TRAFICO Y CORRUPCION EN RECLUSORIOS DE VERACRUZ

Tráfico de drogas, violaciones, golpes, revisión indebida a mujeres, robos y extorsiones son algunas de las quejas que han presentado internos y familiares en contra de funcionarios de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social (DGPRS).

Desde el 2003, directores, subdirectores y custodios han sido señalados en 136 quejas de internos y familiares, por permitir que fructifique el negocio del tráfico de drogas, extorsiones, corrupción y la formación de autogobiernos.

Sin embargo, no se ha llegado al fondo del asunto, porque la mayoría de estas quejas, presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), han sido archivadas por desistimiento del quejoso al no ratificar la queja, la mayoría por temor de represalias al interior de los ceresos.

Y así los funcionarios de los entonces 22, hoy 19 penales de la entidad, que han sido señalados permanecen en sus puestos, o sólo son removidos a otros penales.

Pocas quejas llegan a su fin, pero las que continúan han derivado en la baja del funcionario, y en recomendaciones de la CEDH a la DGPRS: indebida atención médica y golpes a un interno, ambas en el penal de La Toma; revisiones indebidas a las mujeres en todos los ceresos 27/2006, cobros indebidos, venta de licor y de cigarros de marihuana en el penal de Pacho 99/2008 y la más reciente por la violación a un interno en el reclusorio de Misantla 33/2009.

El caso de tortura del interno, Jorge Martínez Guzmán de 24 años, recluido en el penal de Pacho Viejo, evidenció este tipo de prácticas al interior de los penales.

Golpeado por internos y custodios, fue torturado por más de 12 horas a tablazos, patadas, esposado, amarrado de los pies y con una bolsa en la cabeza con el objetivo de extorsionarlo.

A pesar de que llegó al Hospital Civil de Xalapa y quedó marcado de por vida con secuelas en los riñones y cicatrices en las manos, testimonio de la cirugía reconstructiva a la que fue sometido para no perder las extremidades, se negó a continuar la denuncia al interior del penal y en Derechos Humanos.

“Jorge no quería hablar, tenía mucho miedo por lo que pudiera pasarle, incluso llegó a aceptar la versión de las autoridades de que fue una riña, pero fue su madre, la señora Raquel Guzmán Garay fue la que continuó con la denuncia penal, acudió a los medios y dio seguimiento al caso. Hoy están por consignar a los responsables”, señala Claribel Guevara Pérez, abogada del caso de tortura que puso a Veracruz en la mira internacional y recibió el apoyo de asociaciones de Derechos Humanos de 40 países.

El director del penal en ese entonces, José Alberto Herrera Ruiz, primo del gobernador Fidel Herrera, negó la tortura en el penal de Pacho y defendió la versión de la riña. Días después, se le cambió de dirección del penal. Hoy es director del penal de Jalacingo, como consta en la página electrónica de la DGPRS.

Tráfico de drogas y corrupción en penales

El tráfico de drogas es una constante queja en los penales de Veracruz. Internos de los penales de Coatzacoalcos, Veracruz, Misantla, Acayucán, el ex cereso de Perote, han señalado estos problemas.

“En el penal de Perote hay precios altos en los artículos de la tienda, venta de alimentos que envía el Gobierno para consumo de los internos, tráfico de drogas con la anuencia del subdirector de Seguridad y Custodia y de un Comandante”, señala una de las quejas, presentadas en el 2006.

De ese mismo penal, otra queja se anexa, “tráfico de drogas, cobros indebidos, autogobierno, 20 mil pesos por regresar a un familiar de un interno al centro Ignacio Allende. No se ratificó la queja”, dice el escrito de queja del 2005.

“Presentó quejas por hechos como: cobros indebidos, venta de alimentos que provee el Gobierno del Estado, tráfico de drogas, maltrato físico y amenazas. Al ser entrevistado el interno para recabar mayores datos, no ratificó la queja”, se señala ante la queja de un interno contra el subdirector del penal de Misantla.

Las quejas por tráfico de drogas en los penales son las más comunes, pero también hay otras por abuso de autoridad, robo, extorsiones, golpes, abusos y violaciones en contra de los derechos humanos cometidos por servidores públicos de los penales del estado.

