Columna: Fuera de Foco
Por: Silvia Núñez Hernández
Cuatro
entregas. Una bomba en contra del gobierno estatal, quien desde 2012 viene
incurriendo “legalmente” en la ilegalidad. El modus operandi de la delincuencia
con sello oficial ha rebasado toda capacidad de entendimiento, convirtiéndose
en una burla para la inteligencia de los ciudadanos.
Ya no se detienen y roban con el tal
cinismo, que nada les importa. Javier Duarte de Ochoa se centró en robarse lo
que su “jefe de plaza”, Fidel Herrera Beltrán le dejó [porque él se robó la
mayor parte] saquear, lo que su padre putativo ya no pudo sustraer en el
estado. Seis años para defraudar, de la manera que lo hizo, no era suficiente
para un solo individuo que traía bajo el brazo el hambre en la que vivió su
niñez. Herrera Beltrán es hoy un literal muerto de hambre, seguro en su
infancia jamás había visto juntos ni mil pesos y cuando tuvo la oportunidad de
hacer un negocio redondo con el estado, no se limitó a sólo los diezmos por
obras a las empresas inmobiliarias, sino tuvo una visión más perversa:
delinquir junto con los grupos criminales, concediéndoles el total permiso para
poder “operar” a sus anchas, obvio, obteniendo jugosas regalías por permitirlo.
Seguramente “La Nauyaca” cobraba un porcentaje altísimo por impedir que la ley
se le fuera en contra del crimen organizado.
La venta de estupefacientes, el derecho de
piso, los secuestros, el robo de autos, los cuales terminaban siendo escondidos
en el corralón del depredador número uno del Sistema de Agua y Saneamiento
(SAS), José Ricardo Ruiz Carmona alías “Pepín”, era la estrategia para
delinquir en el estado ilegalmente por parte del ex gobernante. Todas las mañas
se las adquirió Javier Duarte y hasta lo rebasó. Se sabe que ahora la propia
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) es la que se dedica a realizar
“levantones” e ingresar en los domicilios de los ciudadanos y actuar como todo
unos delincuentes. No dudamos que la estrategia de desviar recursos por medio
de licitaciones a empresas falsas, es un consejo de su padre “putativo” y en
donde el propio Enrique Peña Nieto se ha beneficiado con su diezmo en los
estados.
No dudo en lo absoluto que esta mecánica
haya sido sacada del cerebro de Javier Duarte. Esto me parece se debe de estar
llevando a cabo con todos los gobernadores priístas para saquear al país.
La Secretaría de Finanzas y Planeación
(SEFIPLAN) amparada por la ley de adquisiciones fue su principal fuente de
ingresos ilícitos. No podemos creer que un día, Javier Duarte se levantó de su
inmerecido “palacio” como una ocurrencia millonaria. No tiene la capacidad para
pensar más allá de sus narices. Sabemos de su corta capacidad, por lo tanto, si
podemos creer que esto viene directamente de las “transas” de Herrera Beltrán o
del propio Carlos Salinas de Gortari en el caso de ser una mecánica nacional.
Es evidente que el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) es una instancia que sirve para perseguir a los
contribuyentes sin poder. ¿Cómo puede justificar que el gobierno de Veracruz
haya registrado 21 empresas falsas y ésta instancia no haya comprobado el
domicilio fiscal? Es lo que hace cuando uno da de alta una empresa, es lo que
hace cuando un ciudadano común instala una nueva fuente de empleo. El SAT
verifica quisquillosamente toda la documentación y constata el domicilio
fiscal. ¿Cómo puede ser que Javier Duarte haya dado de alta 21 empresas y casi
de manera inmediata haberle concedido licitaciones millonarias? ¿Piensa Enrique
Peña Nieto que los ciudadanos somos idiotas?
Esta noticia debe de ser un procedimiento
que no tan sólo en Veracruz se está dando. Esto debe de venir por orden
nacional. El PRI tiene que ver la forma de como “joder” todo el dinero
existente en cada una de los municipios, en los estados. En síntesis el
gobierno de Javier Duarte se encuentra en nuevamente en el ojo del huracán
desde el momento que ordenó a sus borregos que apegados a “legalidad”,
engañaran a personas de los extractos sociales más pobres para que firmaran
documentos [que a cambio le iban a dar apoyos] desviar recursos provenientes de
dependencias como la Secretaría de Educación Veracruz, la Secretaría de
Desarrollo Social, la Secretaría de Protección Civil y el Desarrollo Integral
de la Familia (DIF) estatal.
Los periodistas Arturo Ángel y Víctor Hugo
Arteaga, colaboradores de Animal Político fueron quienes firmaron dichas
entregas que abrió la cloaca de la delincuencia oficial. Este último, reculó
después de una llamada que le hiciese el contralor general del Estado, Ricardo
García Guzmán. ¿La finalidad de la llamada? Seguro lo amenazó o le pagó
millonaria embute para que desistiera. El objetivo del funcionario duartista es
que el comunicador se fuera en contra de su propio medio argumentando que nadie
le pidió permiso para la publicación. La insistencia del contralor lo
evidenciaba. Pedía que Ciro Gómez Leyva entrevistara al reportero, Víctor Hugo
Arteaga con la finalidad de distraer el tema central: el fraude que cometió el
gobierno de Javier Duarte creando 21 empresas fantasmas y concediéndoles 73
licitaciones que de manera conjunta hicieron 645 millones de pesos y que jamás
llegó a las personas de bajos recursos. Otro delito es el engaño que le hizo
los supuestos “socios” quienes la única coincidencia que tienen unos de otros
es que están inmersos en la más dolorosa pobreza.
La investigación de Animal Político ha
representado para el gobierno de Javier Duarte un golpe certero en las partes
más nobles para dicha administración. Esos golpes que duelen y paralizan al
grado de revolcar del dolor a quien lo recibe. No tiene desperdicio alguno esta
aportación periodística, si el reportero que brindó información niega que su
nombre aparezca en la investigación, es realmente irrelevante. A detalle, en la
última entrega se expone la forma en que engañaron a personas de bajos recursos
para que les firmaran el acta constitutiva de la empresa, utilizando a Notarios
Públicos a quienes les regaló el propio gobierno dicho negocio. Les dijeron que
les darían dos mil pesos y materiales para fortalecer sus viviendas. Nada. Se
quedaron con los papeles para poder fraguar uno de los fraudes más
escandalosos. El delito es redondo, porque existe la falsificación de firmas
que posteriormente se debió haber realizado para el cobro de multimillonarios
recursos expedidos a esas 21 empresas.
Enrique Peña Nieto no procederá, porque
sabe que hay manera para comprobar que la orden de defraudar al estado de
veracruzano, viene por orden nacional. Tal vez ese dinero es el que se utilizó
para la construcción de la Casa Blanca del mandatario.
Silvia Núñez Hernández
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la
Comunicación, directora general y columnista. Sustenta su trabajo, tras 23 años
de ejercicio periodístico adquirido en diversos medios de comunicación situados
en el estado de Veracruz. Su principal objetivo dentro de su carrera
profesional es ofrecer a la ciudadanía una editorial ética y objetiva. Un
espacio donde los temas sociales y políticos, son analizadas con una visión
crítica, con la finalidad de mostrar una perspectiva sustentada y razonada
sobre la problemática social de Veracruz y de la República Mexicana.
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