Orizaba, Ver.- El
gobierno federal y en los estados del país, serían los responsables de
financiar y armar a la delincuencia organizada para utilizarla como grupos de
represión y contener la creciente protesta social que brota en la nación; el
delito de desaparición forzada, pese a ser una falta grave, no se juzga como
tal en México, advirtió el Tinam (Unión de Todos los Pueblos Pobres).
En un comunicado el
Tinam fija su postura en torno a las desapariciones forzadas que se registran
el Veracruz y en el estado, señala que en la siguiente semana se realizará la
jornada nacional, "Por cada desaparecido detenido, indignación y una razón
para luchar".
En el texto
explican que en México las organizaciones sociales buscan visibilizar todos
aquellos casos de desaparición forzada que hay en el país, además de denunciar
y condenar la represión que hay contra organizaciones y familiares que han
decidido luchar.
En la nación,
refieren, "se tiene la documentación de 130 casos de desapariciones que
tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Estos números vienen
desde el sexenio de Felipe Calderón y se acentuaron con Enrique Peña
Nieto".
Precisan que los
autores de las desapariciones forzadas son los delincuentes organizados porque
si bien hay grupos criminales que operan en la mayoría de los estados, no
podrían operar si no existiera una colusión con el gobierno. "Lo que
nosotros hemos visto en la mayoría de los estados, en donde compañeros tienen
organización, tienen presencia, estos grupos que están siendo financiados,
armados por el Estado".
El objetivo,
enfatizan, "es precisamente reprimir y criminalizar los esfuerzos de
organización que se dan, sobre todo en estados que son característicos
históricamente en la lucha como son Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y
Veracruz, entidades donde hay mucha resistencia en contra de estos proyectos
que se quieren implementar".
El documento
remarca que incluso el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS),
señaló que se ha visto un cambio de concientización en la sociedad, ahora y
cada vez más la gente se atreve a denunciar para exigir la presentación con
vida de sus familiares, "a nivel nacional no se cuenta con una ley que
regule el problema de desaparición forzada, excepto en el Senado la iniciativa
para crear una ley general para prevenir y sancionar la desaparición
forzada".
Pero el delito de desaparición
forzada, lamentan, "no es investigado como tal, no es cualquier delito, es
una grave violación a los derechos humanos, donde quien está claramente
involucrado son agentes del Estado, es ahí donde ha habido un conflicto para
poder definirlo tal cual porque ello implica que el Estado tiene que reconocer
que hay una problemática".
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