Miles de médicos y trabajadores del
sector salud salieron ayer a las calles de diversas ciudades del país para
manifestarse en solidaridad con 16 colegas suyos del IMSS, adscritos al
Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente, en Jalisco, quienes se
encuentran sometidos a un proceso por negligencia tras la muerte de un menor que
se encontraba en ese nosocomio.
Más allá del caso específico que detonó
el movimiento de protesta, éste –organizado en las redes sociales después de
que un tribunal de segunda instancia emitió órdenes de aprehensión contra los
16 profesionistas referidos– ha ido mucho más allá del triste episodio
jalisciense y ha puesto el foco de atención en la creciente criminalización de
la práctica médica por parte de la sociedad y de los medios, a raíz de asuntos
más recientes, como la negativa de atención a parturientas en diversos
hospitales de Oaxaca.
En efecto, el movimiento #YoSoy17 pone
en evidencia que, más allá de malas praxis en casos individuales –que deben,
desde luego, ser sancionadas conforme a la ley–, las instituciones de salud
pública del país padecen una aguda crisis que no puede ser atribuida a la
irresponsabilidad profesional de los médicos y otros trabajadores de su ramo,
sino al deliberado abandono de sus obligaciones en la materia por parte del
Estado.
Como señala el comunicado de #YoSoy17,
existe un deterioro constante y paulatino de los servicios públicos de
salud, una manifiesta merma presupuestal y, por consiguiente, una serie de
carencias de materiales, infraestructura y medicamentos, así como una
degradación de las condiciones laborales de médicos, enfermeras y paramédicos,
quienes se ven obligados a atender a decenas de pacientes en un solo turno sin
contar con el instrumental ni el material adecuados.
Cualquier ciudadano que asista a las
instituciones del sector salud puede constatar la realidad de estas carencias y
que el panorama descrito por los facultativos no es imaginario. Lo cierto es
que la precariedad en que se ha obligado a operar a hospitales y clínicas
públicas atenta contra la seguridad y la dignidad de los pacientes, contra las
condiciones de trabajo de los médicos y personal de apoyo, así como contra las
posibilidades de esclarecimiento legal de responsabilidades en casos como el
del Hospital de Pediatría del Centro Médico de Occidente.
La otra cara de la moneda de esta
circunstancia es la multiplicación de oportunidades de negocios para el sector
privado en todas las instancias y niveles de la atención sanitaria: desde
dispensarios anexos a cadenas farmacéuticas en los que se cobran pequeñas
cantidades a los pacientes, con tal de impulsar las ventas de medicamentos, hasta
la edificación de lujosos complejos hospitalarios privados.
La movilización gremial #YoSoy17
apunta, en suma, a la necesidad de abandonar el modelo económico que preconiza
la privatización de todos los bienes y servicios públicos, la transformación de
derechohabientes en consumidores y la conversión de derechos constitucionales
en transacciones mercantiles. Sin abogar por la impunidad en casos de real
negligencia y malas prácticas médicas, este diagnóstico es acertado y merece
ser tomado en cuenta por la opinión pública.
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