CARLOS DEMUNER PITOL, JUEZ Y PARTE
La Alianza Mexicana Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) lamentó el nombramiento de Carlos Demuner Pitol como director general del Instituto Veracruzano del Transporte ()IVT), pues éste siempre ha sido enemigo de los pequeños transportistas a los que ve como obstáculos para su negocio, conformado por 600 autobuses que prestan servicio en la región de Córdoba y hacia Xalapa.
El dirigente nacional de esta organización, Rafael Ortiz Pacheco, aseguró que la designación del transportista radicado en Fortín, “es un desacierto de Javier Duarte, quizás lo engañaron, porque no esperamos que gobierne para los grupos empresariales que lo llevaron al poder sino para todos los veracruzanos”.
Indicó que Demuner es un empresario que tiene 600 unidades y que además violenta los términos de su concesión al meter más de 100 viajes diarios entre Córdoba y Xalapa cuando sólo está autorizado para 30, sin embargo, las corruptelas en el Gobierno estatal y federal, le permiten violentar la ley sin ser castigado.
Sostuvo que en los próximos 15 días, la dirigencia nacional de la AMOTAC contempla buscar audiencia con el gobernador Javier Duarte de Ochoa, con el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza y con el titular de Transporte Público, para plantear diversos puntos que esta organización tiene a través de sus 22 delegaciones, sin embargo, no buscarán dialogar con Carlos Demuner en su calidad de funcionario estatal, quizás sólo como transportista.
Lamentó que el priista llegue al Gobierno estatal cuando ha sido el principal hostigador de más de 500 familias que dependen de taxis y taxis del mixto rural en toda la ruta Córdoba-Huatusco-Xalapa, a quienes siempre ha pretendido aplastar porque les resulta un estorbo al quitarle la mercancía que moviliza a alto costo para los usuarios.
Y sostuvo que uno de los reclamos al Gobierno estatal será la entrega de concesiones de taxis mixto rural a cientos de familias en esa vía de comunicación, porque llevan tres años pagando anualmente a la Sefiplan, y ahora resulta que con el cambio de Gobierno no reconocen estos pagos y se niegan a liberar los títulos.
“No es admisible esta situación pues se trata de un Gobierno emanado del mismo partido político y por lo que están obligados a reconocer los acuerdos suscritos con la anterior administración”, expresó
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