- Del estado, 241 de los
aproximadamente 500 presos y perseguidos políticos del país: ONG
- Le sigue Oaxaca, con 80
casos
- Acuerdan organizaciones
solicitar la mediación de instancias internacionales ante autoridades
mexicanas
- Fabricación de delitos, práctica
común, señalan
Martín Hernández Alcántara
La Jornada
La Jornada
Puebla, Pue. De los aproximadamente
500 presos y perseguidos políticos de México, 241 son de Puebla, lo cual
convierte al estado en el de mayor número de acosados y encarcelados por sus
ideas, luchas sociales y defensa de los derechos humanos, seguido de Oaxaca,
con 80 personas, dieron a conocer participantes del primer encuentro nacional
por los presos políticos
Esos 241 poblanos han sido
encarcelados, perseguidos o sometidos a juicio con acusaciones falsas durante
el actual sexenio, que encabeza el panista Rafael Moreno Valle Rosas, dijo
Miguel Ángel Rosas Bourguess, del Comité para la Libertad de los Presos y el
Cese a la Represión Social en Puebla.
En Puebla, agregó, se persigue y
encarcela a personas por defender el medio ambiente, el patrimonio histórico y
su derecho al trabajo; por rechazar megaproyectos que pretenden despojar de sus
recursos a las comunidades, por defenderse de medidas como el arrebato del
servicio de registro civil a las juntas auxiliares.
Así han parado en reclusiorios
mujeres como Juana Macuitl Cóyotl y su hija, Ángela Macuitl, quienes por haber
demandado que la Red Urbana de Transporte Articulado permitiera el pago con
monedas y no sólo con tarjeta, fueron juzgadas en junio del año pasado por el
“delito inventado” de portación de armas, por lo que tuvieron que pagar una
fianza de 480 mil pesos, lo cual las dejó endeudadas de por vida.
También han sido encarcelados los
presidentes auxiliares de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez; La
Resurrección, Leonardo Sabino Baez Serrano, y San Bernardino Chalchihuapan,
Jairo Javier Montes Bautista, por reclamar que se les permita seguir operando
el registro civil.
Uno de los casos más conocidos es el
del abogado Adán Xicale Huitlé y su hijo de 24 años, Paul Xicale Coyópol, a
quienes se les encarceló por defender la zona arqueológica de Cholula del
proyecto urbanizador Parque de las Siete Culturas, impulsado por el gobernador
Rafael Moreno Valle.
Durante la reunión, representantes de
más de 40 organizaciones de todo el país acordaron crear un frente para liberar
a los presos.
En nombre del Comité Nacional para la
Libertad de los Presos Políticos, Yolanda Barranco anunció que también se
buscará que organismos internacionales intercedan ante las autoridades
mexicanas, pues muchas personas encarceladas injustamente han obtenido resoluciones
favorables de la Organización de Naciones Unidas y Amnistía Internacional,
entre otras instancias.
A la mayoría de los “presos
políticos” se les inventaron delitos, aseveró Daniel Hernández, de la Unión
Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, durante la rueda de prensa que
cerró el foro celebrado viernes y sábado pasados en el mercado Hidalgo, en la
capital poblana.
Participaron, entre otros, Elia
Tamayo, madre del adolescente José Alberto Tehuatlie Tamayo, muerto tras un
desalojo de la policía estatal; Giovani Torres Salgado, sobrino de Nestora
Salgado, coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá; las esposas de los
policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
de Guerrero.
Al final del foro se realizó una
marcha en el centro histórico, en la que participaron más de 2 mil personas.
La próxima reunión será en diciembre,
en Oaxaca.
Fuente la jornada
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