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| Protesta de reporteros en el Puerto de Veracruz por desaparición de Moisés S;anchez/Fotover |
Ciudad de México. (SinEmbargo).– La familia del periodista desaparecido Moisés Sánchez Cerezo y la organización internacional Artículo 19, denunciaron que la Procuraduría General de la República (PGR) se ha mantenido “omisa” ante el caso, pese a que ellos ya solicitaron formalmente que investigue el paradero del también activista a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, (FEADLE).
Moisés Sánchez Cerezo, periodista del municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, fue privado de la libertad por hombres armados el pasado 2 de enero a las 19:00 horas cuando el comunicador se encontraba en su domicilio, en la colonia Gutiérrez Rosas.
De acuerdo con testigos además de sacarlo con violencia de su vivienda, los responsables se llevaron su computadora, cámara fotográfica y celular.
Sánchez Cerezo es director y editor del periódico La Unión de Medellín de Bravo, medio de comunicación que informa de manera crítica sobre las diferentes problemáticas de su municipio.
La organización Artículo 19 detalló en un comunicado que en las últimas semanas Sánchez Cerezo informó de los sucesos de violencia en la zona. Añadió que el periodismo y activismo realizado por Moisés provocó el enojo del Alcalde de Medellín de Bravo, pues “tres días antes de la privación del periodista, éste se enteró a través de una fuente confiable que el Alcalde Omar Cruz Reyes pretendía callarlo dándole una lección”.
Este día, a través de un comunicado, Artículo 19 señaló, que junto con la familia de Sánchez Cerezo, solicitaron por escrito a la PGR investigar el caso del comunicador, sin embargo hasta el momento no han obtenido respuesta.
La organización denunció que “parte fundamental de la impunidad, se debe a que las autoridades locales no sólo son quienes agreden a la prensa, sino que también, son las mismas encargadas de impatir justicia”.
Consideró que “la negativa de atracción constituye una clara violación a la ley que establece las casuales bajo las cuales podrá ser atraída una investigación.
Además, resulta contraria a la razón de la reforma constitucional y legal que le permite conocer los delitos contra la libertad de expresión, siendo ésta la disminución de la impunidad prevaleciente”, agregó.
Por ello, señalaron como fundamental que antes de que se venza el plazo de 48 horas desde que se hizo la solicitud, que la literal de la FEADLE, Laura Borbolla, se pronuncie a favor de atraer el caso.
Solicitud de Artículo 19
La organización detalla que desde mayo de 2013, se realizó una adecuación a la legislación mediante la cual se otorgó competencia a las autoridades federales para conocer los delitos cometidos que limiten o menoscaben los derechos a la libertad de expresión, de información y de imprenta.
“De acuerdo al artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, establece con claridad cuáles son los supuestos bajo los cuales puede atraer la FEADLE los delitos cometidos contra la libertad de expresión”, explica Artículo 19.
Algunos de estos supuestos, en los que coincide el caso de la desaparición de Sánchez Cerezo, están: cuando existan indicios de que en el hecho constitutivo de delito hubiere participado algún servidor público de los órdenes estatal o municipal; cuando en la denuncia o querella la víctima o el ofendido hubiere señalado como presunto responsable a algún servidor público de los órdenes estatal o municipal; cuando se trate de delitos graves así calificados por la ley; cuando la vida o integridad física de la víctima u ofendido se encuentre en riesgo real; cuando los hechos constitutivos de delito impacten de manera trascendente al ejercicio al derecho a la información o a las libertades de expresión o imprenta; cuando en la entidad federativa en la que se hubiere realizado el hecho constitutivo de delito o se hubieren manifestado sus resultados, existan circunstancias objetivas y generalizadas de riesgo para el ejercicio del derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.
La organización revela que con solo una de las causales anteriores, sería suficiente para que la PGR atrajera la investigación por desaparicIón forzada del periodista Moisés Sánchez ya que se materializan cinco motivos precisos, sin embargo, hasta el momento la dependencia federal ha declarado que únicamente coadyuvará en la investigación.
