30 de diciembre de 2015

LOCUTOR DE TEHUACÁN PIDE MATAR A INDIGENTES Y QUE SE APROVECHEN SUS ÓRGANOS

David Noé Muñoz labora en la radiodifusora "Ella" de Cinco Radio y es catedrático de Unid; AI presentó la denuncia./ La Jornada de Oriente.

Amnistía Internacional México se pronunció en contra de declaraciones discriminatorias emitidas por David Noé Figueroa, locutor de la radiodifusora Ella, que forma parte del corporativo Cinco Radio y catedrático de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (Unid), quien en su página personal de Facebook emitió comentarios discriminatorios contra los indigentes e incluso propuso que se les mate para utilizar sus órganos.

El comunicador publicó lo anterior al fijar un posicionamiento sobre los hechos acontecidos en Tepic, Nayarit, donde empleados de una tienda departamental corrieron con agua a dos indigentes que se encontraban sentados fuera del establecimiento.

El pasado 24 de este mes en redes sociales se hizo circular la imagen de la publicación que hizo al respecto David Noe Figueroa, quien salió en defensa del gerente de la tienda, bajo el argumento de que se preocupó por la imagen de la empresa, luego añadió que los indigentes afean la ciudad, jamás se bañan y no son productivos.

Cuestionó además la defensa que de los indigentes hicieron los protectores de los derechos humanos, al señalar que no hubo ningún tipo de humillación contra las dos personas, sino que es una humillación para la raza humana que esas personas estén sin hacer nada cuando tienen su cuerpo completo.

Hubo quienes avalaron sus comentarios y el Figueroa llegó al grado de considerar que lo mejor sería que a los indigentes se les prive de la vida para “desintoxicarlos, quitarles sus órganos y darlos en donación. Tanta gente que sí los ocuparía bien y éstos echándolos a perder”.

A seis días de que el locutor hizo esos comentarios, la empresa radiofónica no ha emitido ningún posicionamiento y esa fue una de las razones por las que los integrantes de Amnistía Internacional, en esta ciudad, acudieron para hacer entrega de un documento dirigido a David Figueroa, para exigir que se retracte de sus declaraciones, pero al mismo tiempo para solicitar que le empresa actúe de inmediato.

El documento lo recibió el gerente, Marcos Marín Rosas, quien argumentó que no podía despedir al conductor porque se trata de una persona sindicalizada y porque las declaraciones no las hizo en las redes sociales del corporativo ni a través de su frecuencia radiofónica.

Alejandro González y Nicolás Aranda, en representación de Amnistía Internacional, consideraron que esos no son argumentos válidos, por lo cual solicitaron que la empresa Cinco Radio actúe, pues de no hacerlo estará validando tácitamente el pensamiento de su locutor, quien, al ser un personaje público, podría generar que se desaten crímenes de odio, por lo que no se descarta que se pueda iniciar una demanda penal para que se procese al locutor por el delito de discriminación, adelantaron. 

JAVIER DUARTE CELEBRA LA UNIDAD PRIISTA Y SIENTA A SU LADO A SU PATIÑO HECTOR YUNES LANDA

Javier Duarte organizando comidas de "unidad" del PRI en casa de gobierno y en horario laboral?...mientras que los pensionados y muchos veracruzanos no tendrán para la cena de fin de año…A este grupo de gobernantes corruptos no les importa lo que ocurre en Veracruz…
HÉCTOR YUNES, EL QUE DECÍA QUE ESTABA "EMPUTADO" POR LA REPRESIÓN A LOS PENSIONADOS, SIRVIÉNDOLE A JAVIER DUARTE DE PATIÑO EN LA CENA DE AÑO NUEVO CON LA MAFIA DUARTISTA.
Y DUARTE CAGADÍSIMO DE RISA.
iNFORMACION twitter y facebook

VERACRUZ: POLICÍAS DE ORIZABA ENTREGABAN DETENIDOS A LOS ZETAS

Yilmar Pérez Herrera, el octavo policía detenido. Foto: Especial

XALAPA, Ver. (apro).-A un año y un mes de la desaparición de Zito Ángel Zanatta, hermano del diputado local priista de Puebla, Rosalío Zanatta Vidaurri, la detención de un octavo policía municipal de Orizaba, Veracruz, puso al descubierto una red de oficiales quienes hacían “entregas selectivas” de sus detenidos a células de la organización delincuencial de Los Zetas.

