"Si el Fobaproa rondaba entre los 700 y 800 mil millones de pesos, que seguimos pagando, el pasivo laboral sumado de Pemex y CFE es superior al pasivo bancario, aún si se le agregara el rescate carretero, también de triste memoria", escribe la periodista.
La periodista Carmen Aristegui escribió el viernes en el periódico Reforma sobre la propuesta para que el gobierno asuma una parte del pasivo laboral de Pemex y CFE. Aquí su artículo:
“El Pemexproa”
Por Carmen Aristegui
Periódico Reforma
No había que poner mucha imaginación para pensar, de inmediato, en la idea de “un Fobaproa petrolero y energético” cuando se dio a conocer que el gobierno y el Congreso se aprestan a aprobar una propuesta para convertir en deuda pública el inmenso pasivo laboral de Petróleos Mexicanos y el de la Comisión Federal de Electricidad.
La evocación inmediata a lo que fue -y sigue siendo- el rescate con dinero público más grande de la historia de México, realizado entre 1994 y 1995 durante la crisis del sistema financiero mexicano, es inevitable dada la dimensión que supondrá, para México, convertir en deuda pública las monstruosas cifras que cargan ambas paraestatales.
Si el Fobaproa rondaba entre los 700 y 800 mil millones de pesos, que seguimos pagando, el pasivo laboral sumado de Pemex y CFE es superior al pasivo bancario, aun si se le agregara el rescate carretero, también de triste memoria.
Si el Fobaproa y su posterior conversión en IPAB y deuda pública fueron los instrumentos utilizados para convertir los abusos, pésimos manejos y quebrantos de la banca privatizada en la deuda que hoy todos pagamos, lo que se vislumbra ahora no es muy distinto -en lo esencial- a aquello. Tal como ocurrió con el Fobaproa veremos, también, el alto impacto que tendrá en el diseño de los presupuestos nacionales de los años por venir.
Ahora que toca el turno al ámbito laboral, no queda aún claro cómo va a reaccionar el sindicato ante la condicionante que impondrá el gobierno para hacer cambios a la estructura contractual del sector energético en un plazo no mayor a un año, principalmente en lo que se refiere a un sistema individualizado de pensiones y retiros, diametralmente diferente al que ha prevalecido por años para sus trabajadores.
Los sindicatos de Pemex y la CFE, hasta el momento, han ido acompañando, pasivamente, al gobierno a lo largo de este proceso de transformación radical en el modelo de exploración, producción, transportación, refinación y de negocios que se ha impuesto a la industria energética. Hoy se sabe que van incluidas en el plan modificaciones a los contratos colectivos, a cambio de garantizar con dinero público el inmenso pasivo laboral.
El tipo de relación que, históricamente, han sostenido estos sindicatos con el gobierno y las múltiples prebendas y beneficios, inconfesables, con sus dirigentes hacen improbable que reaccionen negativamente -por lo menos en lo público- a lo que afectará inevitablemente a sus actuales modelos contractuales.
El asunto camina implacable, como ha sido todo este proceso de reformas constitucionales y secundarias promulgadas del año pasado a la fecha.
Este viernes sesionarán las comisiones unidas de Presupuesto y Energía de la Cámara de Diputados para dictaminar los cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley General de Deuda Pública, dentro de los cuales se incluye el controvertido tema de los pasivos laborales de Pemex y la CFE.
Procesarán la iniciativa del PRI para que el gobierno absorba parte del inmenso pasivo.
Los cálculos que han hecho algunos legisladores sobre lo que significaría una decisión de este tamaño son diversos. El diputado panista y ex subdirector de Pemex, Juan Bueno Torio, habla de un rescate que rondaría la cifra de los 700 mil millones de pesos y se terminaría de pagar en unos 30 o 35 años.
Miguel Alonso Raya, vicecoordinador del PRD, al cuestionar que se pretenda convertir en deuda pública “una serie de prebendas que durante décadas el PRI ha concedido al sindicato petrolero y sanear financieramente a Pemex para que las empresas transnacionales no carguen con el pasivo laboral”, calculó entre un 25 o 30 por ciento el incremento que, de golpe, sufriría la actual deuda pública nacional, considerando que el actual pasivo laboral del sector petrolero asciende a un billón 347 mil millones de pesos y el energético a 500 mil millones de pesos.
El “Pemexproa”, como se le empieza a llamar a lo que ya está en puerta, remueve la memoria de los mexicanos que recuerdan hoy aquellas fechas en que fueron rescatados ahorradores, tenedores de bonos y un puñado de vivales que se sirvieron con la cuchara grande. Si el gobierno de Peña Nieto se enfila -como vemos- a liberar a Pemex, de un plumazo, de su carga de pasivos laborales para dejar a Pemex libre de eso frente a las trasnacionales, tendrá que explicar a los mexicanos de qué manera piensa hacerlo, qué boquete abrirá en las finanzas nacionales, qué plazos y planes tiene para subsanarlo, de dónde sacará para hacerlo.
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