-El gobierno acudirá a mayores impuestos y endeudamientos crecientes, señala el
senador.
-No se recibirán $725 mil millones al año por contratos de utilidad compartida,
dice.
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Opositores a la aprobación de la reforma energética cercaron el Congreso del
estado de Jalisco, donde se iniciaría la votación para avalarla
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Domingo 15 de diciembre de 2013, p. 4
La reforma energética –que con
gran celeridad se vota en los congresos de los estados– provocará un gran “hoyo
fiscal” que traerá serias consecuencias, ya que al compartir la renta petrolera
con trasnacionales, los recursos que Petróleos Mexicanos (Pemex) paga al erario
pasarían de 68 por ciento actual a 55 por ciento, en el mejor de los casos, y
hasta 27 por ciento en el peor de los escenarios, según el tipo de contrato de
que se trate, advirtió el senador del PT, Manuel Bartlett.
Explicó que en el caso de los
contratos de utilidad compartida, Pemex dejaría de entregar a Hacienda 227 mil
millones de pesos al año, pero en las otras modalidades, entre ellas la de
producción compartida, hasta 725 mil millones de pesos, lo que va a derivar en
recortes del gasto social, es decir, educación, salud y combate a la pobreza.
La situación será aún más
dramática, en el caso de las concesiones, previstas en esa reforma, y el
gobierno acudirá a elevar los impuestos a las mayorías y a endeudarse, señaló.
Expuso que todas las reservas
que presentó y sus argumentos sobre el riesgo de ese nuevo marco
constitucional, que permite “que las petroleras extranjeras a las que el
presidente Lázaro Cárdenas echó del país en 1938, regresen a saquear el
patrimonio”, fueron desechadas. Entre otras, la observación de que esa reforma
energética no incluía un estudio de impacto presupuestal, pese a la repercusión
que tendrá en las finanzas públicas.
Indicó que de acuerdo con un
estudio elaborado a partir de datos oficiales, contenidos en la Ley de
Impuestos sobre Hidrocarburos, que presentó el presidente Enrique Peña Nieto y
que está detenida en la Cámara de Diputados, se puede estimar el “hoyo fiscal”
que se generará cuando entren las trasnacionales a explotar el petróleo y el
gas y hagan a un lado a Pemex.
Con el actual régimen fiscal,
donde Pemex aporta 40 por ciento del presupuesto nacional, la Tesorería de la
Federación recaudaría un billón 207 mil millones de pesos, pero al compartir la
renta petrolera con consorcios extranjeros, ese porcentaje va a disminuir.
El escenario de menor impacto,
el más conservador, en el caso de que todos los contratos fueran de utilidad
compartida, habría una disminución de 227 mil millones de pesos, casi el monto
de dos veces lo dedicado a la Cruzada Nacional contra el Hambre y tres veces el
presupuesto de Oportunidades.
Ese es el escenario que menos
desean las trasnacionales petroleras, a las que, según la experiencia
internacional, les interesan más los contratos de producción compartida, donde
el pago es con petróleo y pueden inscribir en sus recursos contables las
reservas de crudo del país.
El “hoyo fiscal” es mayor,
calculado en 725 mil millones de pesos al año, en el caso de esos contratos de
producción compartida. Esos recursos equivalen a 16 programas del sistema de
pensiones de adultos mayores, insistió Bartlett. Resaltó que la pérdida de la
renta petrolera será mayor si se otorgan concesiones, incluidas también en la
reforma bajo la figura de licencias, ya que les permite apropiarse de toda la
cadena de producción y comercialización del hidrocarburo.
Para conseguir esos más de 700
mil millones de pesos al año, el gobierno de Peña Nieto va a acudir a mayores
impuestos y a un endeudamiento crecientes.
Negociación con mineras.
En entrevista por separado, el
senador del PRD, Alejandro Encinas, resaltó que los cambios que de último
momento –en una evidente “maniobra sucia”– introdujeron los presidentes de las
tres comisiones dictaminadoras, el pasado día 10, cuando comenzó a discutirse
el dictamen en el pleno senatorial, permitieron ir a fondo y fueron negociados
“directamente con los grupos de interés”.
Recordó que la discusión del
dictamen en comisiones se suspendió después de la medianoche, y en la madrugada
del día 10 el presidente de la Comisión de Energía recibió a los representantes
de empresas mineras, en su mayoría extranjeras que operan en el país, con las
que se pactó modificar el artículo octavo transitorio, que les impedía explotar
yacimientos de petróleo y gas que estuvieran dentro de la zona que tienen
concesionada.
Ese nuevo dictamen, que
negociaron David Penchyna y los presidentes de las otras comisiones
dictaminadoras, el priísta Enrique Burgos y el panista Raúl Gracia, lo llamaron
adéndum, fue “una maniobra sucia, ya que además de la doble concesión
para las empresas mineras modificaron el artículo cuarto transitorio, para
dejar abierta la posibilidad de todo tipo de contratos, entre ellos la
concesión, ya no sólo mediante la modalidad de licencia”.
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