Apenas el 24 de diciembre pasado, fue detenido Yilmar Pérez Herrera, el octavo oficial involucrado en la desaparición de Zito Ángel Zanatta y a quien ya se le dictó el auto de formal prisión (ayer) junto con los policías Rubén Morales Vázquez, Martín Parra Yacotú, Martín Rosas Téllez, Germán Victoria Weisser, Héctor Hugo Villa Vásquez, Ausencio Jacobo Osorio Rincón y Carlos Alberto Gómez Rosas.

Desde octubre del 2015, el Mando Único de la SSP asumió el control de la seguridad en Orizaba y los mandos policíacos locales fueron relevados de la corporación, incluso por la desaparición del hermano del legislador local poblano hay otros cuatro policías municipales prófugos de la justicia. Los datos generales de estos últimos se omiten, por la propia secrecía de la investigación.

La averiguación previa 728/2014, a la que Proceso tuvo acceso, narra que Zito Ángel Zanatta fue detenido e ingresado a los separos de la policía municipal la madrugada del 18 de octubre del 2014, tras escandalizar en las afueras del bar Platinum Nigth Club.

Así lo demuestran las cámaras de video consultadas por elementosde la Policía Ministerial adscritos al caso; sin embargo, para la detención del hermano del priista se utilizaron –según el parte informativo 067064 y 067065- las patrullas de la Policía Municipal rotuladas con los números 73 y 08 y la detención se hizo, según los oficiales en el bar Queens. En dicho centro de recreación, los meseros y vigilantes dijeron nunca haber visto a Ángel Zito.

De estás inconsistencias, los policías municipales aseguran que lo liberaron a las 4:25 horas, pero un video aporta su salida faltando 15 minutos para las 5:00 horas.

En la causa penal 1/2015, los ocho policías hoy en prisión están siendo procesados por “desaparición forzada de personas, incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad”.

“Hay varios policías en el bote (sic) por eso, se les da cumplimiento a una orden de aprehensión por desaparición forzada, el modus de operar era detener y entregar a sus detenidos a Los Zetas, pusieron (sic) al hermano del diputado Zito Zanatta, entre otros… este último, Yilmar Pérez cayó ayer. Tarde o temprano los alcanza el brazo de la justicia”, explica un directivo de la Fiscalía General del Estado que permitió el acceso al expediente.

De acuerdo con testigos, afuera de la propia comandancia policial, Zito Ángel Zanatta fue “levantado” por un comando a bordo de unacamioneta negra.

Pese a que los familiares de Zanatta solicitaron información a la Policía Municipal de Orizaba sobre el estatus jurídico y paradero del detenido, los oficiales entregaron información falsa, revela la indagatoria ministerial.

“No obstante que sus familiares solicitaron información, ésta les fue proporcionada falsamente, ya que inclusive existen contradicciones en las declaraciones de los policías, con lo registrado en las videograbaciones y la bitácora de la corporación, así como las declaraciones de los testigos, con lo que dicen los indiciados”, expresa la averiguación previa consultada.

Ángel Zito fue dejado en libertad sin cobrarle ninguna multa y sin acreditársele la comisión de un delito, salió de la comandancia policial por su propio pie y desde ahí se desconoce su paradero.

Orizaba, ubicado en la región montañosa central de Veracruz, ha sido escenario de diversas desapariciones y hechos de violencia.

En agosto pasado, en la madrugada del jueves 13, fueron acribillados dos jefes regionales de Los Zetas, José Márquez Balderas, “El Chichi”, y Felipe Santana Hernández, “El Felino”, en elinterior del bar “La Taberna”, cuando un grupo armado irrumpió y les disparó a quemarropa. En la refriega murió también Juan Heriberto Santos Cabrera, quien hasta junio último fue corresponsal de Televisa en esa ciudad, así como Sergio Felipe Mendoza Morgado, Alberto Rodríguez Romero y José EduardoCastillo Romero, uno de ellos, mesero del lugar.

Esta quíntuple ejecución sacó a la luz cómo las células delincuenciales suelen tener contactos directos con la Policía Municipal de Orizaba, pues el periódico “El Buen Tono”, a través de un comunicado, exhibió como sus exreporteros, Enrique Rivas y Guillermo Ramos –ya despedidos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada- fueron “reclamados” en las instalaciones de la comandancia policíaca por miembros de la delincuencia organizada.

“Tras la balacera en el bar La Taberna, los periodistas pidieron su traslado a Córdoba, pero policías les informaron que afuera de las instalaciones (de la policía) están Los Zetas y están pidiendo que los entreguen”.

