En México se vive un “Estado de excepción”
Organizaciones no
gubernamentales en defensa de los derechos humanos dieron a conocer en Puebla que “en
México se vive un Estado de excepción”, producto de laspolíticas neoliberales de los últimos 30 años que va
avanzado dolosamente con la criminalización de la protesta social.
Expusieron que en años recientes esta
criminalización de la protesta no es solo de manera jurídica, sino también
mediática, violando sistemáticamente los derechos humanos de la ciudadanía.
El investigador del Centro de Análisis
e Investigación de Fundar, Miguel Moguel, y Raymundo Espinosa Hernández, del
Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios Causa, señalaron que esto
representa un retroceso en las libertades de expresión y reunión en el actual
gobierno de Peña Nieto, quien –advirtieron– intenta desaparecer los derechos
sociales desde la Constitución.
El estudio fue presentado este jueves
en la Casa Presno de la Universidad Autónoma de Puebla, en la que estuvieron
presentes académicos, agrupaciones sociales, campesinas y sindicales, así como
colectivos que trabajan en la defensa de los derechos humanos en la entidad.
En el acto, los representantes de los
colectivos dieron a conocer el documento “Control del espacio público”. Informe
sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno,
en el que se analizan 11 iniciativas y reformas legislativas encaminadas a la
restricción y a la criminalización de la protesta social.
La presentación del informe fue un
resumen sobre leyes nacionales y estatales para controlar la libertad de expresión,
la movilización, la manifestación y el uso de los espacios públicos, destacando
la #LeyBala en el estado de Puebla.
Asimismo, rechazaron el dictamen que
ha sido aprobado para reglamentar el artículo 29 Constitucional que regula el
estado de excepción, el cual –explicaron– permitiría al Poder Ejecutivo el
establecimiento de la suspensión de garantías, posibilitando así su utilización
política con propósitos de control social y criminalización de la protesta.
“La protesta social es un acto
legítimo de la ciudadanía que las autoridades convierten en actos vandálicos,
cuando el Estado debería ser garante del ejercicio satisfactorio de este
derecho”, manifestaron.
“Tenemos un gobierno Santaanista que
está entregando por una comisión la riqueza del país, y llevando los pueblos
hacia la muerte”.
Informaron que hay nociones que
estarían sobre la discusión del acotamiento a la libertad de expresión y
protesta social. Entre ellas, el avance en legislaciones que delimitan los
derechos sociales, la reducción del espacio público, y la represión.
“Cuando hablamos de protesta la
autoridad la confunde con un berrinche, cuando es la muestra última del
descontento social porque el gobierno no da respuesta a sus demandas”,
afirmaron.
Entre las propuestas legislativas puestas
bajo lupa en el informe, se destacó la reforma al artículo 29 constitucional y
su ley reglamentaria; ley antiterrorismo, contenida en el Código Penal federal,
y las leyes de geolocalización, dispuestas en el Código Nacional de
Procedimientos Penales.
Respaldo a lucha de poblanos
Previamente, sostuvieron una reunión
con organizaciones sociales y campesinas provenientes de 12 municipios de la
Sierra Norte, Mixteca y área metropolitana de Puebla, principalmente.
El encuentro fue calificado de
histórico por sus organizadores, pues fijaron la estrategia legal a seguir en
la defensa del territorio y contra los llamados “proyectos de muerte”.
La Jornada de Oriente
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