FEBRERO 19, 2021 | AGENCIAS
El Órgano de Fiscalización
Superior (Orfis) presentó cuatro denuncias penales contra ex funcionarios
panistas del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares por presunto daño
patrimonial en los años 2017 y 2018, al igual que contra personal de la
Fiscalía General del Estado (FGE) por mal manejo financiero en el periodo de
Jorge Winckler Ortiz, al adjudicar una obra pública de manera directa.
La auditora general, Delia
González Cobos, afirmó que como parte de la nueva revisión que ordenó el
Congreso local se detectó un daño patrimonial adicional a la Cuenta Pública
2018 por un monto de 3 mil 54 millones de pesos. También mencionó que en el
ejercicio del año 2018 se interpuso una denuncia contra funcionarios del
municipio de Veracruz, administrado por Fernando Yunes Márquez, hijo del ex
gobernador, por el mal manejo de recursos públicos.
Fueron reiteradas las
preguntas de diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y del
Partido de la Revolución Institucional (PRI) sobre las querellas presentadas
por el presunto desvío de fondos entre 2017 y 2018, periodo de la
administración de Miguel Ángel Yunes Linares, dejando de lado el retraso en la
fiscalización de 2019, luego de que se amplió el periodo de entrega 10 meses.
La diputada Mónica Robles
Barajas, primera en cuestionar al respecto, pidió detalle de las denuncias
presentadas en 2018, luego de la nueva revisión que ordenó el propio Congreso.
En respuesta, la funcionaria del Orfis mencionó que una de las denuncias
corresponde al Sistema de Videovigilancia por más de mil 44 millones de pesos;
además, se denunció al municipio de Veracruz por no justificar el manejo de 10
millones 399 mil pesos; así como al Instituto Tecnológico Superior de Juan
Rodríguez Clara por irregularidades del orden de los 22 millones 504 mil pesos;
así como a las autoridades de Playa Vicente por no justificar el manejo de 472
mil 877 pesos.
"Lo que hace un total de
mil 77 millones 840 mil 775 pesos con 53 centavos". Sin embargo, aclaró
que ahora está en la competencia de la Fiscalía General del Estado el brindar
avances sobre las investigaciones y la sanción a los responsables de malos
manejos.
"Sale de nuestra esfera
de competencia la labor que tiene una autoridad fiscalizadora de vigilar los
procesos judiciales, nosotros actuamos con ellos en la medida que integramos
expedientes, les hacemos llegar documentación y estamos atentos y vigilantes
que el proceso judicial siga, pero no está en nuestras manos la
resolución", insistió a la diputada del distrito de Coatzacoalcos.
Denuncias por más de 50 mil
mdp; Orfis solo detecta 3 mil mdp
Otro que cuestionó sobre las
denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) fue el
diputado del PRI, Antonio García, a quien le enlistó otras cuatro querellas.
Además del Sistema de Videovigilancia, le explicó, se denunció a quien resulte
responsables por la reestructuración y liquidación de la deuda pública, luego
de que se detectaron fondos de reserva que no aparecían en los fideicomisos por
8 mil millones de pesos; otra es por 18 mil 650 millones por la simulación de
registro contable de la Cuenta Pública Consolidada del Ejecutivo del 2018.
La tercera fue por simular el
registro de la Cuenta Pública por 27 mil 455 millones que se presentó en junio
del 2019; y la última contra la propia FGE, en el periodo de Jorge Winckler,
por la adjudicación directa de un Centro Integral de Justicia en Cosamaloapan.
No cuadran los números entre
ASF y Orfis
Justificó que los datos de
presunto daño patrimonial entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y
el Órgano de Fiscalización no cuadran debido a que no tiene los mismos tiempos
para la revisión, y cuando el ente federal da a conocer los resultados no se
permite la solventación de observaciones. En cambio, el Orfis da cuenta del
resultado de las auditorías después de que los entes fiscalizables justificaron
el manejo financiero de los recursos.
Por eso, aseguró, en 2017 la
ASF reportó un presunto daño patrimonial por mil 500 millones, mientras que el
Orfis reportó mil 400 millones; para el 2018, la ASF encontró irregularidades
por mil 800 millones y el Orfis por 3 mil 600 millones, adicionales a la
primera revisión.
Presenta informe de gobiernos
de Yunes y Duarte
La auditora general del
estado, Delia González Cobos, afirmó que a la fecha se acumulan un total 199
denuncias penales por daño patrimonial de 33 mil 377 millones de pesos en
administraciones del PRI y PAN.