Una semana previa al ataque de “La Taberna”, la madrugada del viernes 7 de agosto, cibernautas dieron cuenta de la aparición de una narcomanta en la autopista Córdoba-Orizaba, en la que se anticipaba que irían por jefes de plaza de Los Zetas, por taxistas, policías y reporteros al servicio de esa organización criminal. La firmaban los Cárteles Unidos, que aglutina a Los Ántrax, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

“Estamos aquí para hacer una limpia –decía la manta–. Usen a más gente para que sepamos quiénes son y vayamos por ellos también.Todo Córdoba –municipio conurbado a Orizaba– y la región sabe que ustedes mueven su droga armas y dinero en taxis”.


En esta región de Córdoba y Orizaba, se encuentra la agrupación civil “Solecito” que aglutina a madres y familiares de personas desaparecidas y quienes han sido víctimas de un “levantón” o se fueron sin dejar rastro alguno; en varios de estos casos, los integrantes de “Solecito” han responsabilizado a policías municipales o estatales de estar involucrados en la desaparición forzada de su familiar.

EN MÉXICO YA NO HAY REFUGIO PARA LOS PERIODISTAS: REPORTEROS SIN FRONTERAS

Justicia para Rubén Espinosa. Foto: Mario Armas
MÉXICO, DF (apro).- El asesinato de Rubén Espinosa, fotorreportero y colaborador de Proceso, perpetrado el pasado 31 de julio en un departamento de la colonia Narvarte, en el Distrito Federal, demuestra que en México “ya no existe ningún refugio posible para los periodistas”, según el balance del año 2015 que publicó hoy la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF).
La organización reportó que 8 de los 110 periodistas asesinados este año en el mundo eran originarios de México, el cual permaneció como “el país más mortífero de América Latina para la profesión”, y en particular los estados de Veracruz y Oaxaca, donde los reporteros se vuelven “blancos de las mafias y de las personalidades políticas locales cuando denuncian hechos de corrupción”.
En su informe, RSF precisó: “Antes, algunos podían huir de estos estados y se refugiaban en regiones más tranquilas, pero el asesinato de Rubén Espinosa (…) demostró que hoy en día ya no existe ningún refugio para los periodistas amenazados”.
Y advirtió que la ley para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Distrito Federal, promulgada unos días después del asesinato de Espinosa, “será eficaz sólo al extenderse a los demás estados y al recibir los medios efectivos para su puesta en aplicación”.
De acuerdo con el informe, en el 64% de los casos documentados, los periodistas fueron asesinados en zonas “fuera de conflicto” y el 97% de ellos eran reporteros locales.
En Siria, los periodistas se encuentran atrapados entre las fuerzas armadas gubernamentales y de los movimientos insurgentes armados, así como bajo las bombas de la coalición internacional. En 2015, al menos 11 de ellos murieron en el ejercicio de su profesión.
En Irak, y particularmente en Mosul, RSF denuncia una campaña de exterminio de los periodistas por parte de los militantes del Estado Islámico (EI), quienes hubieran asesinado a 13 reporteros en los últimos 18 meses.
Por primera vez en un informe de la organización figuró un país occidental, Francia, a consecuencia de la masacre perpetrada el pasado 7 de enero contra ocho periodistas del semanario satírico Charlie Hebdo.

Según la organización, además de los 110 periodistas profesionales asesinados en el transcurso del año se añaden 27 ciudadanos periodistas y otros siete colaboradores.

2015: LA CORRUPCIÓN ROBA PORTADAS, PERO NADIE VA A LA CÁRCEL

Aunque el Presidente Enrique Peña Nieto impulsó la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, especialistas en transparencia consideran que no sólo falta la legislación secundaria que respalde una operación imparcial y eficaz, sino que las iniciativas contemplen la opinión de la sociedad civil, ya que la mayoría de ellas provienen de administraciones señaladas por actos abusivos, comenzando por los que se generan desde la propia Presidencia de la República y el primer círculo del Jefe del Ejecutivo federal.


Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto definió así el alcance de la Reforma Constitucional para el combate a la corrupción que presentó el 27 de mayo: que los servidores públicos y los particulares que incurran en este tipo de prácticas sean sancionados y obligados a resarcir el daño patrimonial causado.

“Éste es un auténtico cambio de paradigma para combatir con mayor eficacia el cohecho, la extorsión o el tráfico de influencias, entre otros actos indebidos. En pocas palabras –dijo el Presidente– es una reforma contra la impunidad”.

