Aunque el Presidente Enrique Peña Nieto impulsó la creación de
un Sistema Nacional Anticorrupción, especialistas en transparencia consideran
que no sólo falta la legislación secundaria que respalde una operación
imparcial y eficaz, sino que las iniciativas contemplen la opinión de la
sociedad civil, ya que la mayoría de ellas provienen de administraciones
señaladas por actos abusivos, comenzando por los que se generan desde la propia
Presidencia de la República y el primer círculo del Jefe del Ejecutivo federal.
Ciudad
de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Enrique Peña Nieto
definió así el alcance de la Reforma Constitucional para el combate a la
corrupción que presentó el 27 de mayo: que los servidores públicos y los
particulares que incurran en este tipo de prácticas sean sancionados y
obligados a resarcir el daño patrimonial causado.
“Éste
es un auténtico cambio de paradigma para combatir con mayor eficacia el
cohecho, la extorsión o el tráfico de influencias, entre otros actos indebidos.
En pocas palabras –dijo el Presidente– es una reforma contra la impunidad”.
Las
modificaciones al texto constitucional, la doceava de las “reformas
estructurales” de Peña Nieto, consiste en la creación de un Sistema Nacional
Anticorrupción con representantes de “todos los órdenes de Gobierno” –la
mayoría existentes– relacionados con la transparencia y la fiscalización; la
ampliación de revisiones de la Auditoría Superior de la Federación y la
creación de una Fiscalía Especializada en la Procuraduría General de la
República.
“Es un
paso histórico a favor de una nueva cultura de la legalidad”, insistió al presentar
el decreto en Palacio Nacional.
De este
“paso histórico” a una disminución del abuso de los cargos públicos en
beneficio personal, sin embargo, aún hay un largo camino, de acuerdo con
expertos. Y no sólo porque falta la legislación secundaria o porque la
iniciativa proviene de una de las administraciones federales más señaladas por
actos abusivos: El problema fundamental de la Reforma anticorrupción, explican
académicos e investigadores, es que crea una burocracia revisora y sancionadora
de “individuos” y de conductas aisladas, pero deja sin contrapesos los
contextos que las facilitan, como la discrecionalidad en la asignación de
recursos.
Además,
explica el investigador Mauricio Morales, académico del Colegio de México
(Colmex) y del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), entre los
tomadores de decisiones falta una perspectiva que considere que la corrupción
es un delito que se genera en redes, y del que normalmente hay evidencias –como
la “casa blanca” de la familia presidencial–, y no sólo irregularidades en los
procedimientos.
Fue
esta manera de “enfrentar” la corrupción, explica el investigador, lo que libró
de responsabilidades la asignación de contratos al empresario Juan Armando
Hinojosa, amigo cercano del Presidente Enrique Peña Nieto y a su vez
financiador de la residencia de más de 50 millones de pesos en la que éste vive
con su familia.
“Son redes, se genera un daño verificable, y la corrupción
produce evidencias con respecto a las persona que participan en ella, y esto no
puede seguirse ignorando. El ejemplo perfecto es la ‘casa blanca’; ahí está la
evidencia: hay una declaración de la Primera Dama reconociendo que obtiene esta
casa como consecuencia de su amistad con un empresario al que a su vez le va
muy bien en el Estado de México, y con el Gobierno federal actual”, plantea el
también integrante de la Red por la Rendición de Cuentas.
“Pero
en el Derecho disciplinario que hay en México, dado que es procedimental e
individual, la Secretaría de la Función Pública no podría haber hecho otra
cosa: verificó si los contratos de Higa –la empresa de Hinojosa– fueron
obtenidos de manera contraria al procedimiento y pues claro que encontró que
no. Para poder configurar esa falta debió haber una instrucción escrita del
Presidente directamente al funcionario que asignó esos contratos; pero es
absurdo. En cambio, sí existe la red, el daño y la evidencia. Si no somos
capaces de dar este giro al sistema de responsabilidades, para que la nueva Ley
General de Responsabilidades permita la investigación a partir de la evidencia
y/o del daño causado al país, entonces seguiremos con una visión de mediados del
Siglo XX que nos ha hecho muchísimo daño”, agrega.
“El
sistema podría resultar una patente de corso que garantice impunidad a la
administración actual en los casos de aparente corrupción de los que hemos sido
testigos”, dice Arredondo a SinEmbargo.
“Lo anterior por que no será un sistema retroactivo facultado
para fiscalizar ejercicios anteriores, a menos que estén relacionados con
auditorias del año corriente; porque las instancias sancionatorias seguirán
conformadas por los mismos magistrados y la misma Procuradora, y porque la
implementación de las reformas secundarias y la operatividad del sistema se
reflejará con el tiempo”, agrega.
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