Sociedad 3.0
La secretaria
general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud,
sección 26, Luisa Ángela Soto Maldonado será candidata plurinominal a una
diputación local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pese a las
denuncias de sus afiliados de que no ha pagado $115 millones de pesos a una
empresa que les vendió electrodomésticos a crédito, aunque sí les fueron
realizados los descuentos a los trabajadores.
La afortunada va en
el lugar número 2.
La empresa GB Plus
Intermercado presentó denuncia ante el ministerio público por el presunto
delito de abuso de confianza, luego de que los integrantes del Sindicato,
obtuvieron créditos y no los han pagado porque el responsable de hacerlo era el
sindicato, que fue quien les hizo los descuentos.
Al respecto, la
favorecida por la decisión priista, Soto Maldonado desconoce el convenio
suscrito entre la empresa y el sindicato, porque asegura que ella no lo firmó,
y, según dice, la denuncia es improcedente porque no hay ningún abuso de
confianza.
Al deslindarse del
compromiso suscrito por un anterior secretario general de la organización
sindical que ella preside ahora, cínicamente les recomienda a sus agremiados
que si pidieron un crédito a GB Plus Intermercado, que lo paguen.
Al respecto, el
despacho que patrocina a los cientos de quejosos, Viades, Llanes y Asociados,
emite un comunicado para puntualizarle a la señora Soto que el compromiso fue
suscrito por su antecesor de manera institucional, ante lo que ella está
obligada a reconocerlo y cumplirlo.
A continuación la
postura del Despacho.
COMUNICADO
SOBRE LAS
DECLARACIONES DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECCIÓN 26 DEL SNTSA.
Para la secretaria
general de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Secretaría de Salud, Luisa Ángela Soto Maldonado, la diputación local que le
será obsequiada por el PRI, es fruto de lo que ella llama “su trabajo” y la
“ayuda” que le ha dado al partido que le obsequiará una curul.
Sobre sus
declaraciones, cabe observar:
1.- Dice la
secretaria general de la sección 26 del SNTSA que, como ella no fue la que
firmó el convenio con la empresa Intermercado, el acuerdo fincado entre esta
financiera y el sindicato, no existe. El convenio en cuestión, lo firmó
Dagoberto Castellanos Vicencio, secretario general (en el año 2005) de esa
organización sindical. Allí, Castellanos Vicencio –en el capítulo de
“Declaraciones” del instrumento- asevera que la sección 26 del SNTSA es “…una
entidad sindical con personalidad jurídica y patrimonio propio que se encuentra
legalmente representado (SIC) por el C. Dagoberto Castellanos Vicencio, quien
cuenta con todas las facultades necesarias para la celebración del presente”.
Así pues, en la
lógica de la señora Soto Maldonado, NINGÚN acuerdo o acto de Castellanos
Vicencio, en representación de la sección 26 del sindicato tiene vigencia ya.
Entonces, es imprescindible que Soto Maldonado aclare a sus agremiados si los
acuerdos que fincó Castellanos Vicencio en beneficio de algunos trabajadores en
particular HAN DEJADO DE TENER VIGENCIA Y VALIDEZ. Tendrá que aclarar, por
ejemplo, a los trabajadores que fueron basificados durante la gestión de
Castellanos Vicencio (por acuerdos que hizo y suscribió él), si su estabilidad
laboral está en riesgo.
Tendrá que aclarar,
también, si los acuerdos que ELLA MISMA HA SUSCRITO dejarán de tener validez
cuando deje de ser secretaria general de la sección 26. Y más aún: tendrá que
aclarar si lo que haga como diputada dejará de tener vigencia cuando deje la
curul que le será dada por su “trabajo” y “apoyo” al PRI.
Tiene que aclarar,
en consecuencia, si lo que hizo su antecesor en la secretaría general de la
sección 26, en nombre del sindicato, configura o no un delito (falsificación de
documentos, usurpación de funciones, y lo que pueda resultar), dado que el
convenio que ella desconoce –para coadyuvar a que el duartismo evada sus
obligaciones financieras-, fue suscrito por quien dijo representar legalmente a
dicha organización sindical.
Tendría que ser el
Ministerio Público el que determine, entonces, si la actual secretaria general
de la sección 26 del SNTSA reveló la comisión de delitos por parte de quien la
antecedió en el cargo…quizás Castellanos Vicencio no “trabajó” ni “ayudó” al
PRI tanto como ella.
2.- Se presentó una
denuncia ante el Ministerio Público en contra de la ahora candidata
plurinominal ANTES de que se diera a conocer su nominación; si ya
desconfiábamos (tanto GB Plus/Intermercado como nuestro corporativo jurídico)
de la procuración de justicia en Veracruz, ahora que la denunciada será
diputada –no por decisión del electorado, menos aún de los trabajadores del
sector salud- dicha suspicacia en relación con la imparcialidad con la que debe
actuar la Fiscalía General del Estado se multiplica. Puntualmente -y sin
ambigüedades- podemos decir porqué:
Sabe el Fiscal
General del Estado (como lo saben todos los ciudadanos de Veracruz) que ahora,
como nunca antes, no existen certezas en relación con quién ganará la elección
a gobernador, pero sí se conoce la postura de aquellos candidatos que aseveran
que, de ganar la contienda, entre sus primeros actos de gobierno, estaría la
solicitud al Congreso del Estado para que remueva al titular de la FGE, por
razones de sobra conocidas, en particular, la ineficacia desplegada en el
ejercicio de una encomienda fundamental para la vida del Estado.
Debería Luis Ángel
Bravo, entonces, aclarar qué le preocupa más: si asegurar su subsistencia
política brindando impunidad a alguien que será legislador y tendrá uno de los
votos para dejarlo en el cargo, o procurar justicia a los casi dos mil
trabajadores defraudados por el gobierno del Estado con la complacencia de
quien dice dirigirlos.
Y otra más:
Habituada a mentir,
la dirigente de la sección 26 asevera que “…el representante legal de la
organización ya fue a dar la explicación…”.
Debe aclarar la
futura diputada porqué, al cobijo de la impunidad, quien se ostentó como su
emisario acudió al Ministerio Público, pero no a “dar la explicación” a la que
alude. Que diga la verdad Soto Maldonado: su representante acudió a amenazar a
los representantes legales y socios de la financiera GB Plus Intermercado, ante
la indiferencia de la autoridad ministerial.
3.- Cuenta habida
de que la base de trabajadores del sector salud de Veracruz, no le merece a la
señora Soto Maldonado el mínimo respeto, es prudente exigirle que defina lugar
y hora para que, de frente a la sociedad y a los medios de comunicación, con
documentos en mano, explique a los agremiados a la sección 26 porqué fueron
reportados al buró de crédito. Que no se preocupe: nosotros les avisaremos para
que acudan y les de las mismas explicaciones que sus emisarios le dan a los
representantes legales de Intermercado ante el Ministerio Público.
Y, de preferencia,
también sería sano que convoque al licenciado Héctor Yunes Landa, candidato del
partido al que ella “apoya” y por el que “trabaja”, para que le explique a la
sociedad porqué el instituto político que lo postula para ser gobernador, le
dará fuero a alguien que ha solapado –a costa de trabajadores- el latrocinio
que, asegura, combatirá.
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