Las modificaciones al texto constitucional, la doceava de las “reformas estructurales” de Peña Nieto, consiste en la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción con representantes de “todos los órdenes de Gobierno” –la mayoría existentes– relacionados con la transparencia y la fiscalización; la ampliación de revisiones de la Auditoría Superior de la Federación y la creación de una Fiscalía Especializada en la Procuraduría General de la República.

“Es un paso histórico a favor de una nueva cultura de la legalidad”, insistió al presentar el decreto en Palacio Nacional.
De este “paso histórico” a una disminución del abuso de los cargos públicos en beneficio personal, sin embargo, aún hay un largo camino, de acuerdo con expertos. Y no sólo porque falta la legislación secundaria o porque la iniciativa proviene de una de las administraciones federales más señaladas por actos abusivos: El problema fundamental de la Reforma anticorrupción, explican académicos e investigadores, es que crea una burocracia revisora y sancionadora de “individuos” y de conductas aisladas, pero deja sin contrapesos los contextos que las facilitan, como la discrecionalidad en la asignación de recursos.

Además, explica el investigador Mauricio Morales, académico del Colegio de México (Colmex) y del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), entre los tomadores de decisiones falta una perspectiva que considere que la corrupción es un delito que se genera en redes, y del que normalmente hay evidencias –como la “casa blanca” de la familia presidencial–, y no sólo irregularidades en los procedimientos.

“Si son corruptos, no estúpidos”, resume Morales al explicar las consecuencias de la perspectiva sólo punitiva de conductas individuales, revisora de procedimientos y que no atienda evidencias.
Fue esta manera de “enfrentar” la corrupción, explica el investigador, lo que libró de responsabilidades la asignación de contratos al empresario Juan Armando Hinojosa, amigo cercano del Presidente Enrique Peña Nieto y a su vez financiador de la residencia de más de 50 millones de pesos en la que éste vive con su familia.

“Son redes, se genera un daño verificable, y la corrupción produce evidencias con respecto a las persona que participan en ella, y esto no puede seguirse ignorando. El ejemplo perfecto es la ‘casa blanca’; ahí está la evidencia: hay una declaración de la Primera Dama reconociendo que obtiene esta casa como consecuencia de su amistad con un empresario al que a su vez le va muy bien en el Estado de México, y con el Gobierno federal actual”, plantea el también integrante de la Red por la Rendición de Cuentas.

“Pero en el Derecho disciplinario que hay en México, dado que es procedimental e individual, la Secretaría de la Función Pública no podría haber hecho otra cosa: verificó si los contratos de Higa –la empresa de Hinojosa– fueron obtenidos de manera contraria al procedimiento y pues claro que encontró que no. Para poder configurar esa falta debió haber una instrucción escrita del Presidente directamente al funcionario que asignó esos contratos; pero es absurdo. En cambio, sí existe la red, el daño y la evidencia. Si no somos capaces de dar este giro al sistema de responsabilidades, para que la nueva Ley General de Responsabilidades permita la investigación a partir de la evidencia y/o del daño causado al país, entonces seguiremos con una visión de mediados del Siglo XX que nos ha hecho muchísimo daño”, agrega.

El diseño del entramado anticorrupción, explica Oscar Arredondo, del Centro de Análisis e Investigación Fundar, también indica que los actos de probable abuso de poder revelados en el sexenio de Peña Nieto quedarán intactos hasta 2018. Esto, precisa, porque aun cuando se cree una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ésta dependerá de una PGR a su vez subordinada a Peña Nieto. Y para juzgar cualquier denuncia, agrega, estarán hasta fin de sexenio los mismos integrantes del actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa que no han procedido en ningún caso.

“El sistema podría resultar una patente de corso que garantice impunidad a la administración actual en los casos de aparente corrupción de los que hemos sido testigos”, dice Arredondo a SinEmbargo.

“Lo anterior por que no será un sistema retroactivo facultado para fiscalizar ejercicios anteriores, a menos que estén relacionados con auditorias del año corriente; porque las instancias sancionatorias seguirán conformadas por los mismos magistrados y la misma Procuradora, y porque la implementación de las reformas secundarias y la operatividad del sistema se reflejará con el tiempo”, agrega.

