30 de julio de 2010

Qué canijas casualidades

Gran Angular Raúl Rodríguez Cortés

¿Será coincidencia? El caso es que cuando el conflicto con el SME entra a un proceso de negociación política nunca deseado por el gobierno y López Obrador llena el Zócalo para confirmar que buscará la Presidencia en 2012 apoyado por el movimiento que encabeza, irrumpen en el escenario nacional dos hechos escandalosos que nos roban la atención: 1. La información de la PGR donde se asegura que reos sacados momentáneamente de su reclusión con el permiso de las autoridades carcelarias para ejecutar venganzas a pedido son los presuntos autores de recientes masacres en bares y fiestas privadas; y 2. La difusión en una red social virtual de otra fotografía de Diego Fernández de Cevallos y una carta suplicante a 73 días de su secuestro, así como la entrega al colega José Cárdenas de una comunicación que se atribuye a los secuestradores, que asegura que el emblemático político del PAN les ha confiado asuntos muy delicados que involucrarían a personajes clave del poder político y económico del país.


La intención de distraer, si como propongo existe, podría incluir el afán de relacionar, consciente o inconscientemente, hechos criminales con luchas de oposición, y la intención —advertida ya de tiempo atrás— de criminalizar la protesta social o todo lo que se oponga a la permanencia en el poder de quienes ahora lo detentan.

De ahí la necesidad de tratar de analizar las cosas en cada uno de sus apartados y con sus respectivas consideraciones, sin perder de vista que se trata de un todo caótico en que se debate la viabilidad y el futuro del país.

1. López Obrador buscará, sin duda, la candidatura presidencial. Deberá salvar, primero, los obstáculos que se le antepongan desde la izquierda partidista misma, principalmente la del PRD, secuestrado por los Chuchos. De conseguirlo, volverá a enfrentar a toda la maquinaria de los llamados poderes de facto que lo descarrilaron en 2006 en su camino hacia la Presidencia y que ya demostraron claramente que por ningún motivo permitirán que prospere un proyecto de cambio, así sea medianamente reformista, como el que plantea AMLO.

2. El conflicto con el SME parece encaminarse hacia una solución política. El secretario de Gobernación, José Francisco Blake, por fin entendió y acaso convenció a Calderón que si la extinción de Luz y Fuerza fue una decisión política que creó un problema político, debe solucionarse políticamente, mediante la aplicación de la ley, sí, pero sin que se pierda de vista la justicia social. Con esa clarísima instrucción, Blake sentó al secretario del Trabajo, Javier Lozano, a negociar y a firmar acuerdos, lo que desde ya merma sus aspiraciones presidenciales, si es que el PAN se las concedía. Lo acordado el lunes pasado en la mesa de diálogo explicita el compromiso de encontrar alternativas laborales en el sector eléctrico a los 17 mil trabajadores que no aceptaron su liquidación. El sector eléctrico, hasta donde se sabe, es la CFE o alguna empresa de nueva creación, y sobre la disponibilidad presupuestal que establece como condición el documento, ya tomaron nota los responsables de facilitarla, es decir, los diputados que forman parte de la comisión que participa en las negociaciones. Por otra parte, se deja el compromiso escrito de resolver aguinaldos y fondos de ahorro devengados y no pagados en 2009, además del de subsanar los trámites que obstaculizan la toma de nota del SME.

3. Que reos salgan con permiso a ejecutar asesinatos por pedido y regresen a ocultarse, sólo pude ocurrir en un Estado fallido. Al revelar tales hechos la PGR acepta tácitamente que el mexicano lo es o se encamina preocupantemente a serlo. ¿Está Felipe Calderón dispuesto a pagar el alto costo de ese reconocimiento con tal de arraigar la estrategia que echa mano del miedo y el terror para justificar eventuales Estados de excepción?

4. La difusión de foto y carta de Fernández de Cevallos enfatiza en el carácter “profesional” de sus captores. Las opciones de presuntos culpables se cierran en dos: una banda de secuestradores o a un grupo subversivo. Incluso circulan versiones de que los captores son una escisión del EPR, la llamada Tendencia Revolucionaria-Ejército del Pueblo. Esto enfatiza una escalada de la subversión para intensificar la ya existente guerra sucia. La carta de Diego, por lo demás, estaría denunciando evasivas familiares para negociar la cantidad pedida como rescate, monto que estaría entre los 30 y los 50 millones de dólares, lo que nos habla de una enorme fortuna cuyo origen acaso no resista la prueba de ser cotejada con los correspondientes pagos de impuesto de quien la amasó.

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