Por Noé Zavaleta.
Reportaje especial de Proceso
Durante
52 meses el gobernador de Veracruz -el priista Javier Duarte- mostró un gran
talento para no ver la realidad. Aseveró que en su estado, uno de los más
golpeados por el narco, sólo se robaban Frutsis y Pingüinos; que los Juegos
Centroamericanos de 2014 -en los que ni siquiera se construyeron villas para
los atletas- fueron los mejores de la historia, y que Veracruz es seguro para
los periodistas, pese a que ahí abundan los asesinatos de comunicadores… Lo que
ya no pudo negar es el desastre financiero de la entidad, fomentado por el
despilfarro y las deficientes políticas públicas. Ahora que los pasivos pueden
alcanzar los 98 mil millones de pesos y la insolvencia es cotidiana, lanza un
“plan de ajuste”.
Aunque
el gobierno de Javier Duarte lo minimiza, las finanzas públicas de Veracruz son
un desastre. En el diagnóstico coinciden políticos del PAN, PT y PRD, y bajo
anonimato lo admiten funcionarios estatales y empleados priistas.
Las
evidencias son numerosas. Una semana antes de que arrancara la Cumbre Tajín
(realizada del jueves 19 al domingo 22), el secretario de Turismo y Cultura,
Harry Grappa, aceptó que el espectáculo estelar de dicho festival -con un costo
de 14 millones de pesos- fue cancelado por falta de presupuesto. Para atemperar
las críticas en medios nacionales, la oficina de prensa de Duarte envió 11
boletines alusivos al encuentro dos días antes de que iniciara el festejo.
Otra:
el martes 17 y en plenas semifinales de la Liga Nacional de Baloncesto
Profesional (LNBP), los jugadores del equipo Halcones Rojos –subsidiado en su
totalidad por el DIF estatal– decidieron abandonar el entrenamiento porque no
les han pagado.
En
esa misma coyuntura, los extrabajadores de los XXV Juegos Centroamericanos y
del Caribe Veracruz 2014 (JCC, justa catalogada por Duarte como la mejor de la
historia) continúan reclamando el pago de cuatro quincenas y la segunda parte
del aguinaldo, pese a que el certamen deportivo concluyó hace 120 días.
La
última protesta fue apenas el martes 17, cuando un grupo de empleados decidió
cerrar un carril de la calle ubicada frente a Palacio de Gobierno. Inicialmente
los inconformes pensaban trasladar su manifestación a la Secretaría de Finanzas
y Planeación (Sefiplan), pero cancelaron el movimiento por una amenaza que,
aseguran, recibieron de directivos de esa dependencia: “Entre más protesten,
menos les vamos a pagar”.
En
el gobierno de Duarte, mandos medios y enlaces de prensa de varias dependencias
admiten que hay una especie de “inanición gubernamental” por la falta de
recursos: denuncian infraestructura pública paralizada, operaciones quirúrgicas
o subsidios médicos detenidos y entrega a cuentagotas de apoyos en municipios
afectados por el clima.
El
colmo: empleados del Comité Estatal del PRI aseveran que sus sueldos sufren
retrasos de más de una semana, pues las prerrogativas que debería canalizar mes
con mes el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) llegan con retraso por culpa
de la Sefiplan.
La
demora de pagos también llegó al sindicato de la Universidad Veracruzana, a los
estudiantes inscritos en el Programa Nacional de Becas (Pronabes), a
organizaciones campesinas y al sindicato de trabajadores del Poder Judicial.
Por favor, este mes sí
paguen…
En
la iniciativa privada, líderes de cámaras empresariales, como la CMIC, la
Canaco y la Coparmex, en ruedas de prensa realizadas mes con mes, conminan al
gobierno de Duarte a “reiniciar” los pagos por construcción, proveeduría y
otros servicios.
En
diciembre pasado, el extitular de la Sefiplan, Mauricio Audirac Murillo,
admitió que el pasivo oficial de Veracruz rebasa los mil 492 millones de pesos.
De esa cantidad, 643 millones 668 mil pesos son deuda contraída con cámaras
empresariales, prestadores de servicios y proveedores, mientras que a
contratistas se les debe poco más de 849 millones. De diciembre a marzo esa
cifra aumentó, pero el gobierno no ha dicho cuánto.
El
grupo transportista ADO sí hizo público su caso. En el suplemento Cancha, del
diario Reforma, se quejó de un adeudo de 21 millones de pesos por la renta de
186 autobuses de lujo y 35 camionetas Mercedes Benz, que operaron en Veracruz,
Boca del Río, Coatzacoalcos, Xalapa, Córdoba y Tuxpan. Ya presentó una denuncia
civil.
Así,
presidentes del PT, PAN y PRD repudiaron -en vísperas de las campañas
electorales- la situación financiera provocada por la actual y las pasadas
administraciones priistas. Fidel Robles, dirigente estatal y diputado local
petista, anunció que solicitará un juicio político contra Duarte por
malversación de fondos públicos y la conformación de una estratosférica deuda
pública, la cual asciende a 98 mil millones de pesos, según “datos recabados”,
expresa, en la Cuenta Pública Consolidada 2013:
“Sabemos
que no se liberaron recursos del Fonden (Fondo de Desastres Naturales) en todo
el sexenio de Duarte. Además, ciudadanos de todos los estratos sociales han
recurrido a mí para denunciar omisiones graves en entes públicos, obras mal
hechas, inconclusas o etiquetadas y no terminadas. Estamos ante un desastroso
sexenio de Duarte y sus desleales colaboradores.”
