El verdadero objetivo de la Ley de la Energía Eléctrica es llevar a cabo la “estricta separación legal” del Estado para el acceso abierto (es decir, su pulverización) y la privatización total del sector eléctrico. De esta manera se aplicará el inciso a del artículo 10º Transitorio del Decreto constitucional.
El camino para la aprobación de la nueva ley de la industria de la energía eléctrica está plagado de ilegalidades: el proceso ilegal de aprobación por el Congreso uya que no tienen el mandato ciudadano para modificar artículos fundamentales de la Constitución; el PRI y el PAN violaron la Ley Orgánica del Congreso al sorprender a los legisladores e incluir “adendums” que no se discutieron ni dictaminaron en comisiones en la Cámara de Diputados; tampoco se respetaron los reglamentos de los Congresos estatales para realizar una aprobación en “fast-track”.
El proyecto de la Ley de la Industria de la Energía Eléctrica tiene como propósito no garantizar un servicio público de calidad y a bajo precio sino su privatización y la maximización de las ganancias y los intereses de los inversionistas. La Comisión Federal de Electricidad será desmantelada y del servicio público pasará la generación, distribución y venta de electricidad en un negocio para beneficio de unas cuantas empresas.
Otro de los objetivos que la Ley es crear y promover un mercado en el sector de electricidad, los costos y las ganancias de los inversionistas los pagará el consumidor, como ya ocurre hoy en día que el 50% de la electricidad la generan privados. Prometen mejores tarifas eléctricas, pero es una falacia, ya el principal atractivo de la reforma en materia de competitividad es la de promover la máxima ganancia para las empresas.
Es una mentira que la privatización de los sectores eléctricos en el mundo han promovido la competitividad y los precios bajos de las tarifas, la realidad que han provocado crisis de abasto y precios altos como en California en el 2000 y actualmente en España.
Uno de los argumentos principales de Peña Nieto y del PRI para promover la Ley es que en nuestro país el precio de la electricidad es elevado y no resulta competitivo. Esto no es verdad: la tarifa media mexicana es solo 11.5% superior a la norteamericana, pero en el estado de California las tarifas son superiores en 20% a la mexicana. Con solo eliminar el impuesto de aprovechamiento, se logra igualar las tarifas medias de los dos países.
Otro de los argumentos de la iniciativa es que “En relación con la red de distribución, hoy en día se registran ineficiencias significativas. Las pérdidas de energía en nuestro país son casi del doble del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En realidad en México existe una política para construir redes de distribución bien diseñadas que son aportadas gratuitamente a CFE por parte de los usuarios, porque pagan la infraestructura al adquirir sus terrenos. La mayor parte de las pérdidas que se mencionan corresponden a robos, que han sido tolerados por el gobierno.
FUENTE: REGENERACION
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