El reparto de utilidades se ha convertido en una
práctica de simulación y fraude. A pesar de que la Secretaría de Trabajo
y Previsión Social asegura que “casi todos” los trabajadores en
México tienen derecho a recibir esta prestación, lo cierto es que en promedio
sólo tres de cada 10 trabajadores lo reciben de manera simbólica, lo que no se
refleja en sus
ingresos.
El pago de utilidades está prácticamente en
extinción en diversos sectores del país, como el comercio y servicios, donde
tiendas de autoservicio, departamentales y de conveniencia, prácticamente han
nulificado esta prestación. En tanto, en el sector manufacturero ha descendido
al mínimo el número de trabajadores que reciben este reparto, así como el monto
del mismo.
De diciembre de 2012 al mismo mes de 2013, al
menos 2 mil 500 empresas del país modificaron su esquema de contratación,
afectando el reparto de utilidades de cerca de cuatro millones de trabajadores
asalariados, según un estudio sobre la situación laboral de los mexicanos
realizado por el Centro de Análisis
Multidisciplinario de la UNAM.
Lo anterior, como consecuencia de los nuevos
esquemas de contratación que se incluyeron en la reforma laboral —que entró en
vigor en diciembre de 2013—, entre los que destaca otorgar contratos por tiempo
determinado, temporada y capacitación inicial.
El pasado viernes concluyó el plazo establecido
en la Ley Federal del Trabajo para que los patrones
cubrieran a sus trabajadores el 10 por ciento de las utilidades generadas
durante el último año fiscal. El ingreso extraordinario por este concepto se
notaba en el consumo comercial, de manera similar a lo que sucede anualmente con
el aguinaldo.
En cambio, hoy se reproducen historias como la de
José Luis, quien este sábado acudió al banco
Banorte sólo para confirmar que la empresa de seguridad privada
donde labora le había depositado 80 pesos por concepto de reparto de utilidades.
Corrió con suerte.
Por la red circulan cientos de casos de empleados
de empresas avícolas, de limpieza, constructoras, tintorerías o mensajería que
no han recibido la prestación en cuatro años, lo que implicaría que estas
empresas no han reflejado ninguna utilidad en ese periodo.
Simulación y fraude
Desafortunadamente, la regulación tiene muchos
huecos, que algunos patrones aprovechan para tratar de evitar el pago de
utilidades. Muchos contratan a sus trabajadores por honorarios, para no tener
que darles prestaciones; otros, como empresas más grandes y sofisticadas, crean
subsidiarias de servicio cuyo único fin es administrar la nómina. Dichas
empresas no perciben utilidades.
Algunos optan por contratar su personal
utilizando los servicios de una empresa outsourcing de recursos humanos. En este
caso, el trabajador tiene derecho a una parte de las utilidades de la empresa
outsourcing, pero no de las generadas por aquella en donde está trabajando.
Finalmente, como son utilidades “fiscales”, en
ciertas industrias hay mecanismos legales a través de los cuales se puede evitar
o disminuir al máximo dicha utilidad, por ejemplo, haciendo inversiones en
capital de trabajo o ciertas provisiones contables para ello.
Se calcula que dos tercios de los empleadores
retienen estos recursos, negándose a entregarlos a los trabajadores que
establece la ley. Se trata de miles de millones de pesos que no llegan al
bolsillo de los trabajadores: una parte suele repartirse bajo la modalidad
de bonos a los altos ejecutivos, otra se suma a los dividendos que se entregan a
los accionistas. En el caso de las empresas trasnacionales regresan junto con el
resto de las utilidades a la matriz.
Para lograrlo, explica un especialista, se usan
diversos mecanismos para omitir el pago del reparto de utilidades; considerando
que los beneficiarios de este derecho deben ser los trabajadores formales que
reciben un salario, el pago se omite a todos los contratados de manera
irregular, como los llamados honorarios. Otra vía es ampliar los gastos u
ocultar ingresos para bajar artificialmente la utilidad.
