Enviado por FUNDALEX. México, D. F., a 6 de agosto de 2012.
En una etapa donde cada vez se agudiza más la intolerancia en contra de los medios de comunicación y periodistas, se revela también que más allá de los grupos de la delincuencia organizada, serían los funcionarios gubernamentales de los tres niveles de gobierno y políticos, los probables autores intelectuales de las agresiones y amenazas, motivadas por el trabajo crítico hacia las distintas formas de corrupción con las que realizan su trabajo o actividades.
La Fundación para la Libertad de Expresión exige a las autoridades de procuración y administración de justicia y a los tres niveles de Gobierno, una real y comprobable voluntad política para cerrar la puerta a la impunidad, motivo principal del actual clima adverso para ejercer la libertad de expresión y garantizar el derecho a la información.
El periodista amenazado más reciente, el editor en México de Play Boy, Gabriel Bauducco, en un video publicado el viernes 3 de agosto, deja muy claras las fuentes de las que habrían remitido amenazas a su correo electrónico: “Hemos entregado a nuestros lectores contenido periodístico de calidad y producido responsablemente. En los últimos meses hemos publicado crónicas de acarreados en los mítines políticos, burocracia en el IFAI, la tortuosa entrada de los visitantes a las cárceles de México. No sabemos cuál de todos estos contenidos o algún otro originó” las amenazas, dijo.
La carencia de compromiso para acabar con la opacidad en las investigaciones vinculadas con los periodistas y medios de comunicación y la consecuente impunidad, son un mensaje de aliento para quienes pretenden coartar el flujo de las ideas y expresiones, como ocurre con el caso del periodistas Antonio Heras Sánchez, corresponsal de La Jornada, cuyo agresor del pasado 23 de febrero en Mexicali, se encuentra confeso.
Sin embargo, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que asumió el caso por las gestiones realizadas por la Fundalex, habría integrado mal el expediente al no fundar ni motivar las causas para que la agresión al periodista fuera atendida en el ámbito federal por el delito de lesiones agravadas, mientras la procuraduría local desestima los hechos como un asunto vinculado con el ejercicio periodístico del también director y columnista del portal enlineabc.com, en la capital del estado de Baja California.
En la audiencia del pasado 11 de julio, la juez XV de Distrito del Poder Judicial de la Federación, María Elizabeth Acevedo Gaxiola, se declaró incompetente para atender el expediente 279/2012, resolución confirmada cinco días después.
“Estamos analizando si pedimos un amparo”, dijo Heras Sánchez, “porque ésta resolución me deja en total indefensión, además que emite un mensaje de impunidad, tal y como en su momento lo generó con su actuación la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California”.
Otro caso reciente es el de la periodista Lydia Cacho, quien el viernes 27 de julio recibió una llamada a tu aparato de radiocomunicación donde una voz masculina le exigió que dejara de inmiscuirse en sus asuntos: “no te metas con nosotros o te vamos a mandar a casa en pedacitos”. No es la primera vez en 2012 que Lydia recibe amenazas: en junio fue blanco de dos, una por correo electrónico y otra por teléfono.
La periodista ha sido amenazada y fue secuestrada y encarcelada por el gobierno de Mario Marín Torres en Puebla, producto de sus denuncias por trata de blancas por personajes cercanos al ex gobernador. Cacho anunció que ha salido el país porque su vida corre peligro.
El mismo 27 de julio la reportera Cecilia Cota Carrasco, trabajadora de El Diario de Sinaloa, fue amenazada públicamente en Culiacán por el dirigente campesino Serapio Vargas, ex candidato a diputado por el partido Nueva Alianza. La amenaza surgió durante una entrevista concedida a petición del líder, después de que la reportera había publicado que Vargas encabezó una protesta de campesinos en el Congreso estatal con el objetivo de suspender una sesión el 24 de julio.
Vargas Ramírez encaró a la reportera desde el inicio de la entrevista y le dijo que había usado todos sus mecanismos para saber quién era ella. “Tú no tienes ni la menor idea del líder con el que estás hablando, porque este líder encabezó una quema de una panga en el 2002 con más de mil pescadores y soy capaz de muchas cosas [...] tengo a toda tu familia ubicada en el face[book]… estamos checando algunas cosas”, le advirtió.
Otro caso es el del director del grupo NotiDF en Internet, en el Distrito Federal, a quien el sábado 28 le enviaron el siguiente mensaje a su teléfono: “O quitas el reportaje contra los patrulleros de Tláhuac los tengo ubicados a ustedes pendejos y a to…da su familia no supieron con quien se metieron otro reportaje como el q sacaron se muere toda su familia pendejos”.
El periodista expresó que las extorsiones se comenzaron “a reportar días después de que se llevó a cabo el cambio de jefe del sector (de la policía de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en el área de Tláhuac), lo que preocupa que puedan darse aún más casos como este”.
Y el ataque en contra del diario Sierra el domingo 29 en San Pedro Garza García, se suma a los simultáneos del pasado día 10 de julio contra Linda Vista de Guadalupe y La Silla de Monterrey, los tres del Grupo Norte-Reforma. Fue el sexto ataque contra la empresa en dos años, los cuales se suman a la incursión en el hogar del director editorial Lázaro Ríos el pasado 22 de mayo en el Distrito Federal.
Estos ataques en contra de los periodistas y medios de comunicación y la impunidad con que se cometen porque no existe castigo para sus responsables —ni hoy ni los cometidos en meses pasados—, a la vez que desalienta el ejercicio de la crítica y señalamientos periodísticos, ofrece el estado de cosas idóneo para que las agresiones se incrementen.
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