Alegatos
Desde ayer (1 de julio de 2015), la larga lista de productos de subsistencia por los que pagamos impuestos creció un poco más. Ahora ciertos alimentos procesados que se venden en las llamadas tiendas de conveniencia, minisupers y supermercados pagarán IVA. El hotdog, sándwich o tamal empaquetados que las personas suelen comer a prisas en las tiendas de la esquina, simplemente serán más caros.
Si bien esta decisión se tomó en 2013, fue la inminente entrada del nuevo impuesto lo que ha abierto un nuevo frente de crítica al gobierno de Peña Nieto. Es normal, la gente está molesta pues se trata de otra medida que afectará los ya de por si maltratados bolsillos de los consumidores, en especial de las clases medias y populares.
Pero no se trata de una medida sin contexto. Nuestra poca capacidad de recaudación es de fama mundial. Por ejemplo, dentro de la OCDE somos el país con el sistema impositivo más ineficiente. La propia CEPAL (el organismo económico para América Latina de la ONU) ha criticado en reiteradas ocasiones que desde hace 70 años no hayamos superado la barrera del 10% de ingresos fiscales en proporción a nuestro PIB. A quiénes y cómo cobramos los impuestos ha llevado incluso a que dicho organismo califique a México como un paraíso fiscal de facto.
El discurso oficial presume que la economía mexicana es la número 12 en el mundo y que atrae millonarias inversiones. Pero el gobierno nunca dice que en desigualdad ocupamos el lugar número 108 (según el reporte Global Finance). O tampoco nos dicen que si ponemos a competir nuestro sistema fiscal con los del resto del mundo somos el lugar 148 (según el Factbook, de la CIA). Todo está relacionado: una economía grande, con unos cuantos pagando impuestos y un gobierno que gasta ineficientemente sólo puede resultar en desigualdad.
Los impuestos son la prueba de ácido de los estados modernos. Miden su capacidad para ser autoridad y dan cuenta de su legitimidad. En estados democráticos, son un fino balance entre fuerza y consenso. Como dicen los clásicos, los impuestos no se consultan, se imponen -de ahí su nombre. Pero sólo son viables si son legítimos.
Pues bien, ese es el problema principal de nuestra política de recaudación. El grotesco despliegue de fuerza contra una parte de la población ya cautiva y la actitud indulgente hacia los poderosos. Más allá de lo que han dicho hasta el cansancio estudios y evaluaciones fiscales, este es un asunto práctico. Aquí algunos ejemplos que lo muestran:
1.- Abuso de medidas generales
La Auditoría Superior de la Federación encontró que en 2013 dentro del programa “Ponte al corriente”, se habían perdonado miles de millones de pesos de forma irregular; los principales beneficiados de estas medidas fueron grandes contribuyentes. Tan sólo 4 empresas sumaron 1,123 millones de pesos perdonados, en un contexto en el que la propia ASF ha señalado que ciertos contribuyentes incurren en prácticas sistemáticas para dejar de pagar impuestos y obtener cuantiosas condonaciones.
2.- Privilegios sin justificación
Por su parte, el Centro de Política y Administración Fiscales de la OCDE ha señalado que México debe mejorar la recaudación de ISR y eliminar los privilegios excesivos. Con un dato escalofriante el Centro pone en perspectiva de qué estamos hablando: con más de la mitad de la población en pobreza, México tiene la 2ª mayor flota de jets privados en el mundo gracias a sus reglas y privilegios fiscales.
3.- Evasión y prácticas ilegales
Ha sido la propia OCDE la que ha presionado al gobierno mexicano a corregir su complacencia frente a grandes empresas. En el marco de un proyecto sobre erosión en la base de contribuyentes y capacidad de recaudación (BEPS, por su sigla en inglés), el gobierno mexicano reconoció que potencialmente 270 multinacionales estaban evadiendo impuestos. Llaman la atención los montos que se estaban dejando de recaudar, pues se estima que tan solo una de ellas evadía más de 5,000 millones de pesos, y los buenos oficios para “convencer” a las empresas de pagar.
4.- Actitud litigiosa
Apenas se aprueba una reforma fiscal y el Consejo Coordinador Empresarial o la Coparmex anuncian que vendrá una cascada de casos judiciales. Se trata de una medida muy eficiente para sus propósitos. Un estudio del Woodrow Wilson Center explica cómo las empresas y los individuos con recursos utilizan el juicio de amparo para no pagar impuestos. El estudio usa un caso para ayudar a entender lo que está en juego en estos litigios: General Motors compró las acciones de otra automotriz en Estados Unidos. Cuando las vendió valían menos que su precio original de compra, pero lo hizo en México para poder registrar en su contabilidad una pérdida de 2 mil 599 millones de pesos y de esta forma no pagar el Impuesto Sobre la Renta equivalente a ese monto. La ley del ISR lo prohíbe expresamente. Sin embargo, General Motors se amparó y la Suprema Corte le dio la razón.
A nadie escapa que los impuestos son un tema complejo. Por ejemplo, se podrá alegar que es necesaria una ampliación de las personas que los pagan, o que a las condonaciones tuvieron acceso todos por igual y con las mismas reglas. También es cierto que presiones fiscales excesivas pueden ocasionar la fuga de capitales o que en ocasiones los incentivos pueden ser importantes para reactivar o dinamizar la economía. Lo mismo con el derecho a la protección judicial contra el abuso o la necesidad de tener impuestos con base en principios constitucionales. Pero no son esos los aspectos que nos están arruinando, afectado a la clase media y haciendo más pobres a los pobres y más ricos a los ricos. Lo que tenemos es un arreglo sobre lo fiscal sin legitimidad, porque sólo es fuerte contra los débiles, mientras que frente a los fuertes es muy débil.
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