Abuso de autoridad, prepotencia, corrupción, son
algunos de los delitos por los que fue recientemente denunciado Alberto
Sosa Hernández, Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura.
El encargado de “velar” porque la justicia impere en Veracruz se encuentra en
medio del ojo del huracán al cesar de manera indebida a la Coordinadora
Estatal de los Centros de Mediación del Poder Judicial para presuntamente
poner en su lugar a la hija de una ex alcaldesa de Xalapa con quien
Sosa Hernández mantiene una estrecha amistad.
En la denuncia interpuesta por quien se desempeñaba como Coordinadora de dichos centros de mediación, Estela Concepción García Carvajal, ante el Ministerio Público especializado en delitos cometidos por servidores público se exhibe, documenta y sustenta legalmente todas y cada una de las acusaciones en contra del Presidente del Tribunal, se habla además de la complicidad que existe entre este y los Consejeros Magistrados Raúl Pimentel, Emma Rodríguez y Fernando Charleston (padre del actual Secretario de Finanzas estatal), el consejero de Gobierno Javier Hernández y el Consejero Legislativo José Luis Salas.
El asunto es por demás delicado, no sólo se habla de la comisión de delitos que se castigan con cárcel por parte de la máxima autoridad del poder judicial en el estado, sino además se menciona en la denuncia que después del despido ilegal de Estela García, se le tomó protesta a Michelle Archer Álvarez como la nueva coordinadora aun cuando el Consejo de la Judicatura no tiene facultades legales para hacerlo. Este último dato en particular merece mención aparte, los centros de mediación fungen como gestores de conciliación para resolver asuntos entre particulares sin tener que llegar a un litigio, pero al estar la titular ostentando un cargo que no le corresponde, quedan sin validez legal los acuerdos ahí logrados, es decir, cualquier ciudadano que reciba una determinación podrá alegar que tal determinación es ilegal porque Archer carece de facultades ya que su designación deriva de un acto nulo al no estar el consejo de la judicatura autorizado para hacer esta designación.
A partir del 11 de mayo con la modificación a la ley que se hizo, quedó estipulada la autonomía de los Centros de Mediación por lo que el poder judicial no tiene injerencia alguna. Al despedir a la Coordinadora anterior e imponer a una distinta, los miembros del Consejo de la Judicatura y el propio Presidente del Tribunal Superior pueden en efecto, ser acusados de abuso de autoridad, delito que según el artículo 321 del Código Penal vigente para el estado de Veracruz se castiga con penas que van de 6 meses a 6 años en prisión. También pueden ser acusados por incurrir en actos ilegales como servidores públicos ya que en base al artículo 317, se castiga con hasta 8 años de cárcel a los servidores públicos que ordenen un acto en perjuicio de alguien sin respetar la ley. Por su parte la nueva titular al ejercer la función de Coordinadora Estatal de los Centros de Mediación también incurre en un delito que se castiga con la privación de la libertad, el artículo 315 señala que quien acepte desempeñarse como servidor público sin cumplir con los requisitos que la ley indica, se hará acreedor a una pena que puede ir de 1 a 6 años de prisión.
En la denuncia, de la cual se conserva una copia certificada, la ex funcionaria Estela García Carvajal narra como el tres de septiembre pasado, los abogados Lorena Hernández Ribón y Gilberto Blasquez Hernández llegaron a su oficina en la capital del estado y haciendo uso de violencia verbal le pidieron entregara las llaves del inmueble así como todos aquellos bienes que mantuviera bajo resguardo. En ese momento y con modos prepotentes le mostraron un oficio con fecha del 30 de agosto y firmado por Alberto Sosa en el que se le notificaba que por “haberle perdido la confianza” era cesada a a partir de ese momento de sus funciones. Al otro día simplemente ya no se le permitió la entrada a la que fuera su oficina desde el 2006 y Michelle Archer Álvarez fue designada como nueva Coordinadora Estatal de los Centros de Mediación por órdenes del Presidente del Tribunal y los miembros del Consejo de la Judicatura mencionados en la denuncia aun sabiendo que no tienen facultad legal para ello.
Justicia ante todo…..
Por si alguna duda cabe de la particular manera de concebir el término “justicia” del Presidente del Tribunal Superior en Veracruz, hace poco el corresponsal de la Revista Proceso en el estado Noé Zavaleta, publicaba que a pesar del que el Poder Judicial del Estado mantiene un adeudo que rebasa los 50 millones de pesos con el quebrado Instituto de Pensiones, los miembros de dicho Tribunal se preparaban para estrenar oficinas en un inmueble de lujo para el cual se invirtieron del erario público cerca de 170 millones de pesos.
La justificación sobre el adeudo dada por Alberto Sosa al reportero de Proceso es que al tomar el las riendas del Tribunal este ya arrastraba un adeudo de cien millones de pesos, la cual en poco más de dos años se redujo a la mitad, por lo que prácticamente en lugar de exigirle cuantas claras todavía tenemos que darle las gracias.
Esta es la clase de hombres que imparten justicia en Veracruz y estos son las maneras en las que se han acostumbrado a ejercer el poder, después de ambas historias a nadie puede sorprenderle las cuentas pendientes en materia de procuración de justicia. En la primera historia veremos si es capaz Alberto Sosa, en caso de que las acusaciones resulten ciertas, de responder ante las autoridades aun siendo el representante de uno de los poderes, en el segundo veremos si el resto de los organismos “autónomos” en el estado pueden al menos fingir que trabajan con cierto apego a la ley, increíble que nadie en el poder judicial haya investigado de donde surge una deuda de cien millones y más increíble aun que permitan que se ocupen 170 millones más en dar a los encargados de la justicia, aunque sea injusto, instalaciones de primer nivel.
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FUENTE: NOTIVER
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