LA ÉLITE DEL “MÉXICO S.A.” BRINCA DE GOBIERNOS A NEGOCIOS A GOBIERNOS

septiembre 29, 2015

Fox será el más abierto, hoy, pero Salinas, Calderón, Peña Nieto, Téllez y otros son mencionados por hacer gobierno y luego explotar negocios.

Ciudad de México, 29 de septiembre (SinEmbargo).– El 7 de noviembre de 2014, a las 13 horas, en la sala de juntas del piso 11 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) tuvo lugar una audiencia con los integrantes de la nueva compañía mexicana Sierra Oil and Gas.
“Se comentaron algunas dudas por parte de los participantes de la empresa Sierra Oil and Gas en relación a la Reforma Energética: bases para la evaluación de empresas con experiencia reciente en el mercado, regulación de reconocimiento y exploración superficial, diferencia entre los procesos de exploración superficial y rondas de licitación; calendario del proceso de asignaciones para adquisición de información y precalificación”, dice el acta de la reunión.
“La empresa Sierra Oil and Gas mostró su estrategia, experiencia, capacidad financiera y de operación, estructura organizacional. Comentaron que están interesados en proyectos de exploración, terrestres, agua someras y no convencionales”, agrega el documento.
Por parte de la CNH estuvieron los comisionados Edgar Rangel, Alma Porras Luna y Sergio Pimentel Vargas, mientras que por la firma mexicana acudieron el director, Ivan Sandrea, así como el ex cónsul de México en Nueva York y ex director general de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Energía (Sener) con Felipe Calderón Hinojosa, Salvador Beltrán del Río, hoy consejero general de Sierra Oil and Gas.
La empresa había hecho su aparición pública apenas unos meses antes, el 18 de septiembre, cuando un boletín la describió como “la primera firma independiente de producción y exploración” de México. Su directivo Iván Sandrea, agregó la información difundida por el servicio de información corporativa PRNewswire, es un ejecutivo “altamente experimentado” en el sector de hidrocarburos por su trabajo en compañías como Statoil, British Petroleum, Energy Intelligence y, también, en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
“El señor Sandrea ha compuesto un equipo de distinguidos profesionales mexicanos e internacionales del sector de gas y petróleo, representado más de 350 años de experiencia con aplicabilidad directa al conjunto de oportunidades en México”, dice el comunicado. Los socios, agregó la información, son las firmas Riverstone Holdings y EnCap Investments, que comprometieron 450 millones de dólares, mientras que Infraestructura Institucional, “la firma de acciones de infraestructura más grande México”, comprometió 75 millones.
“Sierra representa una oportunidad importante para el capital institucional de México, particularmente el fondo de pensiones, Afores, que invierten en nuestros Certificados de Capital de Desarrollo (CKD’s), para ayudar a financiar el desarrollo del naciente sector energético privado mexicano con la participación en los proyectos de exploración y producción desbloqueadas con la reforma energética”, dijo Juan Alberto Leautaud, vicepresidente de Infraestructura Institucional, citado en el boletín.
Infraestructura Institucional, agregó el documento, fue fundada en 2010 como una firma de inversión enfocada en proyectos de infraestructura. Según la misma fuente, en ese periodo obtuvo más de mil millones de dólares en “acciones” a través de dos de sus CKD compuestos básicamente: los Afores y otras “instituciones” mexicanas.
Menos de un año después de haber hecho su aparición pública, Sierra Oil and Gas se convirtió, el pasado mes de julio, en la ganadora de la primera licitación de la reforma energética, al quedarse con la adjudicación de los dos únicos contratos de bloques a explorar en aguas someras mexicanas que lograron ser subastados por la Secretaría de Energía en la Ronda Uno.
“El claro y robusto marco regulatorio que el Gobierno mexicano adoptó como resultado de la Reforma Energética de 2013 hizo posible la creación del consorcio”, informó Sierra Oil and Gas en un comunicado del 17 de julio.
Dos semanas después, el periódico Reforma reportó que Infraestructura Institucional había estado presidida hasta hacia unos días por Jerónimo Marcos Gerard Rivero, hermano de Ana Paula Gerard, esposa del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). El medio basó su información en los datos –disponibles aún– de la página electrónica de la firma española Acciona, en la cual aparece Gerard también como integrante del consejo de administración.
“Entre los múltiples puestos que ocupa en la actualidad, es consejero de AMEXCAP, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Fondos Inmobiliarios y de Infraestructura (AMFII), consejero de la Bolsa Mexicana de Valores, consejero del Grupo Mexicano de Desarrollo S.A.B., responsable de fondos de inversión privados en México para The Latin America Entreprise Fund, presidente de Infraestructura Institucional y consejero de Telefónica México”, dice aún la página electrónica de Acciona.
“Es Vicepresidente del Consejo de Olimpiadas Especiales de México y Profesor de Microeconomía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Ha sido CFO de Telefónica Móviles México y CEO de  Telefónica B2B y trabajó en Goldman Sachs & Co. Fue Asesor del Vicesecretario de Finanzas del Gobierno Mexicano de Carlos Salinas durante todo su mandato presidencial  (1988-1994)”, agrega la información.
Reforma recordó también que el integrante de la nueva firma es además hermano de Hipólito Gerard, dueño de Constructora y Edificadora GIA+A, que también había sido beneficiada con la licitación para construir el Tren de Alta Velocidad entre México y Querétaro.
En este proyecto, recordó el periódico, GIA iba en combinación con Grupo Higa, la constructora del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, amigo del Presidente Enrique Peña Nieto y conocido ahora a nivel internacional por haber financiado la residencia llamada “casa blanca” de la pareja presidencial y una más al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.
Luego, el 1 de septiembre pasado, el ex Presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) apareció también como socio de una nueva empresa que busca explotar, de igual forma, el mercado de los hidrocarburos en México. “EIM Capital y una filial de la firma American Energy Partners anunciaron la nueva e histórica asociación para explorar las bastas oportunidades de exploración y desarrollo ofrecidas por los abundantes recursos de petróleo y gas de México”, publicó PRNewswire.
“EIM capital, una firma de inversión privada basada en la Ciudad de México y dedicada sólidamente a las nuevas inversiones en el sector energético mexicano, está liderada por Franco C. Hamdan y el ex Presidente Vicente Fox”, agrega el mismo comunicado.
 Articulo completo en http://www.sinembargo.mx/29-09-2015/1495011

