EL PANISTA RAFAEL MORENO VALLE MANDA ARRESTAR A DIEZ CAMPESINOS MÁS QUE SE OPONEN A ENTREGAR SUS TIERRAS PARA GASODUCTO DE TRASNACIONALES

El panista Rafael Moreno Valle manda arrestar a diez campesinos más que se oponen a entregar sus tierras para gasoducto de trasnacionales.

ÚLTIMA HORA: El martes 24 de junio falleció en prisión el activista de noventa años Delfino Flores Melga, encarcelado por el “gobierno” del panista Rafael Moreno Valle en 2013 durante un desalojo violento donde resultó herido..

Yadira Llaven Anzures
La Jornada

El “gobierno” panista del estado de Puebla liberó una nueva orden de aprehensión en contra de 10 campesinos originarios de los municipios de Atzizihuacan y Juan C Bonilla, entre ellos una mujer, por el delito de “privación ilegal de la libertad y pandillerismo”.

 

Se trata de los labriegos que encabezan la resistencia legal contra la construcción del gasoducto Morelos, Francisco Torres Cortes, Federico Villalba Ramos, Albino Villalba Díaz, Avelino Velásquez Tapia, Juan Carlos Flores Solís, Adela Ramos Villalba, Alejandro Torres Xocolat, Juan Gutiérrez Díaz, Eusebio Aguilar Torres y Gregorio Flores Ramos.

 

De la lista llama la atención que se le imputa un nuevo delito a Juan Carlos Flores Solís, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Puebla, Morelos y Tlaxcala, recluido en el penal de Cholula desde hace dos meses y medio por motín, daño a infraestructura hidráulica, extorsión y robo.

 

El “gobierno” del estado también acusa por segunda ocasión al comisariado de Bienes Comunales de San Juan Amecac, Avelino Velásquez Tapia, quien promovió un amparo por los delitos de robo agravado y obstrucción de obra pública.

 

La información fue revelada por Mario Vélez Merino, dirigente de la Unión Campesina Democrática (UCD), durante la presentación del informe hecho por organizaciones y colectivos pro derechos humanos, sobre la criminalización de la protesta social en el país.

Vélez Merino tomó el micrófono durante la sesión de preguntas y respuestas y dio a conocer que la nueva orden de aprehensión liberada contra Avelino y el resto de los señalados “representa un claro despojo de tierras, al estilo más colonial”.

 

El líder campesino dijo desconocer del número de expediente, pero aseveró que la información es fidedigna y la orden provino de un juez federal de otro estado.

 

Expuso que “casualmente” le dictan orden de aprehensión a quienes se han opuesto legalmente al paso del gasoducto Morelos.

 

En el caso específico del comisariado Avelino Velásquez, argumentó que él acata la decisión de los ejidatarios de San Juan Amecac, que acordaron en asamblea no vender ni rentar sus tierras a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el paso del gasoducto.

 

“La propiedad social se rige bajo la máxima autoridad que es la asamblea de comuneros y ejidatarios, y si uno de ellos pretende vender o rentar sus tierras sin la autorización del resto, se les anula este derecho”, explicó.

 

Agregó que Avelino Velásquez es el presidente del Comisariado de Bienes Comunales y defiende la decisión de su asamblea, para impedir que el ducto pase por tierras agrícolas.

 

En ese sentido, Mario Vélez reprobó que el gobierno morenovallista esté criminalizando el derecho de los pueblos de la región del volcán Popocatépetl a protestar contra un proyecto multinacional que transporta gas natural y que pone en riesgo la vida de miles de familias.

 

Insistió que ante la protesta social, el gobierno de derecha de Puebla responde a los campesinos organizados con persecución y órdenes de aprehensión.

 

“El gobierno es quien está violando la ley. Manda a sus policías a las 4 de la mañana a la casa de Avelino, donde rompen la puerta, rompen cuanto encuentran a su paso, roperos y camas, golpean a su esposa Ninfa, la hincan, golpean a su hijo, un muchacho con síndrome de down, y golpean a su niña de 8 años buscando al delincuente que defiende los derechos de los ejidos”, recriminó.

 

Esta represión, dijo, se está viviendo en otros pueblos de Atlixco y de la región.

 

Incluso reveló que fue a buscar un diálogo con la delegada en Puebla de la Procuraduría Agraria, Isabel Merlo Talavera, ante la criminalizando de la protesta de los campesinos.

 

Sin embargo, lamentó que la funcionaria saliera en defensa de la CFE, “y al no tener elemento legal dijo que se trata de un proyecto federal y que hay consigna del presidente de la República que apoyemos”.