Existen despachos que han creado un sofisticado
sistema de ingeniería financiera para justificar este despojo; sin embargo, el
instrumento más común que se usa hoy es la tercerización, llamada outsourcing, y en especial las
llamadas empresas de servicios que subcontratan a la totalidad del personal, a
pesar de estar prohibido por la Ley Federal del Trabajo.
Las llamadas empresas de servicio son un invento
de despachos de abogados con la principal finalidad de omitir el pago del
reparto de utilidades, afectando también al fisco y a las instituciones de
seguridad social.
Estas han crecido desbocadamente en las ramas de
industria y servicios, aún cuando el Poder Judicial de la Federación ha señalado
que son contrarias a la ley, como es el conocido caso de Bancomer.
Este esquema fraudulento de derechos continúa
creciendo sin límites. Para lograr sus fines, se celebra un contrato entre la
empresa beneficiaria del servicio y otra persona moral de paja,
creada exprofeso para aparentar formalmente que una provee de personal a la
otra. Es una simulación. Este contrato de suministro de personal adquiere
diversas modalidades, la más común es la llamada sustitución patronal; por esta
vía se hace aparecer como si se tratara de empresas distintas.
Así, los trabajadores no son reconocidos como
asalariados de la empresa real, sino de la ficticia, y si las utilidades se
generan en la primera, en la segunda no hay prácticamente nada para
repartir.
El ABC del reparto de utilidades
Cada año, las empresas y patrones en general
tienen la obligación de participar a sus colaboradores de las utilidades que se
hayan reportado en el ejercicio fiscal anterior. Existen algunos principios para
el pago de utilidades que no hay que dejar de tomar en cuenta:
La fecha límite para el pago de las utilidades
son 60 días siguientes al pago del impuesto anual, es decir 30 de mayo para
personas morales y 29 de junio para personas físicas. Las utilidades a repartir
se calculan con base en la renta gravable reportada en ese ejercicio fiscal, de
acuerdo al porcentaje determinado por la Comisión Nacional
de Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las
Empresas, desde 1996 ésta ha determinado el 10%.
Tanto empresa como patrones deben conformar la
Comisión Mixta de Reparto de Utilidades, independientemente de que existan o no
utilidades a repartir. La empresa deberá entregar una copia de la declaración
anual a representantes de los trabajadores.
Tienen derecho a recibir el reparto de
utilidades: los trabajadores de planta, los trabajadores eventuales
(independientemente del tiempo laborado), los trabajadores por tiempo u obra
determinada que hayan laborado por lo menos 60 días durante el año y
extrabajadores que cumplan con los requisitos mencionados. Las utilidades no
cobradas del ejercicio anual anterior se deben incluir en las utilidades a
repartir en este año.
Solo están exentas de repartir utilidades las
empresas de nueva creación durante el primer año calendario; las empresas que
produzcan un nuevo producto (durante los dos primero años); empresas de la
industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración;
instituciones de asistencia privada y las empresas cuyo ingreso anual declarado
para ISR sea menor a 300 mil pesos.
Como cada año, el monto mínimo de pago que deben
realizar las empresas en concepto de pago de utilidades es del 10% de la
ganancia del ejercicio. En este sentido, hay que entender que el pago que se
realiza no se reparte proporcionalmente, sino que se calcula de la siguiente
forma:
Esta prestación es
calculada en función de los ingresos que tienen los
trabajadores y los días que hayan laborado en porcentaje al total de
días laborados por la plantilla completa. En cuanto a su salario base para el
cálculo, se considera que pueden existir al menos cuatro diferentes tipos de
salario:
El salario fijo: se computa el sueldo excluyendo las
sumas por concepto de trabajo extraordinario, las gratificaciones, percepciones
y otras extraordinarias; el salario variable, en el que
se tomará el promedio del salario diario; y el salario mixto, en el cual únicamente se
considera el salario fijo.
Además del salario base máximo,
que se considerará para determinar la participación de los trabajadores de
confianza que perciban salarios superiores al trabajador sindicalizado o de base
de mayor salario. En este caso, tendrá un ajuste, es decir, se sumará el salario
que durante el año fiscal haya obtenido el trabajador sindicalizado o de base de
mayor salario; a esta suma se aumentará 20% y se lo considerará
como salario base máximo.
