Juan Manuel del Castillo González, exsubsecretario de Finanzas y Administración del gobierno de Javier Duarte. Foto: Especial
POR LA REDACCIÓN ,
XALAPA, Ver. (apro).- Juan Manuel del Castillo González, exsubsecretario de Finanzas y Administración del gobierno de Javier Duarte y actual candidato del PRI a la diputación local de Córdoba, fue demandado penalmente ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos por “retención indebida” de recursos por 22 millones 411 mil pesos en prejuicio de mil 84 empleados del poder ejecutivo y de la empresa financiera Intermercado.
En la carpeta de investigación FESP/128/2016/II-05, de la cual el reportero tiene copia, se consigna que Castillo González junto con cuatro servidores públicos de la Secretaria de Finanzas y Planeación (Sefiplan) retuvieron –quincenalmente, vía nómina—los pagos crediticios de mil 84 servidores públicos y jamás los transfirieron a la financiera Intermercado.
Helios Miguel Castro Rico, representante legal de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, explica que por dicha situación más de mil burócratas de diversas dependencias del gobierno de Javier Duarte ya se encuentran en el buró de crédito, pese a que quincenalmente han estado cubriendo sus adeudos.
“La cartera total de adeudos es de 55 millones de pesos y hasta el momento el saldo vencido es de 22 millones que Sefiplan ya descontó y no trasladó. Los trabajadores contrataron créditos con descuentos vía nómina con base en un convenio establecido entre la empresa y Sefiplan y así funcionó durante tres sexenios”, explicó.
En la querella FESP/128/2016/II-05 se detalla que desde febrero del 2016, la Sefiplan dejó de hacer el “traslado de recursos” a la Sofom, correspondientes a 17 quincenas, y se desconoce qué hicieron los funcionarios señalados con los recursos.
“Jurídicamente no podemos asegurar que ese dinero lo utilizaron en la campaña política del exsubsecretario de Finanzas. Lo que es una realidad es que desde febrero dejaron de depositar el dinero, pero se lo siguieron descontando a los trabajadores y nadie sabe a dónde fue a parar el recurso”, expresa Manuel Juárez Rebolledo, del despacho jurídico Reyes Gallardo, quien lleva el litigio contra los funcionarios del gobierno de Duarte.
Por el impago de la Sefiplan, varios burócratas de la administración priista se han visto impedidos para adquirir un vehículo, contratar una vivienda o adquirir otro crédito financiero.
El impago, detalla Helios Castro, ha sido “un completo viacrucis” pues asegura que cada que acude a la Tesorería de Duarte a cobrar, sólo atienden de 12 del día a dos de la tarde, y por lo regular, hay cerca de un centenar de contratistas, proveedores, terceros y autoridades municipales, intentando cobrar pendientes.
“Desde el año pasado empezamos a notar problemas. Hacían traslado de recursos a cuentagotas, depositaban 500 mil pesos, un millón, cada bimestre, cuando la cartera vencida ya iba sobrepasando los 20 millones de pesos. Los funcionarios de Sefiplan dejaron de recibirnos y ya ni siquiera contestan el teléfono”, denuncia Castro Rico.
En marzo de este año, Juan Manuel del Castillo, quien empezó como jefe de asesores de Duarte y después fue su Secretario Particular, pidió licencia en la Sefiplan para buscar la diputación local en Córdoba. Como encargados de la insolvencia financiera quedaron el director general de Administración, Eduardo Contreras; el Tesorero, Arnulfo Octavio García; Manuel Moreno Torres, subdirector de Operación Financiera, y Lourdes García Duran, subdirectora de Recursos Humanos.
Durante 2015 y 2016, la insolvencia financiera de la administración del gobierno de Duarte ha sido una constante. La Universidad Veracruzana reclama pasivos por más de dos mil millones de pesos; el Poder Judicial 500 millones y otros organismos públicos descentralizados también se quejan de una “asfixia financiera”.
Del lado de la iniciativa privada, constructores reclaman mil 500 millones de pesos, proveedores más de mil y, en el colmo, hasta músicos, empresarios priistas y políticos de oposición han exigido que Duarte cumpla con los pagos prometidos.
En su última aparición pública, el 31 de marzo pasado, el titular de la Secretaria de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pelegrin –el sexto funcionario de esa oficina— tuvo que salir corriendo de la sala de juntas del Congreso Local ante los cuestionamientos de los reporteros por el adverso panorama económico estatal.
En medio de gritos y visiblemente molesto, Gómez Pelegrin espetó: “A todos se les va a pagar. Hay mucha gente que reclama dinero… pero vamos caminando, en tiempo y forma”.
A través del oficio SJAI/dgaj/00359/2016 –obtenido por el reportero vía transparencia—la PGR admitió a principios de este año que en el 2015 recibió otras siete denuncias penales de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en contra de funcionarios del gobierno de Duarte por los probables delitos de “peculado” y “uso indebido de facultades”. Las querellas continúan “en trámite” en la dependencia federal.
En abril del 2015, Apro informó que al menos 750 maestros de la Sección 56 del SNTE se encuentran boletinados por el Buró de Crédito, luego de que funcionarios de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) “jinetearon” recursos de sus préstamos hipotecarios –obtención de autos, adquisición de vivienda y créditos para deuda– con la empresa Intermercado, SA de CV, la que ahora reclama a los docentes el pago de 11 millones de pesos, más intereses moratorios.
Entre los funcionarios del gobierno de Javier Duarte involucrados en el desvío de recursos, tres ya no trabajan en la SEV: Adolfo Mota Hernández, exsecretario de Educación ya es diputado federal por el PRI y Edgar Spinoso, exoficial mayor del órgano educativo, es legislador federal por el Partido Verde Ecologista. Vicente Benítez, otro funcionario de la SEV involucrado en la querella, hoy es candidato a diputado local por el PVEM en el distrito de Acayucan.
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