Por Guadalupe Fuentes López
Esta Navidad no será igual para las más de 26 mil familias mexicanas que tienen a uno o varios de sus integrantes desaparecidos. Imaginar la angustia y el tormento que sufren las personas cuando un familiar desaparece sin rastro o explicación, cuando intentan encontrarlos o saber qué pasó con ellos y se frustran con la aparente indiferencia de las autoridades. Este 2015, el Estado mexicano incrementó su deuda con las miles de familias de desaparecidos, casi la mitad de los casos registrados en el país han ocurrido en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.
Ciudad
de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).– En México, más de 26 mil personas se
encuentran en calidad de desaparecidas, según cifras oficiales, pero existe una
enorme “cifra negra” de quienes no han denunciado por diversos motivos como
amenazas e inseguridad. Pese a ello, el gobierno mexicano no ha reconocido en
su totalidad la dimensión de este problema, diversas organizaciones dan cuenta
de la falta de voluntad para investigar y aclarar la gran mayoría de los casos,
incluso en las desapariciones en las que hay evidencia de detención o privación
de la libertad por parte de agentes del Estado o bandas de delincuentes.
El pasado 10 diciembre el Presidente Enrique Peña Nieto
reconoció que en el tema de desapariciones “faltaban pasos que dar”, por lo que
anunció que enviará al Congreso de la Unión las iniciativas de Ley General para
Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Desaparición de Personas y la
Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura, a fin
de erradicar estas prácticas en el país.
De aprobarse la iniciativa, dijo, se implementará un Sistema
Nacional de Búsqueda, el Registro nacional de personas desaparecidas y no
localizadas, además del Registro Nacional Forense, y el Consejo Nacional
Ciudadano.
Durante la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos 2015
a Consuelo Morales Elizondo, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos
Humanos, A.C. (CADHAC), Peña detalló que la propuesta contará con cuatro
instrumentos.
En ese mismo evento, el titular de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseveró que la falta de
atención a los casos de desaparición forzada pone en duda la capacidad del
Estado mexicano y sugirió un cambio de rumbo.
“El problema de las desapariciones desafía y cuestiona las
capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación
que, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en un obstáculo que no hemos
podido superar [...] Nuestro país aún no ha honrado la deuda y compromiso que
tiene con las víctimas de las desapariciones, con la sociedad y con el
cumplimento de las determinaciones emitidas por organismos internacionales”,
detalló el Ombudsman nacional.
González Pérez refirió que las autoridades mexicanas no cuentan
con datos confiables que permitan distinguir casos de desapariciones forzadas
de aquellos vinculados con el crimen organizado u otras causas, por lo que
sugirió que si “se quiere recuperar la credibilidad de la sociedad en las
instituciones es preciso que las propias instituciones emprendan un cambio de
rumbo”.
Articulo completo http://www.sinembargo.mx/25-12-2015/1583964
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