Al destruir a las empresas del Estado, se destruye también la economía nacional, sostiene el académico de la Universidad Iberoamericana, Alberto Montoya. Con la "contrarreforma energética", México se hará dependiente de empresas extranjeras, afirma.
Alberto Montoya, académico de la Universidad Iberoamericana, sostuvo que la apertura delsector energético en México significa la destrucción de facto de Pemex y CFE, y la dependencia de empresas extranjeras.
En entrevista para Aristegui CNN, afirmó que la destrucción de los organismos del Estado está planteado en las leyes, pues al no ser públicas no pueden ser sometidas a un control, por ejemplo de la Auditoría Superior de la Federación, y serán sometidas al derecho privado. Respecto al título con el que quedan, de “empresas productivas del Estado”, refirió que esto quedará nulificado.
Aseguró que la reforma energética “no nos va a dar soberanía sino que nos va a hacer dependientes”, de empresas extranjeras; por lo que avizora la destrucción de la economía nacional, así como una mayor importación.
Refirió que la dependencia que tiene Estados Unidos del petróleo “es la causa que ha impulsado el cambio en la Constitución” mexicana.
“Estados Unidos necesita un millón adicional de barriles y esa es la causa del acuerdo por el cual se hizo mediante un pacto, una modificación a la Constitución, que no tuvo en nuestro país una justificación económica, nunca se presentó la argumentación económica que justificara dicho cambio a la Constitución y no se siguió el procedimiento que marca la propia Constitución para elaborar las leyes, se hizo sin debate, e incluso hay un amparo interpuesto que debe de ser atraído por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sobre el contenido sino sobre el propio procedimiento que no tuvo validez legal”, expuso.
Y apuntó: “Mediante los contratos de diversas formas -contratos, producción compartida- se está otorgando propiedad porque las empresas extranjeras, según el propio transitorio establecido en la reforma constitucional podrán registrar dichos contratos como activos y los bancos los podrán reconocer como garantías reales para el préstamo de dinero, por lo tanto se les está dando de facto, independientemente de que se diga que el petróleo es de la nación, de facto se les está dando un carácter de garantía real ante un banco, las empresas extranjeras tienen derecho a hipotecar, es decir, pedir préstamos contra dichos contratos, que están subsumiendo el derecho exclusivo de explotación y por lo tanto este derecho de propiedad les da el derecho de apropiarse del valor intrínseco del petróleo que es la renta (petrolera)”.
“Aquí hay un cambio fundamental en la cuestión que tiene que ver con el territorio… es increíble que esto lleve al despojo de la propiedad campesina y dicho despojo podrá ser, según dice la ley secundaria, pagado mediante que el propio campesino trabaje para la empresa extranjera, entonces además de ser despojado, la forma en que le van a pagar es trabajar para la empresa extranjera, es verdaderamente indignante y ofensivo”, enfatizó.
El académico consideró que EU extiende su territorio con sus empresas en otras países.
“Tratándose de un asunto de seguridad nacional, la expansión de esta explotación por parte de estas empresas extranjeras en territorio nacional es claramente una condición que tiene que ver con la seguridad del territorio, la extensión de facto de las fronteras de Estados Unidos hacia nuestro territorio, porque es un asunto que evidentemente para Estados Unidos es fundamental, lo hemos visto cómo tiene que conducir guerras para poderse apropiar de recursos”, subrayó.
Respecto al “contenido nacional” en una parte de los contratos, que implica otorgar una participación a empresas nacionales, indicó que el Tratado de Libre Comercio -por encima de las leyes federales- establece que no se puede exigir a empresas extranjeras que tengan un contenido nacional, “no se les puede pedir que tengan que comprarle a proveedores nacionales, no se les puede pedir que transfieran tecnología, de manera que ellos están protegidos en este sentido”.
Calificó como inaceptable que en el caso los yacimientos transfronterizos “que nos pertenecen en igualdad tanto a EU como a México, México disminuya su participación al 20%, tratándose de que por lo menos deberíamos de tener igualdad en cuanto a los beneficios que transcurren y abarcar en territorios de ambos países”.
“Lo inteligente es que si disponemos nosotros de tan poco petróleo, lo que debemos hacer es darle valor agregado en México, mediante las empresas del Estado mexicano como es en la actualidad, contrario a esto lo que se ha establecido en las leyes referidas a Pemex y a la industria eléctrica y la CFE lo que se establece es algo verdaderamente monstruoso, ¿por qué? Porque se van a constituir empresas privadas que van a ser sujetas al código de comercio como si fueran empresas privadas, pero esas empresas privadas se van a constituir con recursos de la nación, en otras palabras, se está haciendo una privatización directa de bienes de la nación”, remarcó.
Sobre el pago del pasivo laboral de Pemex y CFE, señaló que nosotros los mexicanos nos hacemos cargo de las pensiones, como compromiso de una política social, y las empresas privadas se hacen cargo de las utilidades.
Estimó que en un futuro Pemex y CFE no van a poder competir, por lo que “van a vender los activos actuales; el consejo de administración tiene derecho de vender”.
En cuanto a la ronda cero a la que tiene derecho Pemex para elegir los campos que quiere explotar, mencionó que “esas asignaciones pueden migrar a contratos” con empresas privadas.
Ante este panorama, el académico sostuvo que tiene validez y vigencia la consulta popular sobre la reforma energética, “no es posible que un acuerdo entre grupos políticos y una coalición de intereses económicos nacionales y extranjeros, destruyan el proyecto de una nación y la hagan inviable”.
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