En cuanto a las empresas que tengan varias
plantas o sucursales, el cálculo para determinar el salario máximo de estos
trabajadores se hará por cada establecimiento, y el resultado será el salario
base máximo con el cual participarán los trabajadores de confianza de cada
unidad.
El plazo para cobrar las utilidades por parte de
los trabajadores es de un año, a partir de que se ponen a su disposición, por lo
que se debe esperar para que éstas se ingresen a la masa de utilidades a
repartir al próximo año.
Prestación en vías de extinción
El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM)
del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, expone que la tendencia
que ha seguido el reparto de utilidades en México es que sólo una cuarta parte
de los trabajadores asalariados reciben este pago de acuerdo con los términos
establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esto lo coloca como una
prestación en vías de extinción.
El más reciente estudio del CAM sobre
cumplimiento de la LFT señala que se ha incrementado por arriba de 60 por ciento
el número de asalariados que no recibe nada de utilidades, además de que hay un
15 por ciento que no recibe lo correcto.
De esta forma, está quedando como una prestación
simbólica el pago de utilidades en México, ya que no es relevante: en promedio,
solo tres de cada 10 trabajadores lo reciben y, en su mayor parte, es solo por
trámite y tiene relevancia nula en sus ingresos.
Es decir, se han achicado el número de empresas
que pagan este beneficio y los montos a repartir, indicaron a su vez centrales
como la Confederación Obrero Regional (COR), la Confederación Revolucionaria
de Obreros de México (CROM) y la Confederación de
Trabajadores de México (CTM).
Sostuvieron que este año las empresas están
otorgando 10 por ciento del reparto que dieron hace un año. En renglones como
las industrias textil, del calzado, del juguete y en general las manufacturas,
las empresas se están declarando con pérdidas o en ceros; en el sector
servicios, la mayoría de los trabajadores están contratados por
outsourcing y este pago no existe o es simbólico, y en el comercio está
nulificado.
Incluso empresas como la Volkswagen, que antaño
otorgaba un reparto generoso, en 2014 lo redujo a una tercera parte. El
Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen va a impugnar los
resultados del ejercicio fiscal de la empresa, ya que ésta quiere esquilmar a
los trabajadores y al fisco. Esto es porque mientras en los dos años pasados
recibieron un promedio de 30 mil pesos, este año son 9 mil.
Por su parte, la semana pasada la Secretaría de
Acción Política de la CTM expuso que los patrones quieren desaparecer por la vía
de los hechos el pago de este beneficio. En contrapartida, el sector de la
minería es el único que está reportando grandes utilidades en el país, ya que
genera un promedio de 21 mil millones de dólares de ingresos anuales.
Grupo México reportó al mercado de valores
ganancias netas de 450 millones de dólares en el cuatro trimestre del 2013. Sin
embargo, empresas como Altos Hornos de México, que el año pasado repartió un
promedio de 10 mil pesos a cada trabajador por este concepto, ha informado que
en 2014 será difícil que se paguen utilidades, ya que cerrará tablas, según sus
directivos.
Por lo pronto, las quejas no se han hecho
esperar. A pesar de que la aseguró que las empresas se encontraban listas para
cumplir con esta obligación, trabajadores del Sindicato Independiente de
Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (Sitiavw)
anunciaron que esta misma semana impugnarán la carátula fiscal 2013 que presentó
la empresa, al considerar que se generaron más utilidades de las que se les
repartirán con base en su contrato.
Mientras tanto, en Veracruz, aproximadamente el
40 por ciento de las empresas no realizó el pago de utilidades, según informó la
Coparmex. Debido a las complicaciones económicas de 2013 y los primeros 4 meses
de 2014, sólo el 60 por ciento de las empresas habría entregado reparto de
utilidades a sus empleados, señaló su presidente en el estado, Jorge Coffau
Kayser.
De acuerdo a sus cálculos, el 40 por ciento de
las compañías, incluso de gran magnitud, no tuvo ganancias por lo que no tendrá
qué repartir a sus empleados. Como cada año, la historia se repite.
ENLACE: http://formato7.com/
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