Vigilancia de federales. Foto: Benjamín Flores.
Con la anuencia del gobierno calderonista, 200 policías y militares mexicanos fueron puestos al servicio de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos: esta instancia los entrenó, los puso a trabajar en México y les dio órdenes de no compartir información con las autoridades nacionales.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Apenas pasadas las elecciones del 2 de julio de 2006 la maquinaria de la DEA ya estaba echada a andar. Washington se dio a la tarea de crear un grupo especial con 200 efectivos de la PGR, la Policía Federal, la Marina, el Ejército y el Cisen, todos ellos subordinados a la agencia antidrogas y con estrictas órdenes de no compartir ninguna información con el gobierno de México.
El director regional de la DEA en México y Centroamérica era entonces David Gaddis, hoy retirado.
Según documentos cuyas copias tiene Proceso, el 31 de julio de 2006 José Luis Santiago Vasconcelos, entonces titular de la SIEDO, recibió un oficio en el cual Javier Laynez, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, solicitaba que Jorge Joaquín Díaz López, fiscal especial; José Ignacio Muñiz Chávez, Ministerio Público federal; Rubén Orfaly, ejecutivo de proyectos; Octavio Aranda, perito técnico; Francisco Javier Jiménez, agente de investigación y Antonio Mejía Robles, fueran 38 días a Quantico, Virginia, a participar en el curso Unidad de Investigaciones Sensibles o Confidenciales (SIU, por sus siglas en inglés).
“La SIU era un brazo del gobierno de Estados Unidos dentro de México y al momento de hacer sus operaciones de alto impacto iba a ser manejado directamente por un agente de la DEA”, señala Jiménez, quien formó parte de ese grupo.
Francisco Javier Jiménez entró a la Policía Judicial Federal en 1999 y fue comisionado a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada (UEDO, antecedente de la SIEDO) el 2 de agosto de 2000, cuando la dirigía José Trinidad Larrieta.
Afirma que ingresó porque siempre le gustaron el trabajo policiaco y la investigación. Quería ser agente secreto. Y lo fue, pero el precio ha sido alto: cinco años prófugo, en la clandestinidad, por una acusación en su contra.
Muy pronto participó en una operación exitosa. “El 16 de noviembre del año 2000 hice mi primera intervención en una investigación relevante. Detuvimos al cuñado de Amado Carrillo Fuentes, César Miguel Rivera Vargas, El Esfera, esposo de Florentina Carrillo Fuentes”, señala. Fue su primer trabajo con la DEA.
“Ellos sólo proporcionaron el nombre; toda la investigación, absolutamente toda la realizamos nosotros. La reacción de ellos fue de sorpresa. No entendían cómo, con nuestros recursos limitados y sin tener la capacidad financiera de ellos, realizamos una investigación de más de seis meses”, recuerda.
Días antes los agentes mexicanos tuvieron una reunión con la DEA en la que ésta aseguró que Rivera Vargas estaba en Chiapas. Los mexicanos lo detuvieron en el Distrito Federal. “Quedaron sorprendidos y satisfechos con esa captura”, señala. Por eso fue uno de los elegidos para integrar la SIU. La selección fue basada en la eficiencia y desempeño laboral, afirma. “Fuimos elegidos, no alzamos la mano para nada”.
(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1909, ya en circulación)
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