Inmerso en la violencia,
Veracruz se desangra, pero el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares tiene sus
prioridades: preparar el terreno a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez para que
lo suceda en 2018. Incluso ya puso en marcha un mecanismo político-electoral
para posicionarlo. El diputado federal de Morena Cuitláhuac García Jiménez,
aspirante a gobernar la entidad, sostiene que el mandatario estatal hizo un
pacto con personajes presuntamente vinculados a la delincuencia organizada.
Sólo así, afirma, se explica que no haga nada por atender la problemática que
mantiene postrada a la entidad.
XALAPA, Ver. (Proceso). – La
violencia, los secuestros, robos de autos, ejecuciones y otros delitos de alto
impacto se exacerban en la entidad, pero eso parece no importarle al gobernador
Miguel Ángel Yunes Linares. De hecho, está ocupado en diseñar la estrategia
político-electoral para entronizar a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez –quien
ocupa la alcaldía de Boca del Río– como su sucesor.
Para el diputado federal de Morena Cuitláhuac García Jiménez,
esa postración en la entidad sólo es posible a partir de los “pactos” y
“relaciones amicales” que el mandatario hizo con políticos corruptos y caciques
regionales presuntamente vinculados con organizaciones delincuenciales.
Él los trajo a Veracruz, dice. Y da nombres: Francisco
Martínez Guevara, Rodrigo García Escalante, ambos exdiputados del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM); los priistas Regina Vázquez Saut y Basilio Picazo,
también exlegisladores, y Vicente Benítez González, del Partido Nueva Alianza
(Panal), quien actualmente ocupa una curul en el Congreso local.
“Para
detener a Morena –reitera– Miguel Ángel hizo pactos con el poder político local
que tiene ligas con grupos delincuenciales; por eso es que los delitos de
secuestros y homicidios se incrementan. En la pasada elección de alcaldes,
muchos de nuestros candidatos fueron amenazados por la delincuencia organizada…
Es grave lo que estoy diciendo, pero lo sostengo, porque esa es la realidad del
estado.”
García Jiménez, uno de los
aspirantes de Morena a la gubernatura en 2018, asegura que la inseguridad es el
principal problema del panista Yunes Linares, en cuyo primer año de gobierno,
según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNSP), se cometieron 163 secuestros y 2 mil 220
homicidios.
Sin embargo, Yunes, en su afán
de minimizar la situación, sostiene que 70% de los muertos eran sicarios o
personas presuntamente ligadas a la delincuencia. El problema es que hoy “la
violencia la pagan el comerciante, el profesionista, el médico, el taxista, el
trailero, el ganadero. La seguridad ha fracasado”, insiste el legislador de
Morena.
El mismo SESNSP sostiene que de
diciembre de 2016 a octubre de 2017 se registraron 19 mil 343 robos, de los
cuales 2 mil 492 fueron de vehículos y se realizaron con violencia, mientras
que 234 robos fueron a casa-habitación.
Estos índices son mucho más
altos que los registrados en los primeros años de gobierno de los priistas
Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte, según García Jiménez.
Manipulación estadística
El domingo 17 por la madrugada
hubo un enfrentamiento entre uniformados estatales con presuntos delincuentes
en la cabecera de Playa Vicente. Al término de la refriega, los reporteros
contaron entre 15 y 18 cadáveres, así como una decena de armas de alto poder
tendidas en el pavimento y el aseguramiento de 13 vehículos por elementos de la
Policía Municipal.
Al día siguiente, el gobierno
estatal emitió un comunicado en el que mencionó que cuatro presuntos sicarios
habían sido abatidos, pero no aludió a la decena de autos rafagueados y
salpicados con manchas hemáticas que quedaron atravesados en el sitio donde se
registró la balacera, que fue muy similar a la del 5 de diciembre del año
pasado en el rancho Colombia Land, municipio de Jesús Carranza, al sur de
Veracruz.
En esa ocasión 20 integrantes
del Cártel de Sinaloa fueron abatidos por elementos del Ejército y la Fuerza
Civil Estatal, mientras que otros 30 escaparon, aventándose al río Suchilapan.
Durante la gestión de Herrera
Beltrán predominaron Los Zetas y el Cártel del Golfo, mientras que con Duarte
se posicionaron en la entidad los sicarios de Gente Nueva y del Cártel de
Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ahora, con Yunes, los ajustes de cuentas entre
células de Los Zetas, CJNG, Ántrax, Cártel de Sinaloa, Grupo Sombra y grupos
independientes de huachicoleros han dejado cientos de ejecutados.
Con respecto a los asesinatos
de periodistas, durante los 70 meses de gestión de Duarte hubo 19 casos,
incluidos el de la corresponsal de Proceso Regina Martínez Pérez y el del
fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, también colaborador de este seminario.
La mayoría de los casos fueron atraídos por la PGR y terminaron archivados en
la Fiscalía General del Estado (FGE).
En cuanto a Yunes Linares, en
12 meses fueron asesinados tres comunicadores: Ricardo Monlui, columnista de
Crisol; Cándido Ríos Vázquez, de Diario Acayucan, y Gumaro Pérez Aguinaldo, de
Voz del Sur. Los dos últimos, según una tarjeta informativa de la FGE –la
Uipj/dXX/F2/1519/2017, filtrada a los reporteros por el titular de la
dependencia, Jorge Winckler Ortiz–, eran “colaboradores de Los Zetas”.
El documento refiere que
mediante “trabajo de campo” la Policía Ministerial detectó que el “finado”
fungía como “enlace del grupo delictivo denominado Z” y era quien se encargaba
de “amenazar e instruir” a los comunicadores de la zona sobre “qué publicar y
qué no”.
