Por: Redacción Revolución / 26 diciembre, 2015
Organizaciones y sociedad civil
exigieron la destitución de Javier Duarte de Ochoa, gobernador priista de
Veracruz y de Arturo Bermúdez Zurita, titular de la Secretaría de Seguridad
Pública del estado, por atentar en contra de los derechos humanos y la integridad
física de adultos mayores, jubilados y pensionados del Instituto de Pensiones
del Estado, luego de que estos fueran desalojados con lujo de violencia el
pasado 23 de diciembre, de una plaza pública de Xalapa.
La solicitud, que incluye además la
exigencia de juicio político por crímenes de lesa humanidad para ambos
funcionarios públicos, se realiza a través de la plataforma change.org, está
dirigida al Congreso de la Unión, el Senado de la República y la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) fue creada este 24 de diciembre y hasta el
momento, mil 123 personas la habían firmado.
“Desde hace varios días los jubilados
y pensionados dependientes del Instituto de Pensiones del Estado (Veracruz de
Ignacio de la Llave), han salido a las calles de Veracruz a manifestarse
pacíficamente para exigir al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, encabezado por el Doctor Javier Duarte de Ochoa, les sean pagados sus
pensiones y/o jubilaciones correspondientes al mes de diciembre así como otras
prestaciones tales como el aguinaldo y el retroactivo al pago”, explica el
texto.
El 23 de diciembre, decenas de
adultos mayores se concentraron en la Plaza Lerdo, ubicada en el centro
histórico de la ciudad de Xalapa. Por algunos minutos bloquearon la avenida
Enríquez, como parte de la estrategia para exigir haya respuesta a sus
demandas; sin embargo, alrededor de las 11:30 horas, elementos de la Policía
Estatal –bajo las órdenes directas de Arturo Bermúdez Zurita- los desalojaron
del lugar con violencia.
“Hay evidencia de que los adultos
mayores fueron golpeados con macanas y con los escudos de los granaderos al
mismo tiempo que algunos recibieron descargas eléctricas con dispositivos que
portaban los granaderos y policías, posteriormente alrededor de las 11:45 horas
se presentó un segundo acto de represión con las mismas características”,
detalla el documento, en donde además de denuncian violaciones a la libertad de
expresión y libre manifestación.
“Esta no es la primera vez que el
Gobierno de Javier Duarte hace uso de la fuerza pública para acallar a los
ciudadanos inconformes en Veracruz, hay registro de hechos violentos en contra
de campesinos, maestros, taxistas, comerciantes, estudiantes, periodistas y
activistas sociales, todos reprimidos con lujo de violencia y actos en los que
la CNDH (Comisión Nacional de Derechos Humanos) y la CEDH (Comisión Estatal de
Derechos Humanos) han hecho caso omiso a las denuncias de los agredidos y han
contribuido a la represión de los manifestantes sin importar a que sector
social pertenezcan”, se argumenta.
En el documento, se pide a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presionar al Estado mexicano para
que se haga justicia a los afectados y a sus familiares.
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