°, 17° y 21° de la Carta Magna que hacen referencia a la no discriminación, igualdad, libertad de tránsito, no molestia y acceso a la justicia.

Indican que continuar vinculando a la migración con el tema de la seguridad nacional; persiste la participación de la Secretaría de Seguridad Pública en acciones de control y verificación migratoria; no desaparece la realización de operativos y verificaciones domiciliarias sin orden judicial; los tiempos de detención de las personas migrantes se ampliaron y continúa su discrecionalidad; las visas para migrantes de tránsito no cambian de fondo lo que ya existía en la Ley General de Población.

Expresan que la debilidad de las instituciones tampoco puede, ni debe responderse con el uso de las fuerzas armadas como pretende hacerlo el Secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora al proponer la construcción de una base migratoria militar en el municipio de Acayucán.
 
"Este es un paso más hacia la militarización del país. Poner a las personas migrantes en un centro de detención militar es una grave violación a los derechos humanos, extralimita por mucho el mandato de las fuerzas armadas y significa, en la práctica un estado de excepción y la suspensión de garantías", señalan.

No es con más militares que se va a proteger a los y las migrantes, sino con políticas públicas efectivas. Para garantizar que las y los migrantes no sean objeto de abusos, ni sujetos de explotación por parte de bandas criminales y funcionarios corruptos, debe analizarse a profundidad y sobre bases sanas, claras e institucionales la situación del INM, desde la adopción de un sistema o carrera de formación institucional, donde se reformen los procesos internos del INM en el terreno operativo, y se incorporen protocolos y manuales basados en estándares internacionales de respeto de derechos humanos y la profesionalización y evaluación del personal que lo integrará.

Manrique Gandaria / El Sol de México

27 de mayo de 2011

Riesgo de otro presidente “espurio”

John M. Ackerman
Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México.

MÉXICO, D.F., 25 de mayo.- Ya es un secreto a voces que la mejor forma de ganar una elección en México no es a través del cabal cumplimiento del espíritu y la letra de las disposiciones legales, sino con trampas, engaños y triquiñuelas. La reciente inacción del IFE en el caso de las groseras violaciones a la norma por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en las campañas federales de 2009 proporciona una clara lección de que romper la ley no cuesta nada. Asimismo, la vergonzosa decisión del TEPJF de exculpar a Enrique Peña Nieto de cualquier responsabilidad en la ilegal difusión nacional de su quinto informe de gobierno demuestra que los dados también están cargados en el seno de la máxima instancia de justicia electoral del país.

Al parecer, el PRI ha decidido apostarle a un perverso juego de debilitar las instituciones electorales a como dé lugar. Con sus decisiones y posicionamientos, los consejeros electorales Marco Antonio Baños y Francisco Guerrero ratifican cada día su lealtad al PRI. La magistrada presidenta del TEPJF, María del Carmen Alanís, también parece haber abandonado el partido de su amiga Margarita Zavala para engrosar las filas del viejo partido de Estado. Todo parece indicar que Alanís alberga la esperanza de que el arribo de Peña Nieto a Los Pinos le aseguraría su ansiado lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
 
La falta de acuerdo con respecto a los tres nuevos consejeros del IFE se debe precisamente a que el PRI prefiere un IFE debilitado y rebasado a uno que tenga posibilidad de acciones autónomas. El cálculo es sencillo. Hoy, el PRI solamente necesita convencer a un solo consejero más de que vote junto con Baños y Guerrero para frenar cualquier decisión adversa, tal y como ocurrió en el caso del PVEM. Si el PRI coloca a dos de los tres nuevos consejeros mantendría su posición de fuerza en el Consejo General ya que quedaría a un voto de la mayoría. Sin embargo, si coloca solamente a un consejero su fuerza retrocedería de manera significativa ya que únicamente contaría con tres de los nueve integrantes de la herradura de Viaducto Tlalpan.
 
El PRI entonces ha aplicado una estrategia de “todo o nada” con el fin de no ver reducida su influencia en el seno de la autoridad electoral. También supone que al final de cuentas le conviene la sobrecarga de trabajo que hoy afecta gravemente el funcionamiento del IFE. Consejeros cansados y confundidos son actores más dóciles y fácilmente manipulables por las alianzas perversas entre Peña Nieto, las televisoras y otros “factores reales” de poder.
 
Pero el PRI está jugando con fuego. Por ejemplo, si el proceso electoral federal iniciara en la primera semana de octubre de 2011 sin todos los integrantes del Consejo General, nos encontraríamos en un estado de flagrante ilegalidad. Si las ausencias continúan durante un tiempo más, estaremos frente a una situación ideal para la posible nulidad de la elección de 2012. Si el TEPJF decide avalar la elección aún bajo estas circunstancias, podríamos encontrarnos una vez más con un presidente marcado durante todo su sexenio con el mote de “espurio”.
 
Estas circunstancias nos hacen ver que “el fantasma de 2006” de ninguna manera “está erradicado”, como ha afirmado el consejero presidente Leonardo Valdés. La abierta partidización de las autoridades electorales, su falta de acción enérgica para imponer el estado de derecho y las enormes sobrecargas de trabajo se articulan de forma peligrosa para generar un potencial conflicto enorme en 2012.
 
El Congreso de la Unión todavía tiene una última oportunidad para desarticular esta explosiva situación antes de que sea demasiado tarde. Urge que la Cámara de Diputados nombre lo más pronto posible a los consejeros faltantes. Asimismo, aún más importante que aprobar la cuestionable “reforma política” sería actuar para llenar las lagunas y corregir los problemas ya identificados con la histórica reforma electoral de 2007-2008.

Un excelente punto de partida para una reforma correctiva sería el dictamen de reforma al Cofipe que se aprobó el pasado 29 de abril en el Senado de la República. Incluye sanciones explícitas para la “adquisición, a título gratuito u oneroso”, más allá de la “compra”, de tiempo en radio y televisión con el propósito de difundir propaganda electoral. Así, sería más difícil para las autoridades evitar sancionar a los responsables en casos de evidentes fraudes a la ley, como la famosa entrevista a Demetrio Sodi en medio de un partido de futbol durante 2009. Otra innovación estratégica de la reforma es que dota al IFE de facultades de sanción directa para los funcionarios públicos cuando éstos intervengan ilegalmente en los procesos electorales en violación al artículo 134 constitucional. La actual falta de poder sancionador en la materia ha sido uno de los principales obstáculos que ha enfrentado el IFE para asegurar la equidad de los procesos electorales.
 
Sobre estos temas se recomienda consultar un nuevo libro, coordinado por un servidor, que aborda de manera exhaustiva todos los temas pendientes: Elecciones 2012: en busca de equidad y legalidad (IIJ-UNAM/Senado, 2011). Allí se puede leer sobre los retos que existen en una diversidad de asuntos, desde la regulación de los medios de comunicación hasta las reformas necesarias al Código Penal y el fomento de la transparencia interna de los partidos políticos.
 
Si los diputados, consejeros electorales y magistrados del TEPJF no modifican su comportamiento pronto, 2012 fácilmente podría llegar a ser un proceso electoral aún más conflictivo que el de 2006. Queda una última oportunidad para enderezar el camino antes de que sea demasiado tarde. l

http://www.johnackerman.blogspot.com/
Twitter:  @JohnMAckerman