Su informe de resultados se
concentró en dar a conocer datos de cuentas públicas de años anteriores, que ya
fueron aprobados y fiscalizados por diputados locales, debido a que el órgano
no ha entregado el informe correspondiente al 2019, luego de que se validaron
tres ampliaciones en la fecha de entrega del resultados de las auditorías, a
consecuencia de la pandemia del virus SARS-CoV-2.
La titular del Órgano de
Fiscalización Superior justificó el retraso al mencionar que para la revisión
del 2019 no contrataron despachos externos para auditar a los entes y se
determinó ampliar las revisiones de auditoría técnica a la obra pública, por servidores
públicos del Orfis. Sin embargo, se contrató 80 auditores, lo que generó un
gasto de 6 millones 467 mil pesos.
Para revisar esa cuenta se
planearon 830 auditorías, de esas 310 son presupuestales, 225 técnicas a la
obra pública; 60 de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera; seis
integrales (legalidad y sobre el desempeño); 169 revisiones en materia de deuda
pública, obligaciones y disciplina financiera, y 60 evaluaciones de
participación ciudadana.
Respecto al 2017, año en el
que la entidad veracruzana era administrada por el panista Miguel Ángel Yunes
Linares, la titular del Orfis mencionó que notificaron a 340 órganos internos
de control 3 mil 140 observaciones administrativas y 2 mil 019 recomendaciones,
a las cuales 316 órganos internos de control dieron cumplimiento.
Sobre el seguimiento a las
observaciones de presunto daño patrimonial se iniciaron 129 procedimientos de
investigación, de los cuales se emitieron: 40 acuerdos de conclusión y archivo,
19 informes de presunta responsabilidad administrativa y 59 se encuentran en
proceso de investigación. Además, se interpusieron 31 denuncias penales que en
su conjunto suman un daño patrimonial de 783 millones 534 mil 691 pesos.
Como resultado de esta nueva
valoración de la Cuenta Pública 2018 se reiteró que en materia financiera y
técnica a la obra pública se revisaron 97 entes estatales fiscalizados, y en 43
se determinó un presunto daño patrimonial por 3 mil 054 millones de pesos.
De 212 municipios
fiscalizados, en 131 se determinó un presunto daño patrimonial por 300 millones
109 mil pesos. En materia de deuda pública y obligaciones se determinaron
irregularidades de presunto daño patrimonial por 125 millones 490 mil pesos,
correspondientes al Ejecutivo del estado.
Además, de la auditoría en
materia de deuda instruida por el Congreso local se determinó presunto daño
patrimonial por 183 millones 471 mil pesos; y de los 227 entes municipales, en
cuatro se determinó un presunto daño patrimonial por 4 millones 423 mil pesos.
Se notificó a 340 órganos
internos de control 4 mil 198 observaciones administrativas y 3 mil 621
recomendaciones; a lo cual 299 órganos internos de control dieron cumplimiento.
Se iniciaron 181
procedimientos de investigación, de los cuales se emitieron 15 acuerdos de
conclusión y archivo, y hasta ahora se han interpuesto cuatro denuncias penales
por un daño patrimonial de mil 077 millones 840 mil pesos.
Los entes fiscalizables para
hacer la solventación presentaron reintegros a sus cuentas bancarias por fondo
observado, por un total de 40 millones 787 mil pesos.
Sin fecha de entrega de Cuenta
Pública 2019
La entrega del Informe de
Resultados de la Cuenta Pública 2019 y 2020 se va a empalmar y se busca que el
Congreso la pueda aprobar de manera conjunta, afirmó la titular del Órgano de
Fiscalización Superior.
En la sesión de preguntas y
respuestas durante su comparecencia ante diputados locales evitó dar una fecha
exacta para el resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2019, luego de que
se dieron tres prórrogas a la fecha que marca la ley, sin embargo, destacó que
han avanzado 85 por ciento en la integración del documento.
Fue reiterado el discurso de
la auditora al señalar que la contingencia sanitaria obligó a replantear la
forma de fiscalizar el manejo de los recursos públicos, y destacó que cuatro
trabajadores del órgano murieron a consecuencia del virus SARS-CoV-2, mientras
que otro 25 por ciento forma parte de grupos de riesgo, por lo que fueron
confinados a casa.
La primera pregunta que
formuló el presidente de Comisión de Vigilancia, Éric Domínguez, fue cuándo se
iba a presentar el informe, pues el Orfis tiene hasta el 31 de julio para
entregarles el resultado de las auditorías 2019.
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=210219_085719_794
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