XALAPA, Ver. (apro).- El juez Ariel Robinson Manzanilla exigió el pago de 12 mil pesos a la defensa legal del líder magisterial Salvador Canseco Flores, a cambio de dictar un auto de libertad en un juicio relacionado con un conflicto sindical.
Ante el riesgo de ir a la cárcel, luego de que el juez dictó la formal prisión, Canseco decidió denunciar la corrupción que persiste entre las autoridades encargadas de impartir y procurar justicia en la entidad, entre ellas Jorge Chantiri Pérez, agente del Ministerio Público.
En rueda de prensa, el dirigente de un movimiento opositor dentro del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en Veracruz (SITEV) relató que este conflicto se originó hace un año, durante el proceso estatutario de renovación de la directiva gremial.
Canseco Flores recordó que a finales del año pasado el grupo Movimiento Estatal del SITEV (Mesi) determinó participar con una planilla para contender en el proceso de renovación del comité central del sindicato, encabezado por Arturo Vázquez López, sin embargo, “nos fue negado el registro de manera ilegal.
“Nosotros quisimos participar, pero nos impidieron el registro pretendiendo aplicar algunas reformas estatutarias que nunca existieron, y eso lo demostramos legalmente ante los tribunales laborales”, subrayó el profesor de enseñanza media.
Destacó que las irregularidades registradas durante el proceso de elección de la nueva dirigencia sindical –donde en una asamblea “amañada” fue ratificado Alberto Yépez Alfonso– quedaron demostradas con el fallo emitido por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), el pasado 7 de noviembre.
Es decir –dijo– el pleno del TECA declaró improcedente “el incidente innominado” interpuesto por Rafael González, abogado de la supuesta planilla ganadora, y ordenó continuar con el trámite del procedimiento relativo al expediente laboral 24/2010/IV y su acumulado 311/2010, iniciado ante la denuncia presentada por los maestros disidentes.
Canseco Flores, quien está en libertad bajo fianza, detalló que en el SITEV surgió un movimiento democrático mediante el cual se luchó para terminar con los cacicazgos magisteriales, pues es la única agrupación sindical cuyos estatutos establecen el voto directo y secreto para la elección de su comité directivo.
No obstante, “quienes ahora controlan al sindicato” negaron el registro y, a partir de que el Mesi recurrió a las instancias legales ante las violaciones estatutarias, se iniciaron una serie de intimidaciones y actos de represión contra los integrantes de este movimiento.
En principio, explicó, en un consejo estatal “amañado” intentaron expulsar al grupo disidente de dicho sindicato, “al cual acudimos para exponer nuestros argumentos y defender nuestra posición y no nos dejaron entrar”.
Ante ello, aclaró, “se dio un jaloneo, hubo empujones y demás entre ambos grupos”, lo que provocó que se presentaran las denuncias correspondientes ante las instancias legales, tanto de un lado como el otro; entonces “se denunciaron lesiones de algunos compañeros, no graves”, esto fue el 1 de abril de este año.
Del lado contrario, explicó, “se denunciaron supuestas lesiones en el enfrentamiento”, sin embargo, los presuntos afectados nunca señalaron de manera directa a algún responsable.
Sin embargo, el agente del Ministerio Público decidió en noviembre consignar el caso al juez de primera instancia de Pacho Viejo y, “sin existir señalamientos directos, testimoniales, ni pruebas documentales, únicamente el dicho de los señores que nunca me señalan como responsable directo de haberlos golpeado, el juez dicta orden de aprehensión en mi contra”.
Así, fue detenido el pasado jueves 1, cuando salía de un café del centro de la capital del estado y los agentes policiacos lo trasladaron al penal de Pacho Viejo, “donde me fijaron una fianza de 15 mil pesos y, gracias a mis compañeros que se organizaron y lograron juntar el dinero, pude salir”.
En este caso, denunció, lo que se observa es que tanto el agente del MP como el juez Robinson Manzanilla “están actuando con total desapego a la normatividad, y obviamente dejan entrever que hay intereses ocultos para tratar de intimidar a un movimiento magisterial democrático”.
Lo más grave, acusó, “es que mi abogado me dijo que el juez pidió 12 mil pesos para dictar auto de libertad, pero cuando acudió a entrevistarse con él, le dijo que la contraparte le había dado 25 mil pesos, 20 mil para él y 5 mil para el secretario y, ante ello, ya había dictado el auto de formal prisión en mi contra”.
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