El dictamen avalado por los senadores
establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano regulador del
ramo, emitirá declaratorias de preponderancia por sector (telecomunicaciones o
radiodifusión) y no por servicio (televisión abierta o restringida, radio,
telefonía fija o móvil e Internet), como demandaban legisladores de oposición,
académicos y organizaciones de la sociedad civil. Para efectos prácticos, dicha
disposición implica que no se trastocarán los intereses del duopolio
televisivo, particularmente de Televisa, en el creciente mercado de la
televisión de paga, y que se afectarán, en cambio, los de su principal
competidor: América Móvil, de Carlos Slim. Por lo anterior, diversas voces
dentro y fuera de las cámaras legislativas han venido denunciando que la
referida ley está concebida y diseñada para beneficio de la televisora de
Chapultepec, una suerte de redición de la ley Televisa aprobada en 2006
y posteriormente declarada inconstitucional en sus partes medulares por la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero más allá de los enjuagues y los
choques entre poderes fácticos como los que representan los consorcios de
Emilio Azcárraga y Carlos Slim –que en esta ocasión parece haberse definido en
favor del primero–, un punto medular de la referida ley es que apunta a
perpetuar y fortalecer el predominio empresarial sobre el espectro
radioeléctrico, circunstancia que violenta la libertad de información y el
acceso a la información de otros sectores, y propicia el sello mercantilista y
publicitario de los contenidos, de por sí extremado en la actualidad.
Otro punto preocupante de esta ley,
que han sido poco atendido en el debate público, es el hecho de que se faculta
a las agencias de seguridad del Estado mexicano para recolectar datos de comunicaciones
y de actividad en línea de los ciudadanos, sin control judicial, bajo la
presunción de que pudieran estar siendo usadas para cometer delitos. Dicha
disposición abre un margen de maniobra inaceptable para las violaciones a la
privacidad y para la censura.
Por si fuera poco, durante el proceso
legislativo que concluyó ayer en el Senado pudo apreciarse una clara
intromisión del Ejecutivo en tareas que corresponden exclusivamente al
Legislativo, como el hecho de que el dictamen discutido y avalado fue
redactado, en sus partes sustanciales, en la Presidencia de la República. Ello
da cuenta de un retroceso a tiempos que se creían superados, en los que los
legisladores se alineaban a la voluntad presidencial y el principio de
separación de poderes no era más que una simulación.
A reserva de lo que ocurra en la
Cámara de Diputados, cuyos integrantes deberán avalar o modificar el dictamen
referido, con la votación de ayer en el Senado no sólo se revirtieron los
aspectos positivos introducidos en la reforma constitucional del año pasado –lo
que equivale a una traición de los senadores a su propia palabra de
democratizar y ampliar los márgenes de competencia en los medios–, sino que
también se exhibió un sistema político claudicante ante los poderes monopólicos
y proclive a la involución y al engaño.
LA jORNADA
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