Después de las intensas jornadas de lucha y resistencia callejeras de 2006, el pueblo oaxaqueño abrigó la esperanza de un cambio en el ejercicio del poder, y no dudó en votar por Gabino Cué Monteagudo. Sin embargo, después de cuatro años y medio, lejos de erradicar las graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos, la inacción e indiferencia del actual gobierno profundizaron la ya desde antes grave situación de injusticia en que vive el estado. Muestra de ello es que hasta la fecha permanecen en la impunidad todos los agravios cometidos desde el gobierno contra el movimiento social de 2006, una impunidad sospechosa que muestra la existencia de una amnistía de facto a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el sexenio anterior, encabezado por Ulises Ruiz Ortiz.
En Oaxaca se vive un estado de excepción no declarado. La presencia militar y policiaca arreglada entre Gabino Cué y Enrique Peña Nieto evidencia la política de criminalización a la protesta social. El “garantizar” la jornada electoral fue sólo el pretexto para colocar a Oaxaca, en los hechos, en estado de sitio.
A dos años año y medio de la llegada de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República hemos sido testigos de que, lejos de ser una anomalía, la violación a los derechos humanos es practicada de manera sistemática como parte de la política consuetudinaria del gobierno federal mediante su estado militarizado. Baste citar la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las detenciones ilegales y arbitrarias de manifestantes, los cientos de personas presas por motivos políticos, miles de torturados y desaparecidos que ni siquiera están registrados, ejecuciones extrajudiciales como las de Calera, Ostula y Tlatlaya, asesinatos de defensoras, defensores y periodistas, el feminicidio generalizado y la gran debacle económica en que se encuentra el país, lo que sin duda ahondará la brecha de pobreza y desigualdad.
Como ha sucedido en otros momentos de la historia, hoy el Estado echó a andar abiertamente su “política” militar y policiaca contra todas las manifestaciones del movimiento social.
En Oaxaca se puede observar claramente la operación del gobierno federal en contubernio con Gabino Cué, con una serie de casos que van desde el asesinato de reconocidos e históricos dirigentes sociales aún impunes, la colaboración de los cuerpos policiales estatales con el ejército, la marina y la PGR para mantener en prisiones de alta seguridad y acusados de cargos federales a diversos líderes comunitarios, los diversos actos de espionaje telefónico, vigilancia, hostigamiento, amenazas de muerte o ataques directos contra defensoras, defensores y periodistas, que han ido en incremento ante la negativa gubernamental a realizar investigaciones serias que deriven en procesos y sentencias contra los responsables. Las respuestas a la solicitud de garantías son paliativos, así como la simulación de la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, rodeadas de policías y militares.
En ese contexto, es claro que el reciente anuncio de la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca busca solamente generar una cortina de humo, una gran pantalla para justificar la represión al movimiento social, pues los gobiernos estatal y federal nunca han asumido una auténtica política anticorrupción, ni de derechos humanos y ni muchos menos para el fortalecimiento de la educación.
Hoy más que nunca, quienes suscribimos la presente manifestamos nuestra condena a las acciones de simulación por parte de Gabino Cué y le demandamos que asuma con responsabilidad su papel pues, lejos de contribuir a la gobernabilidad, sus acciones generan polarización y descomposición del tejido social.
Exigimos a Gabino Cué la salida inmediata de las fuerzas militares y policiacas del estado.
Reconocemos el acierto del movimiento magisterial Oaxaqueño, que no cayó en la provocación a la violencia impulsada desde la Federación, ejemplo reciente de ello es la toma policiaco-militar de las escuelas, y le llamamos a evitar la confrontación, que el gobierno espera como pretexto para aniquilar al principal referente de resistencia en el país.
Hacemos un fraternal llamado a todas las organizaciones, pueblos y comunidades indígenas, colonias populares, movimientos estudiantiles, de mujeres, a todas las personas que participan a favor del cambio social para generar una articulación estratégica, sabiendo que tenemos que hacer frente a la política de devastación en contra del movimiento social que decretaron abiertamente los gobiernos federal y estatal.
La relevancia de este momento histórico nos demanda actuar en consecuencia.
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