De diciembre a febrero pasado el precio de la canasta básica rural se incrementó en 0.7 por ciento; el de la urbana en 0.24 por ciento. De acuerdo con investigadores de la Universidad Iberoamericana, a raíz de este hecho alrededor de 25 mil 720 personas entraron en situación de pobreza. Si bien los primeros días de un gobierno no son suficientes para evaluar de manera significativa el impacto de sus acciones en materia económica, en lo que va de la administración de Peña Nieto no hay indicios de mejoramiento, aseguran los especialistas.
Durante los 3 primeros meses de la gestión de Enrique Peña Nieto, alrededor de 25 mil 720 personas –286 por día– entraron a la condición de pobreza, como consecuencia del aumento en los precios de los productos que constituyen el mínimo alimentario.
En este periodo, la inflación de la canasta alimentaria básica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) fue de 0.7 por ciento para la zona rural y de 0.24 por ciento para la urbana. Los cálculos provienen de una investigación realizada por el Observatorio del Salario Justo, de la Universidad Iberoamericana (Uia), sede Puebla.
De acuerdo con datos oficiales, hasta noviembre de 2012, 51 millones 993 mil personas se encontraban en situación de pobreza, lo que representa casi la mitad del total de habitantes del país. Con el gobierno en turno la cifra habría aumentado a 52 millones 18 mil 720 en tan sólo 90 días.
De continuar esta tendencia, advierten los investigadores de la Uia, con cada año del gobierno de Peña Nieto se sumarían a la pobreza más de 100 mil mexicanos, cifra equiparable con el número de espectadores que caben en el Estadio Azteca, el tercero de futbol más grande del mundo.
—¿Qué acciones tendría que emprender el gobierno de Enrique Peña Nieto para recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora mexicana? –se le pregunta a Miguel Santiago Reyes Hernández, integrante del Observatorio del Salario Justo.
—Ubicar el papel de México en el contexto internacional como un país innovador, que se está reindustrializando y que, a partir de ello, puede aumentar sus salarios vinculados a la productividad; redirigir los recursos de la actividad especulativa a la productiva; y hacer un llamado a un nuevo pacto nacional de empresarios, trabajadores y sectores, que permita que haya aumentos salariales sin desempleo y sin inflación.
El director del Departamento de Economía y Negocios de la Uia precisa que estas tres acciones implican, necesariamente, “cambiar la política económica neoliberal”.
José Arturo López Cándido, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, coincide en la necesidad de este cambio. Y es que el modelo económico que hoy se promueve basado en gran medida en el impulso del capital financiero especulativo es “equivocado”, considera. No obstante, advierte que las medidas remediales no serán posibles sin la organización de la sociedad.
Fortalecer el mercado interno y la economía nacional, incentivar el campo, garantizar el mercado a pequeños y medianos productores, redistribuir la riqueza en el país y rediscutir los tratados de libre comercio son algunas de las medidas que debería incluir una reforma económica profunda, manifiesta el diputado del Partido del Trabajo.
—¿Qué se puede hacer desde la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados para evitar que los salarios de los mexicanos sigan perdiendo valor?
—Se puede hacer poco porque nos ponen unas planchadas difíciles, porque la derecha tiene la mayoría.
En septiembre pasado, los investigadores del Observatorio del Salario Justo documentaron que la pérdida del poder adquisitivo durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa fue del 32 por ciento. El incremento en el costo de la canasta alimentaria básica registrado de diciembre a febrero pasado evidencia que, aún con el cambio de gestión, el peso sigue perdiendo valor.
El papel que en la materia ha jugado la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), presidida desde hace 22 años por Basilio González Núñez, ha sido oprobioso, asegura Reyes Hernández. Y es que, a decir del doctor en economía, durante este periodo el órgano encargado de la fijación de los salarios mínimos en el país ha “legitimado el empobrecimiento de los trabajadores”.
