Los consejeros Adriana Margarita Favela, Alejandra Pamela San Martín, Ciro Murayama, Marco Antonio Baños, Lorenzo Córdova y Enrique Andrade. Foto: Octavio Gómez
POR JOHN M. ACKERMAN ,
CIUDAD DE
MÉXICO (Proceso).- El joven periodista veracruzano Gumaro Pérez Aguilando, de
34 años, fue ejecutado a sangre fría el pasado martes 19 mientras observaba a
su pequeño hijo de seis años participar en el festival navideño de su escuela
primaria Rafael Aguirre Cinta, ubicada en Acayucan, Veracruz. Pérez era un
periodista muy respetado en la zona que cubría la fuente policiaca.
Con este nuevo asesinato México
empata con Siria, nación inmersa en una brutal guerra civil, con la mayor
cantidad de periodistas asesinados, 12, durante 2017, de acuerdo con la
organización internacional con sede en París Reporteros Sin Fronteras (véase:
https://rsf.org/es).
El mismo martes 19, el polémico youtuber Juan Luis Lagunas
Rosales, de unos 25 años, fue asesinado por un comando que irrumpió en un bar
de Zapopan, Jalisco, donde Lagunas convivía con sus amigos. Unos días antes de
su muerte, el joven había publicado un video crítico de los líderes del Cártel
de Jalisco Nueva Generación.
El mensaje queda perfectamente claro. Quien manda en
Veracruz, en Jalisco, y en todo el país, son los delincuentes. También es
evidente que estos delincuentes no sólo se encuentran en la sociedad sino
también dentro de las mismas oficinas gubernamentales responsables de
garantizar la seguridad pública y la procuración de justicia. Nuestras
instituciones públicas están totalmente colapsadas e infiltradas.
Pero el
verdadero origen del problema de la violencia y la impunidad se encuentra en
las autoridades electorales. Quienes generan las condiciones para que los
sicarios de a pie puedan cometer tantos imperdonables actos de barbarie son los
malandros de saco y corbata.
Apenas un día antes de las
ejecuciones de Pérez y Lagunas, el lunes 18, el Consejo General del Instituto
Nacional Electoral (INE) nombró a un exsubordinado de José Antonio Meade,
Lizandro Núñez Picazo, como el nuevo titular de la Unidad Técnica de
Fiscalización. Ello apenas unos días después de que Meade había nombrado a
Aurelio Nuño como su coordinador de campaña.
Se sabe que cuando fungía como
jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, entre 2012 y 2015, Nuño
fue pieza fundamental en las negociaciones partidistas para lograr la llegada
de su amigo Lorenzo Córdova a la presidencia del INE. Todo parece indicar que
el consejero presidente ahora le devuelve el favor al coordinador de campaña,
colocando a un funcionario dócil listo para hacerse de la vista gorda frente a
los enormes flujos de dinero ilegal que seguramente lubricarán las campañas
priistas.
Recordemos que la Comisión
Monex de la Cámara de Diputados reveló que Peña Nieto rebasó más de 14 veces el
tope de gasto de campaña en 2012. Altos funcionarios de la empresa trasnacional
Odebrecht también han revelado, en declaraciones juradas dadas a conocer por la
prensa, que trabajaron con Emilio Lozoya para aceitar la campaña de Peña Nieto
con 4 millones de dólares. Y Carmen Aristegui ha divulgado el llamativo vínculo
entre el financiamiento a las tarjetas Monex e importantes operadores del
Cártel de Juárez, también durante 2012 (véase: http://bit.ly/2BnfcCT).
Asimismo, la prensa nacional ha
informado sobre la probable triangulación de millones de pesos desde la
Secretaría de Hacienda, cuando la encabezaba Luis Videgaray, a las campañas
políticas del PRI en Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas durante 2016. De acuerdo
con las declaraciones de Jaime Herrera, secretario de Hacienda en el gobierno
de César Duarte, divulgadas por el periódico Reforma, el desfalco al erario
alcanzó la cantidad de 250 millones de pesos solamente en ese estado. El
mecanismo utilizado para ello habría consistido en compras simuladas de “cursos
de capacitación educativa” inexistentes para canalizar los recursos públicos al
PRI.
Hace unos días también hubo una
denuncia importante de parte del comediante Facundo, quien divulgó que el
Partido Verde le había ofrecido 2 millones de pesos en efectivo para enviar
unos tweets a favor de ese partido, aliado con el PRI, el día de las elecciones
federales de 2015 (véase: http://bit.ly/2BbfcWD). “Ese día, que me ofrecieron 2
millones de pesos, seguro se movieron más de 300 millones de pesos en efectivo.
Seguro que Miguel Herrera cobró 10 o 5, y los otros en la lista son güeyes que
cobran más que yo y tuitearon dos o tres veces… ¿De dónde chingados salió esa
lana? Pues no sé si de Duarte, del narco o de dónde… ¿Cómo te informas cuando
le están dando 2 millones de pesos a un güey para que se calle algo y a otro
para que diga algo, no?”
¿Existe alguna vinculación
entre el asesinato de periodistas, comunicadores y defensores de derechos
humanos y el flujo de dinero ilegal durante las campañas políticas?
Desde luego que sí. La
impunidad, la corrupción y el descontrol gubernamental se compran a partir de
las mismas campañas políticas. Cuando quienes “ganan” elecciones lo hacen
mediante el uso de cuantiosos recursos ilegales para comprar votantes,
operadores y comunicadores, una vez que ocupan sus cargos tienen que devolver
estos favores a sus patrocinadores.
El nombramiento de Núñez Picazo
y la ejecución de Pérez Aguilando constituyen entonces dos lados de la misma
moneda.
Si Córdova y los otros
consejeros electorales permiten que en 2018 se repitan los mismos esquemas de
financiamiento ilegal de campañas, de compra y coacción del voto de 2012, ellos
serán los responsables del baño de sangre y la represión que inevitablemente
acompañarían al nuevo gobierno fraudulento y espurio.
“¿El océano entero podrá lavar
la sangre de mis manos, o mis manos teñirán el verde mar en una mancha
escarlata?”, preguntó desesperado Macbeth a su esposa después de su crimen de
ambición. “Un poco de agua limpiará el delito”, le respondió primero su
cómplice. Pero con el tiempo Lady Macbeth se dio cuenta de que por mucho que se
frotara las manos jamás podría deshacerse de la evidencia de su crimen. “¡Oh!
¿No quedarán limpias nunca estas manos…?”, exclama la mujer de Macbeth, y
finalmente acepta: “lo que ha sido hecho, no puede ser deshecho”.
Twitter:
@JohnMAckerman
Este análisis se publicó el 24 de diciembre de 2017 en la edición
2147 de la revista Proceso.
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