No sólo las promesas no se han cumplido, sino que las viejas pautas autoritarias conservan su funcionalidad y vigencia, haciendo del poder del presidente un remedo de otros tiempos. Justo en este mes de agosto, y tal como sucedía en tiempos del autoritarismo, los días previos al tercer informe se han convertido en un periodo de reflexión, en el que el jefe del Estado encara las tensiones y contradicciones de su gobierno y aplica cambios para iniciar la segunda etapa de su administración con acuerdos políticos renovados.
La diferencia entre los cambios de mitad de gobierno que hicieron los presidentes de la era autoritaria y los que ahora aplicaría el presidente Calderón reside en que, mientras aquellos nunca dudaron de su predominio y poder absoluto, éste se asume en desventaja frente a una oposición a la que considera deseosa de cobrarse los insultos lanzados desde la propia casa presidencial durante las recientes elecciones. Esta sutil diferencia podría implicar que la actual administración se muestre más dispuesta a hacer concesiones y, en claro contraste con el pasado, pierda poder en lugar de ganarlo.
La aplicación de cambios al gabinete se está perfilando como la primera opción presidencial para satisfacer apetitos políticos. De confirmarse esta sospecha, podríamos ver cómo las secretarías de Estado renuevan a una buena parte de sus estructuras de mando. Antes de especular sobre el sentido de los cambios, es necesario hacer un par de acotaciones sobre el perfil del así llamado equipo de gobierno.
La primera característica que debe destacarse del gabinete es que, por vez primera en la historia administrativa de México, no todos los secretarios y directivos de primer nivel son hombres del presidente. Esto no quiere decir otra cosa más que, como le sucedió a Vicente Fox, el partido en el gobierno carece de los cuadros necesarios para cubrir adecuadamente la plantilla directiva del Poder Ejecutivo.
Apelando al sentido de responsabilidad política e institucional, y a la noción de Estado con que sí cuentan algunos núcleos de funcionarios provenientes de los gobiernos priistas, el actual gobierno de extracción panista ha podido contar con la colaboración de cuerpos de profesionales para administrar sectores tan estratégicos como la hacienda pública, la política monetaria, la seguridad nacional, la política energética y, obviamente, las fuerzas armadas.
El segundo rasgo a destacar tiene que ver con lo que, de forma magistral, Jesús Silva Herzog-Márquez ha venido a llamar el gobierno basado en la confianza personal del Presidente. Siguiendo las brillantes alocuciones del joven profesor de la UNAM, el resto del gabinete está conformado simplemente por personas que, aun careciendo de las más elementales credenciales administrativas, ocupan un cargo de alta responsabilidad basadas en su relación personal con el Presidente o con su esposa.
Lo que resulta de la combinación de los dos rasgos anteriores es un gobierno variopinto en el que, lejos de haber una clara coordinación, lo que sucede es que los técnicos hacen su trabajo sin consultar a su jefe o al gabinete, mientras que el resto sigue esperando que alguien –deseablemente el Presidente– les diga qué es lo que se espera que sus dependencias hagan. Los cambios que podrían ocurrir en los próximos días tendrían que resolver esta absurda situación. Veamos si ello es factible.
Atendiendo a lo que circula como rumor en diversos ambientes burocráticos, se afirma que las primeras bajas en el gabinete ocurrirían en la Secretaría de Energía y en Petróleos Mexicanos. Tanto Georgina Kessel como Jesús Reyes Heroles dejarían sus puestos a fin de liberar la presión que el accidentado proceso de adjudicación de la nueva refinería generó. Otras bajas serían las del imprudente secretario de Economía, a quien los empresarios no reconocen ninguna cualidad, y la del estridente secretario del Trabajo, que poco ha hecho por cumplir las promesas del “presidente del empleo”. Dos ajustes de carácter técnico podrían darse con la sustitución de Guillermo Ortiz por Agustín Carstens en el Banco de México, ocupando Santiago Levy la vacante cartera de Hacienda.
Para ocupar la dirección general de Pemex se enviaría al taciturno secretario de la Función Pública, Salvador Vega, bajo el pretexto de que de esa manera se daría un combate frontal a la corrupción que impera en la paraestatal. La Secretaría de Energía sería ocupada por un cuadro de origen priista para garantizar el diálogo con la nueva legislatura federal. Finalmente, Tarcisio Rodríguez, actual director de Capufe y compadre del Presidente, podría asumir alguna de las dos carteras vacías en Economía y Trabajo.
Como puede verse, los cambios planteados no necesariamente romperían la lógica imperante hasta ahora. Quizás por ello sea mejor esperar a que ocurran y, como sucedía en otros tiempos, juguemos a adivinar las intenciones ocultas del Presidente.
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