Esto en contra de su propia normatividad, que le mandata “asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con las condiciones económicas y sociales del país, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de producción, en un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y su familia”.
A principios de cada año, luego de los acuerdos cupulares con sindicatos corporativos y el sector privado, la Conasami lanza el aumento del salario mínimo tomando como único elemento la inflación esperada, y no la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su Artículo 123 establece que “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos”.
A mediados de abril pasado, Contralínea solicitó entrevista con la Conasami, a través de Armando Segura Martínez, director de información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Primeros días de Peña Nieto, sin mejoras
Si bien los primeros días de un gobierno no son suficientes para evaluar de manera significativa el impacto de sus acciones, sí muestran la dirección hacia dónde serán encaminadas.
A partir de esta premisa, los integrantes del Observatorio del Salario Justo de la Universidad Iberoamericana, de Puebla, realizan un diagnóstico de los primeros 3 meses de la gestión de Enrique Peña Nieto en materia económica.
Concluyen que el actual gobierno “no ha mostrado acción alguna que mejore de manera estructural las condiciones económicas de la población con menores recursos”.
Lo emprendido hasta ahora –como las reformas en telecomunicaciones y educación o el golpe hacia Elba Esther Gordillo– “ha sido en términos de eficacia mediática”, mas no del mejoramiento de las condiciones de vida de la población, dice Miguel Santiago Reyes Hernández, integrante del Observatorio del Salario Justo.
Ni siquiera la Cruzada Nacional contra el Hambre, impulsada desde el gobierno federal, ha contribuido en este sentido. Además de que participan en ella Pepsico o Nestlé, trasnacionales acusadas de generar obesidad entre la población a través de sus productos chatarra, la selección de los municipios a los que beneficiará parece estar marcada por un sesgo electoral.
Y es que mientras este programa excluye a algunos de los municipios que, según el criterio del Coneval, sufren de mayor pobreza alimentaria, incluye otros que no se encuentran en esta situación, pero en los que en julio próximo se celebrarán elecciones. Así, 232 de los 400 municipios que recibirán apoyo de la Cruzada Nacional contra el Hambre están cercanos a procesos electorales.
Respecto de la reforma hacendaria, que se supone se concretará para el segundo semestre de 2012, el catedrático de la Uia apunta que las señales que el actual gobierno envía son contradictoras.
Por un lado, a través del Pacto por México, plantea la eliminación de regímenes especiales como la consolidación fiscal, privilegio que condona impuestos a los grandes grupos empresariales y que data del sexenio de Luis Echeverría Álvarez. Por el otro, el Partido Revolucionario Institucional destraba candados para eliminar el impuesto al valor agregado en alimentos y medicinas, lo que “en vez de ser una política redistributiva a favor de los pobres, lo es a favor de los que más tienen”.
El economista por la Universidad de las Américas en Puebla lamenta que, aunque en términos de la economía del mercado capitalista hay dos vías de redistribución de la riqueza (la política fiscal y la salarial), México no lo ha hecho por ninguna de las dos.
“Estos primeros días del gobierno de Peña Nieto nos permitirían ver si efectivamente hay indicios de que la política fiscal o salarial van a mejorar en términos de redistribución de la riqueza, de las condiciones de vida de los trabajadores. Lo que hemos visto es que ninguna de las dos se ha dado”, sentencia Reyes Hernández.
Lilia Aguilar Gil, secretaria de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, manifiesta la dificultad de evaluar “a estas alturas” el impacto de las políticas económicas de Peña Nieto. Para la diputada del Partido del Trabajo, “lo que estamos viviendo ahora es aún el rezago de Calderón”.
Lo que sí es muy claro, agrega, “es que los mexicanos hemos perdido el 40 del poder adquisitivo en los últimos años y eso es gravísimo. Eso quiere decir que, independientemente de que suban los salarios mínimos, la gente tiene un nivel de pobreza más grande y eso es algo que debemos atacar”.
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