Pérez Aguinaldo, añade, era
compadre del exinspector de la Policía Municipal Víctor Acrelio Alegría, quien
fue ejecutado en agosto pasado junto con el reportero Ríos Vázquez, del Diario
Acayucan. En esa ocasión, la FGE vinculó a Ríos con el mismo grupo delictivo.
La tarjeta de la fiscalía
destaca que la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP)
buscará testimonios y aportaciones de integrantes de reporteros de la región
para “corroborar” lo anterior. Sin embargo, poco después la propia comisión
publicó un desplegado de prensa en el que pidió una investigación “apegada a
derecho”, diligente y que garantice el derecho de las víctimas y su familia.
La criminalización, oprobiosa
Celia del Palacio Montiel,
coordinadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la
Universidad Veracruzana, afiliado al Club Pen Internacional, lamenta que Yunes
Linares recurra al mismo esquema que utilizó su antecesor Duarte de
“criminalizar” a los comunicadores agredidos.
“Eso fue justamente lo que se
aprovechó muy bien durante el gobierno de Duarte para crear desconfianza en el
gremio periodístico, tanto hacia adentro, para debilitarlo, evitando la posible
unión entre periodistas, como hacia afuera, creando la percepción en el público
de que si algo ocurre a un periodista es porque ‘se lo merecía’, ‘andaba en
malos pasos’ o era ‘una manzana podrida’”, sostiene Del Palacio, quien
actualmente dirige el proyecto “Violencia y medios de comunicación en
Veracruz”.
Comenta que, en el extranjero,
a sus colegas, académicos, historiadores y escritores les cuesta trabajo creer
que haya tanta violencia contra el gremio periodístico en Veracruz, pero les
asombra más el grado de impunidad.
Prosigue: “La gente no puede
creer lo que les digo: tanta impunidad, tantos tipos de agresiones diferentes
hacia los periodistas, la magnitud del cohecho, el clima ominoso y las
restricciones a la libertad de expresión. Se sorprenden cuando muestro las
portadas de los diarios que circularon en el sexenio duartista con la misma
nota, las mismas palabras (que en el de Yunes).
“No pueden creer tampoco que la
sociedad civil no proteste con energía, que no se haya levantado en defensa de
los periodistas. Eso es quizá lo más triste cuando me preguntan qué estamos
haciendo los lectores de periódicos, los intelectuales, la sociedad, todos
nosotros. La respuesta es devastadora: no lo suficiente.”
De acuerdo con la
investigadora, en Veracruz hay una cultura periodística de colusión con el
poder, con empresarios de medios muy cercanos al gobierno y muy pocos actores
sociales realmente críticos.
“Estos factores no desaparecen
por arte de magia cuando un gobierno llega a su fin. ¡Ojalá hubiera posibilidad
de que, con solo cambiar a un gobierno, cambiara todo lo demás!”
La diputada panista Marioso
Gamboa Torales asegura que “sí hay un cambio”, pues hoy se combate de manera
frontal al crimen organizado. En el sexenio de Duarte, dice, se maquillaban
cifras de violencia y a los muertos se les “echaba tierrita” (en alusión a las
fosas); hoy los medios de comunicación son muy críticos porque, insiste,
extrañan los 13 mil millones de pesos que recibieron en la administración
anterior vía publicidad, para comprar las conciencias de reporteros y
directivos.
Con Duarte, señala, hubo
delitos de lesa humanidad, como los levantones masivos de jóvenes en Xalapa,
Puerto de Veracruz, Úrsulo Galván y Coatzacoalcos
Y añade: a muchos se les olvida
que el priista Javier Duarte, su jefe policiaco Arturo Bermúdez, su vocera Gina
Domínguez, su tesorero Mauricio Audita y el de Obras Públicas, Francisco
Valencia, están en la cárcel por las investigaciones del propio Yunes Linares,
iniciadas desde antes de llegar al gobierno.
El senador priista Héctor Yunes
Landa, primo hermano de Yunes Linares, suele afirmar que Miguel Ángel salió
peor que Duarte: “Los números son fríos, no están sujetos a los debates que
tanto gustan al gobernador; Miguel Ángel nos está saliendo peor que Duarte, que
ya es un decir”.
Tejiendo futuro
El diputado Cuitláhuac García,
de Morena, habla de Miguel Ángel Yunes Márquez, el delfín del gobernador que
está al frente del ayuntamiento de Boca del Río y ya se siente el próximo
gobernador.
Hoy, dice, los secretarios de
despacho del gobierno estatal tienen que “pedir permiso” al hijo del mandatario
para hablar y moverse.
Afirma que en las secretarías
de Desarrollo Social, de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, en la de
Seguridad Pública, en el DIF y demás dependencias ya se puso en movimiento la
maquinaria política-electoral para encumbrar a Yunes Márquez como el sucesor de
su padre.
Si bien Veracruz tiene a 2
millones de personas con “precariedad alimenticia, no hay un programa real de
apoyo al campo. El dinero se prioriza para las elecciones o para contratar en
la Sedesol a 2 mil 400 operadores panistas enfocados a repartir despensas para
captar votos”, refiere el diputado de Morena.
El reportero telefoneó al
gobernador Yunes Linares para conocer su punto de vista sobre las opiniones
aquí expresadas, pero no respondió. También buscó a su vocero, Elías Assad,
quien tampoco contestó la llamada.
Este reportaje se publicó el 24
de diciembre de 2017 en la edición 2147 de la revista Proceso.
