Jair García - domingo, abril 17, 2011
Por años, los gobiernos municipales han permitido ecocidios bajo el argumento de contribuir al progreso mediante la construcción de fraccionamientos en áreas boscosas, ante lo cual, las autoridades ambientales de los niveles federal y estatal se han convertido en cómplices al dar las anuencias o simplemente desatenderse del asunto, reprochó el diputado local Roberto Pérez Moreno.
Aseguró que esta tendencia que se ha mantenido por años refleja la complicidad entre los tres niveles de gobierno en materia ambiental, por lo que es necesario frenar esta situación antes de que se pierdan más zonas boscosas, selváticas o manglares bajo la excusa del progreso.
El legislador local comentó que ha sido común que al final de las administraciones municipales se otorgan permisos indiscriminados a los fraccionadores por compromisos políticos o por intereses personales de los alcaldes, por lo cual exigió tanto a los nuevos cabildos, como a instancias como la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al ambiente (Profepa) dar marcha atrás a esas autorizaciones si éstas representan un atentado a la ecología.
“Yo no estoy en contra del progreso y sé muy bien que es necesaria la construcción de viviendas para el desarrollo y crecimiento de los municipios, pero no se debe permitir que sea afectando al medio ambiente, y es que las constructoras tienen la obligación de construir plantas de tratamientos, pero lo eluden y permiten que los desechos se vayan a los ríos”, añadió.
Pérez Moreno citó el caso del cambio de uso de suelo de unas 15 hectáreas para la construcción de casi 3 mil viviendas ubicadas entre las localidades de El Grande, Mundo Nuevo y Mahuixtlán, y que el terreno era de los mejores para producir café, pero el ex alcalde Sergio Ramírez Cabañas en los últimos días de su administración autorizó el cambio de uso de suelo e incluso la licencia de construcción.
Explicó que la colusión entre las autoridades comienza desde los ayuntamientos que otorgan la anuencia para el cambio de uso de suelo, pero ésta solo sirve para lotificar un terreno, no para construir, posteriormente la dirección de Desarrollo Regional es la que las construcciones, y es ahí donde ya interviene el gobierno estatal.
Insistió que los compromisos políticos con las autoridades permiten que los grandes fraccionadores tengan a su merced los terrenos, sin importar los impactos ambientales derriben grandes zonas de bosque y contaminen los ríos.
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