Por ello, la familia de Moisés, junto con Artículo 19, exigen a la FEADLE, investigar la desaparición forzada de Moisés, e implantar las medidas correspondientes para dar con el paradero del periodista y los culpables de su agresión.
En tanto, declaraciones de siete agentes cuyas confesiones circulan entre periodistas locales, revelan que se lo llevaron policías municipales por instrucciones del Alcalde Omar Cruz Reyes “para darle un susto”.
Organismos civiles denunciaron que Cruz Reyes amenazó al periodista días antes de su desaparición.
NO ERA EL CUERPO DE MOISÉS
El pasado lunes 5 de enero, habitantes del municipio Soledad de Doblado, Veracruz, encontraron un cuerpo cerca de la carretera que va hacia Miralejos. Periodistas de la localidad sospecharon que se trataba de su colega Moisés Sánchez Cerezo –quien había sido secuestrado tres días antes– por la manera en que la autoridades limpiaron la escena para evitar que otros reporteros pudieran tomar fotografías.
Según los mismos habitantes, después de informar del hecho, de manera inmediata llegaron elementos militares acompañados de personas vestidas como médicos, a tomar fotos y datos de la escena y a recoger el cadáver, borrando toda evidencia antes de retirarse.
La prensa llegó alrededor de las 22:00 horas, apoyada por la policía municipal de Soledad, recorriendo el lugar conocido como “La Piedra del Indio”, hasta entrada la madrugada. No encontraron nada. Ya todo había sido limpiado, publicó Plumas Libresel pasado 7 de enero.
De acuerdo con otra versión, policías se llevaron al reportero con rumbo a la carretera a Soledad de Doblado/Paso del Macho, “pero se les pasó la mano…” y “lo torturaron y murió en la tortura”.
“Entonces hablaron por teléfono al Presidente municipal panista [Omar Cruz Reyes], quien tiene la clave en la red policiaca municipal de ‘Azul 1’, y quien les ordenó quemarlo… igual que Ayotzinapa, para borrar todas las huellas”, según dio a conocer Blog Expediente.
“Y en efecto, lo quemaron y luego decidieron tirar el cadáver el lunes 5 en la noche, hacia las 23 horas, en la carretera de Soledad de Doblado llegando a Paso del Macho. Según las versiones, la Procuraduría de Justicia tiene confirmados hechos luego de cruzar y entrecruzar la información con los 36 policías detenidos que se llevaron a Xalapa, pero sopesan el momento de darlo a conocer”, agregó.
La revista veracruzana Era, que ha sido sufrido presiones del gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa, denunció que habrían ocultado la muerte de Moisés debido a la visita del Presidente Enrique Peña Nieto a la entidad.
“El Gobierno del estado habría ocultado muerte del periodista Moisés Sánchez, secuestrado en Medellín por un comando armado hace una semana, ante la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Veracruz el miércoles pasado”, publicó en una nota de este 9 de enero.
Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Ante la serie de rumores sobre la muerte del periodista Moisés Sánchez, quien sería el onceavo comunicador muerto durante la administración del priista Javier Duarte de Ochoa, los familiares de éste –al ser citados por la PGJE– afirmaron que no es él.
Así lo reconocieron también varios periodistas de Veracruz que siguen el caso de Moisés, y que han denunciado el clima de violencia contra el gremio que se vive en la entidad. Apenas ayer se anunció que la periodista Sayda Chiñas Córdova había sido despedida del diarioNotisur por exigir justicia para su compañero Gregorio Jiménez, asesinado en 2014, y ahora para Moisés Sánchez.
De acuerdo con distintos reportes de prensa, Juan Carlos Sánchez, hermano del periodista, confirmó que su sobrino, el hijo de Moisés, acudió a reconocer el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) y aseguró que no era el director de La Unión.
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