EL ESTADO MEXICANO AHONDA EN 2015 SU DEUDA POR DESAPARECIDOS

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Esta Navidad no será igual para las más de 26 mil familias mexicanas que tienen a uno o varios de sus integrantes desaparecidos. Imaginar la angustia y el tormento que sufren las personas cuando un familiar desaparece sin rastro o explicación, cuando intentan encontrarlos o saber qué pasó con ellos y se frustran con la aparente indiferencia de las autoridades. Este 2015, el Estado mexicano incrementó su deuda con las miles de familias de desaparecidos, casi la mitad de los casos registrados en el país han ocurrido en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).– En México, más de 26 mil personas se encuentran en calidad de desaparecidas, según cifras oficiales, pero existe una enorme “cifra negra” de quienes no han denunciado por diversos motivos como amenazas e inseguridad. Pese a ello, el gobierno mexicano no ha reconocido en su totalidad la dimensión de este problema, diversas organizaciones dan cuenta de la falta de voluntad para investigar y aclarar la gran mayoría de los casos, incluso en las desapariciones en las que hay evidencia de detención o privación de la libertad por parte de agentes del Estado o bandas de delincuentes.
El pasado 10 diciembre el Presidente Enrique Peña Nieto reconoció que en el tema de desapariciones “faltaban pasos que dar”, por lo que anunció que enviará al Congreso de la Unión las iniciativas de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas y la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura, a fin de erradicar estas prácticas en el país.
De aprobarse la iniciativa, dijo, se implementará un Sistema Nacional de Búsqueda, el Registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas, además del Registro Nacional Forense, y el Consejo Nacional Ciudadano.
Durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2015 a Consuelo Morales Elizondo, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), Peña detalló que la propuesta contará con cuatro instrumentos.
En ese mismo evento, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseveró que la falta de atención a los casos de desaparición forzada pone en duda la capacidad del Estado mexicano y sugirió un cambio de rumbo.
“El problema de las desapariciones desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en un obstáculo que no hemos podido superar [...] Nuestro país aún no ha honrado la deuda y compromiso que tiene con las víctimas de las desapariciones, con la sociedad y con el cumplimento de las determinaciones emitidas por organismos internacionales”, detalló el Ombudsman nacional.

González Pérez refirió que las autoridades mexicanas no cuentan con datos confiables que permitan distinguir casos de desapariciones forzadas de aquellos vinculados con el crimen organizado u otras causas, por lo que sugirió que si “se quiere recuperar la credibilidad de la sociedad en las instituciones es preciso que las propias instituciones emprendan un cambio de rumbo”.