Por: El Universal / México, D.F.
Yolanda Ordaz de la Cruz era madre de dos hijas y reportera con 20 años de carrera. Su cuerpo se encontró sin vida y con señas de tortura el pasado 26 de julio.
El 20 de junio de 2011, Miguel Ángel López Velasco, columnista y editor del diario Notiver, fue asesinado junto con su esposa, Agustina Solana, y su hijo, el fotoperiodista Misael López Solana, en el interior de su domicilio ubicado en el puerto de Veracruz. Yolanda y Miguel Ángel trabajaban juntos. El 1 de junio de 2011, el cuerpo de Noel López Olguín, reportero de Noticias de Acayucan, fue encontrado en una fosa clandestina casi tres meses después de su haber sido secuestrado. Los tres casos en completo estado de impunidad. Los perpetradores de los tres casos siguen caminando con entera libertad. En los tres casos el mensaje sigue siendo el mismo: no hay consecuencias legales para quién cometa un acto violento contra la prensa.
En lo que va del 2011 en México han sido asesinados seis periodistas, tres en Veracruz. Después del homicidio de Yolanda Ordaz, la comunidad periodística veracruzana vive en el miedo, zozobra e inseguridad. Tres días después del último asesinato se reportó que nueve periodistas, la mayoría cubría la fuente de delincuencia organizada y la nota policiaca, huyeron del estado por un fundado temor de persecución. Desde el año 2005 ha habido nueve asesinatos de comunicadores en Veracruz.
El procurador Reynaldo Escobar salió a las pocas horas de haberse encontrado el cuerpo de Yolanda Ordaz a sembrar la duda sobre el móvil del homicidio. Sus declaraciones fueron en tal sentido que se comenzaba hablar sin pruebas sobre posibles vínculos de la reportera con el crimen organizado. Como si esto justificara el asesinato. Al parecer México se ha convertido en un país donde las autoridades pueden justificar su negligencia por el simple hecho de presumir (la mayoría de las veces sin pruebas) algún vínculo con el narcotráfico. Así lo hizo el procurador Escobar, antes de realizar en sigilo, como se presume se hacen las diligencias ministeriales, sus investigaciones sobre el asesinato ya afirmaba categórico que el asesinato no tenía que ver con su actividad de periodista. Seguramente tenía vínculos con la mafia. El balance de la carga de la prueba había cambiado. Ahora se tenía que comprobar y desmentir que la reportera no pertenecía a ningún grupo del crimen organizado. Los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso eran omisibles, según el procurador veracruzano. El funcionario público remató afirmando que la Procuraduría General de Justicia investigará a todos los periodistas que cubren la fuente policial en el Puerto de Veracruz, por posibles vínculos con la delincuencia organizada tras el asesinato de la reportera de Notiver. La discordante afirmación en sí misma eleva el nivel de riesgo de los reporteros. Pone sobre de ese grupo la espada de Damocles. Todos y todas serán investigados por el simple hecho de ser reporteros. El estado garante de los derechos fundamentales deja en indefensión a la comunidad de reporteros. El editorial del diario Notiver, el 27 de julio, salió a la defensa del estado de derecho. Señaló con claridad que los dichos del empleado estatal eran una “actitud majadera, difamatoria y sesgada contra Yolanda Ordaz”. Defendió a su reportera.
Después de días el caso de Yolanda Ordaz sigue siendo controversial por el contenido de dos videos, cuyo contenido no corroborado, vierten información contradictoria sobre la reportera. Ahora los casos de Yolanda y Miguel Ángel son litigados en los medios quienes reproducen crudamente el contenido de los videos cuya procedencia, por decir lo menos, es desconocida. Una vez más, se declina las investigaciones judiciales para dar paso a superficiales y expeditos juicios mediáticos que contribuyen al debilitamiento del estado de derecho. Hoy se habla de la emergencia en Veracruz por el foco mediático. Es de presumirse que en pocos días, cuando estamos mirando otra tragedia y ya no a los periodistas veracruzanos, la falta de justicia y el engrose de los casos en impunidad hundirá más en el abandono a la libertad de prensa. Y con ella el derecho de la sociedad a la información. Por hechos y actuaciones como las que hemos visto en Veracruz, no nos debe sorprender que México siga siendo el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina. Aún desconocemos los efectos estructurales que tendrá la violencia sobre el libre flujo de información. Conocer que periodistas cambian de profesión, que medios claudican a informar sobre temas específicos, tendrá, sin lugar a dudas, un impacto negativo en nuestra sociedad. No queda más que exigir protección y garantías para nuestros mensajeros.
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