(08 de mayo, 2016. Revolución
TRESPUNTOCERO).- Organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por el
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), solicitaron –por
segunda vez- la activación de la alerta de violencia de género en Veracruz y denunciaron
que de 2010 a 2015, en la entidad gobernada por el priista Javier Duarte, se
reportaron 10 mil 295 delitos sexuales cometidos en contra de mujeres y niñas.
Activistas que se enfocan en la promoción y defensa de los
derechos de las mujeres solicitaron, en un primer momento, la puesta en marcha
de este mecanismo a consecuencia del alto índice de feminicidios registrados en
la entidad, que además es considerada el peor lugar para ejercer el periodismo,
por el alto índice de agresiones en contra del gremio.
Sin embargo, mientras documentaban el fenómeno cada vez más
presente, se percataron de que había irregularidades y falta de información
respecto a la posibilidad de las mujeres para acceder a la interrupción legal
de embarazos no deseados, pues ninguna pudo hacer uso de este derecho, a pesar
de que tan solo el año pasado, 487 niñas veracruzanas de entre 10 y 14 años,
fueron madres.
“La mayoría de esas pequeñas fue violada”, denunció Rodolfo
Domínguez, integrante del OCNF y agregó que “bajo la premisa de ‘proteger la
vida desde la concepción’, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa pretende
obstaculizar totalmente el derecho a no continuar con el embarazo”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha alertado sobre el
riesgo que corre la vida de las menores que quedan embarazadas muy jóvenes,
pues tener un hijo a corta edad, cuando el desarrollo físico de las pequeñas ni
siquiera ha concluido, representa una de las principales causas de muerte
materna.
Araceli González Saavedra, integrante de la organización
Equifonía, denunció que persisten diversos prejuicios entre un alto índice de
funcionarios del sector salud y de procuración de justicia, pues no informan a
las menores ni a sus familias, la posibilidad que tienen de interrumpir el
embarazo cuando fueron víctimas de violación e incluso ha habido casos donde,
de manera premeditada, impiden que puedan concretar esa posibilidad.
“La criminalización y discriminación de las mujeres que abortan,
es una constante en la entidad”, dijo González.
Tras un monitoreo efectuado por Equifonía, se evidenció que entre
el personal de las clínicas en la entidad, persiste un gran desconocimiento
sobre cómo restablecer la salud de las mujeres que sufrieron violencia sexual,
pues no hay protocolos para establecer el tratamiento que se les debe dar, ni
se les informa de la importancia de que se realicen pruebas de VIH o para
detectar alguna enfermedad de transmisión sexual, no les explican cómo se usan
las llamadas pastilla de emergencia, ni el derecho que tienen de interrumpir un
embarazo en caso de haber sido víctimas de abuso sexual, explicó González
Saavedra.
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