Por J. Enrique Olivera Arce
En diversas ocasiones y en relación a algunas actitudes asumidas por jóvenes impacientes que expresan su irritación social con mentadas de madre, he comentado que con ello no van a modificar la realidad que les agobia. Antes al contrario, la reafirman, generando frustración y desencanto y perdiendo perspectiva respecto al camino más idóneo para canalizar su descontento que, a mi juicio, es el estudio, la organización, y la participación política ideológicamente consecuente, para impulsar un proceso de cambio que les de expectativas de crecimiento y desarrollo respecto a su futuro y el de la sociedad hoy lastimada.
Esto viene al caso en virtud de que observo que diversos grupos de jubilados afiliados al Instituto de Pensiones de Veracruz, IPE, molestos por presuntas afectaciones en sus ingresos, derivadas de la aplicación de obligaciones fiscales improcedentes por parte de la administración del organismo, pretenden modificar a su favor ésta equívoca política mediante gritos y sombrerazos, en estériles marchas y manifestaciones, sin encontrar respuesta.
Lo mismo podría decir de aquellos empresarios a los que no habiéndoseles pagado aún adeudos contraidos por el gobierno estatal, despotrican en contra del subsecretario de egresos de la Sefiplan y piden a los periodistas hacer del dominio público que existe toda una confabulación en esa dependencia con la intención de “agarrar ahorcados” a los desesperados acreedores y comprarles la deuda con un 30 ó más de castigo sobre el monto total reclamado. Cuidándose de no aportar pruebas concretas del presunto ilícito.
En el caso del IPE lo razonablemente lógico es que los descontentos se asesoren por expertos fiscalistas y, por el camino idóneo pre establecido en las leyes y códigos de la materia, demanden lo que legalmente corresponda, ya que pudiera darse el caso de que entonces si sean escuchados, atendidos y la irregularidad reclamada sea corregida. Los gritos y sombrerazos frente a burócratas insensibles y sordos, no son el mejor camino, salvo para beneficiar a líderes corruptos que con ello tienen armas para negociar en lo oscurito.
Lo de la compra venta de deuda no es nuevo. La banca ha sentado precedente vendiendo deuda a empresas de cobranza poco escrupulosas, bajo el criterio de que más vale pájaro en mano que millones volando, frente al creciente número de deudores sin capacidad real de pago. Este mal precedente, quizá “legal”, pero a todas luces irregular, da lugar a múltiples abusos por los nuevos dueños de la deuda, incurriendo, estos sí, en situaciones francamente al margen de la ley.
Luego la presunta compra de deuda a cargo de funcionarios corruptos no debería sorprendernos, más siendo parte de la vida cotidiana en una entidad federativa donde ha sentado sus reales la corrupción, la impunidad y la simulación. Lo verdaderamente grave, siempre a mi modesto entender, es que los que se dicen afectados, por miedo a perder lo más por lo menos, lejos de denunciar el hecho ante las autoridades se constituyan en cómplices, aceptando vender; descalificándose como empresarios honestos que exigen lo que en justicia les corresponde. O bien, guardando silencio ante funcionarios de la Sefiplan que presuntamente incurren en tal irregularidad, para después, saliendo de la dependencia despotriquen en tertulias de café, derivando en chisme un acto punible de corrupción.
Si los que se consideran afectados no actúan conforme a derecho ante un presunto ilícito que les afecta, bien pueden gritar a los cuatro vientos lo que les venga en gana que, por esa vía, no encontrarán el camino de la justicia.
“Al ministerio público y a los jueces les vale madre si el gobierno nos paga o nó. Todos se tapan con la misma sábana”, me dice un empresario de la construcción al que, presuntamente, se le planteara comprarle la deuda, cuando le expreso mi punto de vista. Quizá tenga razón, la procuración y administración de justicia en Veracruz y en cualquier rincón de México, no es muy confiable ni merece respeto por parte de la ciudadanía, pero no hay peor lucha que la que no se hace. De todas formas, la mayoría de los acreedores ya se encuentra al borde o en franca quiebra por el desface en el pago de los adeudos contraidos con proveedores y constructores por la administración de Fidel Herrera Beltrán.
Mal haría si guardara silencio frente a este tipo de reclamos, la corrupción no se debe tolerar y si es tarea de todos combatirla. Así que, por lo que a mi toca en descargo, pediría desde estas líneas a quien corresponda, se investigue y se actúe en consecuencia de existir tal irregularidad en la subsecretaría de finanzas, antes que un “chisme” derive en conflicto político por dejar hacer dejar pasar, en una nueva administración pública sobre la que aún se guardan esperanzas de honestidad y buena fe.
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