La
cifra mencionada por Robles incluye el débito reportado ante la Secretaría de
Hacienda, que ronda los 40 mil millones de pesos; créditos bancarios; pasivo
circulante, que está en los mil 500 millones de pesos; cuentas pendientes por
pagar a ayuntamientos, como aportaciones federales, partidas del Fonden,
programas de obra estatal y el Subsidio para la Seguridad en los Municipios
(Subsemun), entre otros; más los retrasos y deudas vinculados a los órganos
públicos desconcentrados y autónomos.
“Ni nos ven ni nos oyen”
En
el PAN asientan que el gobierno de Duarte es indiferente a los reclamos por la
quiebra financiera y el desvío de recursos. De hecho, aseguran, aplica la frase
del expresidente Carlos Salinas: “Ni los veo ni los oigo”.
El
diputado local Julen Rementería cifra en 3 mil millones de pesos las
irregularidades en la Sefiplan, que se concentran en los rubros relativos al
Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto Sobre el Hospedaje (ISH). Los números
que difunde la Tesorería, dice, no cuadran con los reportados ante el Órgano de
Fiscalización (Orfis), ente auditor calificado por Rementería como “ciego,
inepto, obeso y vago”.
Pese
a ello, continúa, la administración priista –confabulada con su bancada y la
Junta de Coordinación Política en el Congreso local– se niega a exigir la
comparecencia de los titulares de la Tesorería, Orfis y la contraloría estatal.
Tan
sólo en el informe de la cuenta pública 2013, la Sefiplan reportó ingresos
tributarios por mil 960 millones de pesos, mientras que el Orfis sólo apuntó
669 millones. Es decir, existe una diferencia de mil 200 millones que nadie
explica.
“Claro
que es dinero que jinetearon, robaron, se fue para campañas, lo desviaron… ¿Con
qué ánimos el ciudadano, el empresario va a querer pagar impuestos? A mí me ha
reclamado Lorenzo Portilla (auditor del Orfis) que por qué no le creo, que hace
bien su trabajo. Ya le dije que no quiero creerle, sino que me lo demuestre.”
Alcaldes
del PRD, por su parte, han cerrado en diversas ocasiones el centro de la ciudad
y tomado las instalaciones de la Sefiplan para exigir que se liberen los
recursos adscritos al Fondo Social de Infraestructura Municipal (FSIM) y que se
“corrijan errores administrativos” cometidos por el gobierno de Javier Duarte a
la hora de asignar esas partidas.
Cuatro años en
reaccionar
Con
maestría en derecho, economía y políticas públicas por la Fundación José Ortega
y Gasset, de Madrid, y con un doctorado en economía por la Universidad
Complutense, también de la capital española, Javier Duarte esperó hasta el mes
52 de su gobierno -cuando las críticas de la oposición y de los empresarios
eran unánimes- para hacer un cambio en las finanzas de su gobierno, problema
que en estos días se convirtió en el mayor motivo de preocupación entre los
veracruzanos, superando a la ola de delincuencia -otro sello de su
administración-.
Duarte
anunció un Plan de Ajuste al Gasto Público (PAG), cuyo punto medular es
prohibir erogaciones que durante los primeros cuatro años de su gobierno fueron
solapados o incluso fomentados. Además, removió a su quinto tesorero, Mauricio
Audirac, y en su lugar nombró al administrativo educativo, Antonio Gómez
Pelegrin.
Antes
de Audirac, por la Sefiplan desfilaron el exlíder nacional de Nueva Alianza,
Tomás Ruiz, hoy en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas; Salvador
Manzur, actualmente delegado nacional de Banobras y famoso a escala nacional
por ser parte de la red de mapaches electorales detectados en la Secretaría de
Desarrollo Social federal (Sedesol); Carlos Aguirre, quien sólo fungió como encargado
de despacho, y Fernando Charleston, quien estuvo un año en el cargo y prefirió
renunciar para regresar a su curul en San Lázaro.
El
PAG ordena, entre otras cosas, “restringir los servicios de seguridad personal”
entre los mandos medios y superiores; reducir el número de “asesores y personal
de apoyo”, y limitar la contratación de “asesoría y estudios”.
El
documento de 10 puntos contempla también la “reducción al mínimo” de los apoyos
otorgados mediante “subsidios” y la revisión de “compatibilidades laborales”
para evitar que el personal “cobre en dos o más lugares”. Paralelamente, las
dependencias que están arrendando inmuebles presentarán un “programa real” de
reducción de espacios que permita pagar menos.
Ante
su gabinete y sin la presencia de reporteros –sólo fotógrafos y camarógrafos–,
Duarte explicó que Veracruz “no está ajeno” a la crisis económica que se
deriva, resumió, de la caída de los precios del petróleo y el incremento en las
tasas de interés estadunidenses.
“De
forma oportuna y responsable el gobierno del estado se suma a este esfuerzo
para enfrentar este entorno. La premisa de la acción siempre ha sido la
responsabilidad, que obliga a pensar sólo en el bienestar duradero de los
veracruzanos”, dijo en su mensaje, para justificar la “profunda reingeniería”
en la gestión pública estatal.
FUENTE: PROCESO
No hay comentarios:
Publicar un comentario