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| Una de las protestas para exigir el esclarecimiento del asesinato de Regina Martínez. Foto: Rubén Espinosa |
El 28 de abril de 2012 la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, fue asesinada. Desde ese momento las irregularidades y las dudas se desataron. Pese a que hay un detenido, el crimen sigue impune: el acusado denuncia tortura, la Suprema Corte aún analiza la validez del proceso, las pruebas son endebles y contradictorias, hay un sospechoso prófugo y la versión oficial parece fabricada para darle carpetazo a un asunto que toca en lo más hondo la libertad de expresión, las garantías de informar y ser informado y el estado de derecho.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Hace tres años nuestra corresponsal en Veracruz, Regina Martínez Pérez, fue asesinada y el caso está lejos del esclarecimiento. Aunque hay un supuesto culpable encarcelado, condenado a 38 años y dos meses de prisión, no se tiene ninguna certeza de que el homicidio de la periodista de Proceso haya ocurrido como dice el gobierno del priista Javier Duarte que ocurrió.
La explicación de que se trató de un robo con tintes pasionales aún no es avalada por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR).
Una de las causas es que la única huella dactilar que la FEADLE pudo rescatar de la casa de Regina Martínez después de que la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Veracruz, hoy Fiscalía General del Estado, interviniera la escena del crimen, no coincide con el encarcelado, Jorge Antonio Hernández Silva.
Además, la información genética que obtuvo de la taza de baño de la casa de Regina Martínez, espacio donde fue agredida, tampoco coincide con los resultados del perfil genético de Hernández Silva ni con las pruebas de ADN hechas a los familiares de José Adrián Hernández Domínguez, a quien la PGJ señaló como el principal responsable, pero a quien las autoridades ministeriales del estado aseguran que no han podido encontrar.
Para la FEADLE el caso está lejos de haberse resuelto. Está pendiente una línea de investigación: el trabajo periodístico de la corresponsal de este semanario. Laura Angelina Borbolla, titular de la fiscalía especial, asegura que la Policía Federal, que depende de la Secretaría de Gobernación, y la Policía Federal Ministerial, adscrita a la PGR, están a cargo de un peritaje sobre las publicaciones de la reportera, asesinada en las primeras horas del 28 de abril de 2012.
Se busca identificar hechos y actores que pudieron sentirse afectados por su trabajo periodístico, que tocaba tanto asuntos locales como federales. Además, hay que verificar si recibió amenazas, considera la fiscal. La FEADLE puntualiza: hasta ahora no se ha descartado que el móvil del homicidio esté vinculado con su actividad profesional, pero tampoco se ha acreditado que así sea.
La falta de coincidencia de la información genética y de las huellas digitales fue informada por la fiscalía especial a la Procuraduría de Veracruz. Pero como responsable de la indagatoria, la PGJ continuó sus pesquisas sin esta consideración y se mantuvo en la idea de que el móvil del homicidio fue un robo simple perpetrado por Hernández Silva El Silva y Hernández Domínguez El Jarocho.
(Fragmento del reportaje que se publica en la revista Proceso 2008, ya en circulación)
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