TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
DOS SEMANAS
Ya son quince días del secuestro del periodista Moisés Sánchez Cerezo en Medellín de Bravo sin que se haya dado con su paradero. Las autoridades siguen omisas y han centrado el asunto en el alcalde panista de ese municipio, Omar Cruz Reyes quien había amenazado al también activista con “darle un susto” por manejar información crítica hacia su administración. Por donde se le vea, el caso es espinoso para los gobiernos estatal y municipal. En primera porque se repite lo sucedido con el compañero Gregorio Jiménez de la Cruz, plagiado de la misma manera hace un año en el sur del estado.
En ambos casos la policía estatal tardó horas en atender la petición de auxilio de los familiares y en esas horas perdidas se pudo localizar el vehículo donde trasladaban a los reporteros y se podría haber interceptado a los raptores. Si el sistema policiaco en Veracruz estuviera diseñado para proteger a los ciudadanos y combatir a la delincuencia, hoy Moisés y Gregorio estuvieran con bien. En segundo lugar, el gobierno estatal ha ocultado información y muchos aseguran que manipulado evidencias para evitar que Sánchez Cerezo sea considerado como fallecido.
Perversamente, dicen algunos analistas, los funcionarios estatales lo prefieren “desaparecido” que sin vida. Jugar así con la preocupación de los familiares y con las condiciones de un desaparecido no tiene nombre. En tercer lugar, según se ha dicho, los secuestradores fueron policías del municipio de Medellín de Bravo –que habrían actuado bajo la orden del alcalde identificado con la clave, Azul 1, como se utiliza en las organizaciones criminales- y el asunto se le vuelve a atravesar al gobierno estatal pues todos los efectivos municipales son “policías acreditados” de esos que se presume salieron de la Academia Estatal de Policías con características de estar libres de colusión con la criminalidad.
Todo eso les rebota en la cara. Los “policías acreditados” de Medellín son como los “policías acreditados” que secuestraron y presuntamente asesinaron al cantante amateur Gibran Martíz en Jalapa –y que por cierto, gracias a la protección del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, hoy están en libertad-. Un cuarto asunto alrededor del alcalde de Medellín de Bravo es que si la procuraduría veracruzana tuviera indicios suficientes sobre su responsabilidad ya hubiera solicitado su desafuero ante el congreso local y no lo ha hecho porque está sopesando consecuencias políticas pues Cruz Reyes soltaría a la opinión pública todos los acuerdos que hizo con la administración estatal desde su arribó al ayuntamiento.
La anterior sin dejar a un lado la actuación facciosa del edil Cruz Reyes quien es comparado en las redes sociales con José Luis Abarca el defenestrado alcalde de Iguala, Guerrero, uno de los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desde el 26 de septiembre del año pasado. Cruz Reyes no es una persona proba sino cuestionable y aún cuando se autodefine como un “chivo expiatorio” todos en Medellín de Bravo cuentan historias turbias del presidente municipal, algunas ligadas al crimen. ¿Qué Omar Cruz es el José Luis Abarca de Veracruz?. Hay datos que apuntaría a eso.
EL KARMA EMPRESARIAL
Es divertido leer expresiones y comentarios escandalizados sobre el desaire que personal de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) hizo a un grupo de empresarios jalapeños que se presentaron en esas oficinas para cobrar deudas pendientes. Según las crónicas periodísticas, los encargados de seguridad los echaron físicamente del lugar y horas más tarde esos mismos empresarios fueron a lloriquear ante la prensa sobre el trato grosero que les propinaron.
Por supuesto que a nadie se le debe tratar con tal bellaquería pero en el caso de los dirigentes empresariales puede decirse que es el “karma” que ya los alcanzó. Estos señores se han prestado al rejuego de la administración estatal para aplaudir toda medida tomada, aún si ésta es contraria a los intereses de la población y de los mismos empresarios. Todos han descalificado a la oposición o los grupos de la sociedad civil que alzan la voz denunciando atropellos de las autoridades estatales. Todos han minimizado casos de corrupción gubernamental y peor aún, entre sus filas aceptan y arropan a empresarios que han lucrado con el patrimonio estatal, algunos de forma asesina.
Tal es el caso de Andrés Beceiro López, quien fue líder de Consejo Coordinador Empresarial y vendió medicinas falsas al Centro Estatal de Cancerología durante la fidelidad. ¿Cuántos enfermos de cáncer murieron a destiempo o no pudieron salvarse por tomar medicamentos apócrifos?, ¿Qué hicieron los líderes empresariales ante tal acto criminal?. ¡Nada!, callaron, y recibieron en su seno a ese empresario impúdico, y siguieron aplaudiendo al gobierno estatal en lugar de demandar una investigación por el caso.
Otro caso de actuación indigna de estos líderes empresariales ha sido cuando comerciantes jalapeños han tenido que cerrar sus negocios y huir del estado por amenazas, extorsiones y secuestros del crimen organizado. Todas las cámaras empresariales permanecen en silencio para no hacer enojar a palacio de gobierno si salen a hablar por la situación de inseguridad que afecta a la iniciativa privada. De vez en cuando hay una declaración reducida de alguno de ellos pero matizada y con la frase siempre igual: que reiteran su confianza en el gobierno estatal.
Y qué decir la empresaria constructora, exsecretaria de Desarrollo Urbano durante la fidelidad, que ahora se queja del trato recibido por guardias de seguridad en Sefiplan pero que fue parte de la administración corrupta del innombrable y que los últimos años se ha dedicado a realizar desayunos con políticos en donde reúne a todos los empresarios oficialistas para aplaudirles y colmarlos de piropos.
Lo que sube tiene que bajar y el destino los está alcanzando. Son ese tipo de empresarios orgánicos que callan ante las injusticias de la población pero arman un escándalo cuando tocan sus intereses. Aunque su situación confirma el desastre financiero del gobierno estatal que se niega a pagar sus adeudos y prefiere desalojar a los acreedores, tampoco hay que hacerle mucho caso a los plañideros. Total, ellos callan y aplauden cuando la mayoría de los veracruzanos padece al gobierno fallido de Javier Duarte de Ochoa.
FUENTE: NOTIVER
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