“El director le solicitó 20 mil pesos para obtener su liberación”, señala una de las quejas en contra de entonces director del Cereso de Acayucán, José Alberto Herrera Ruiz. Hoy es director del penal de Jalacingo.

“Presentó queja en contra del Subdirector de Seguridad y Custodia, así como de un comandante del Cereso por haberlo golpeado sin justificación y a consecuencia de ese hecho, fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Civil de Xalapa y remitido al centro penitenciario de la Toma en Amatlán de los Reyes”, indica el escrito del 2006.

En ese mismo año, en el penal de Perote, una interna –exp. 12179/05—presentó una queja por golpes de uno de los internos, sin que las autoridades del lugar hayan intervenido para castigar al agresor. La interna no ratificó la queja interpuesta en su favor.

También en el 2006, en el penal de Veracruz dos internos presentaron una queja contra el subdirector de seguridad y custodia, comandante de seguridad pública por golpes y lesiones. Estas acciones derivaron en una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En el penal de Allende, del puerto de Veracruz, donde recientemente fueron trasladados 214 reos por el Ejército, ha enfrentado quejas de los directivos hasta por extorsión.

El entonces director Ignacio Cervantes Jiménez fue acusado por un recluso por haberle pedido 50 mil pesos parta obtener su libertad. A raíz de esta queja, el director fue dado de baja, a los pocos días, pero por abandono de trabajo.

El penal de Coatzacoalcos, se registró otra queja por varios internos en contra de diversos servidores público, por haber sido encerrados en un área conocida como “El Túnel”. Al ser entrevistados para ratificar la queja, no lo hicieron y argumentaron que la presentaron en su momento, “porque estaban molestos”.

Reforma penal urgente

El sociólogo y especialista en temas de seguridad del Instituto de Investigaciones Histórico Sociales de la Universidad Veracruzana (IIHS-UV), Alfredo Zavaleta Betancourt señaló que el problema de los reclusorios de Veracruz es histórico: sobrecupo, conflictos internos entre reos por los grupos que controlan las instancias de autogobierno, negocios, comercialización, la gestión de la visita conyugal, conflicto con los custodios, consumo y tráfico de drogas.

“La droga circula en los penales, pero es difícil demostrar que hay células del crimen organizado que en colaboración con directores o custodios hacen posible el ingreso de la droga como un segmento más del mercado, es difícil demostrarlo. Hay muchas suposiciones, pero la única evidencia es que hay droga y consumidores en los penales”, señaló.

Otro problema en los penales, añadió, son los autogobiernos, situación que conlleva el riesgo de generar una cultura criminal, que resista cualquier disposición de los directores o que incluso termine subordinando algunas de las decisiones.

Destacó que la reciente cuerda de traslado de 214 reos del penal de Allende en Veracruz, es un ejemplo de la forma de control que siempre puede tener el estado, sobre lo que acontece dentro de un penal.

El especialista consideró urgente iniciar con la implementación de una reforma carcelaria moderna, que implique la despenalización de algunos delitos, la reducción de penas de otros, la sustitución de penas por trabajo comunitario.

“Las cárceles de Veracruz están llenas de gente de robos menores que no ameritan penas largas, gran parte de la población de los penales está por delitos menores, no deberían estar purgando penas tan largas, también como resultado de la dilación de los procesos penales”, indicó.

Manifestó que el actual sistema no ha demostrado generar una readaptación entre los internos.

“Hay que revisar el autogobierno en las prisiones, pero sobre todo hay que ensayar innovaciones como sustitutos de pena, en algunos países se puede dormir en la cárcel, hacer trabajo comunitario, sustituir parte de la condena por la reparación del daño”, señaló Betancourt.

Estos tipos de mecanismos, añadió, aún no se ponen en práctica en Veracruz y contrario a ello, se endurecen las penas y se disminuye la edad penal, contraria a los mecanismos de readaptación.

CIFRAS

-Veracruz, 8 mil 175 reos en los 19 penales de la entidad

-De ellos, 1 mil 500 son del fuero federal.

Para presentar una queja

-018002602200 línea directa a la CEDH

-Escrito o acudir a las delegaciones

-Ratificación de la queja