Desorden y corrupción. Finanzas en Veracruz

Por Victor Manuel Andrade Guevara

El caos en las finanzas de la mayoría de los gobiernos municipales de Veracruz que se evidenció a principios de enero de este año, luego de que tomaran posesión las nuevas autoridades surgidas del proceso electoral de 2010, ha puesto de manifi esto los enormes obstáculos que enfrenta la construcción de un régimen municipal con una administración eficiente, apegada a la legalidad y transparente, es decir, un gobierno realmente democrático y bajo control de la ciudadanía.

 

Como hemos podido observar en los distintos medios de comunicación, la gran mayoría de las administraciones municipales salientes heredaron a sus sucesoras deudas descomunales que tendrán que pagarse durante muchos años, obras sin concluir, ausencia de pagos de aguinaldos y otras prestaciones a sus empleados, así como el total deterioro de la poca infraestructura de que disponen. Este desorden ha sido históricamente facilitado por la impunidad de que gozan las autoridades municipales, dada la ausencia de un sistema eficaz de fiscalización de las administraciones en ese ámbito de gobierno, así como por la falta de voluntad política de la totalidad de los partidos políticos para poner freno a la corrupción y construir un nuevo régimen municipal.

 

Los ayuntamientos son dependientes de las participaciones y transferencias de fondos que les otorgan la Federación y el Estado. Históricamente, sus recursos eran muy escasos, al igual que sus capacidades de implementar políticas públicas. Pero desde 1997 los montos de las participaciones se han incrementado considerablemente, de manera que los ayuntamientos manejan un volumen cada vez más significativo de recursos que no están sometidos a un proceso de fiscalización riguroso y que son susceptibles, por lo tanto, de ser malversados por las autoridades municipales. Ello repercute a su vez en el rezago económico y en el estancamiento de los niveles de bienestar social.

 

Esta situación no se va a modificar con la reciente decisión de girar órdenes de aprehensión contra 115 ex funcionarios y autoridades municipales, pues se trata en todos los casos de políticos electos y funcionarios de bajo perfil, de municipios muy pequeños, en general carentes de la protección que tienen los políticos de las ciudades importantes de la entidad. Se trata de un gesto simbólico, no de un acto de rendición de cuentas con consecuencias reales. Se ha pescado a peces pequeños, mientras los tiburones siguen en la mar.

 

LA FISCALIZACIÓN DURANTE EL SISTEMA DE PARTIDO HEGEMÓNICO

 

Mientras se mantuvo un sistema de partido hegemónico, en el que la absoluta mayoría de los cargos, tanto estatales como municipales, los ocupaba el Partido Revolucionario Institucional, los mecanismos de fiscalización y de rendición de cuentas eran totalmente ficticios. La naturaleza autoritaria del régimen depositaba en el Poder Ejecutivo la voluntad de sancionar o no a las autoridades municipales que incurrieran en la corrupción o la desviación de recursos. Formalmente, era el Congreso del Estado quien, a través de la Dirección de Contaduría y Glosa, efectuaba la revisión de las cuentas públicas de los ayuntamientos. En todo ese largo periodo, fueron contados los casos en que se castigó por desvío de recursos a un funcionario municipal. En algunas ocasiones, en virtud de que el Congreso tiene la facultad de destituir a las autoridades municipales con la votación de las dos terceras partes de sus integrantes, se destituyó a algún presidente municipal o se crearon concejos municipales, pero debido a problemas de orden político, sin que se les sancionara por desviación de fondos.

 

Cuando en el periodo 1997-2000 la oposición ganó la mayoría de las presidencias municipales, se sancionó por primera vez con cárcel a algunos presidentes que incurrieron en desviación de recursos públicos. Tal fue el caso de la declaración de procedencia y destitución del presidente municipal de Rafael Delgado, Apolinar Juárez Eleuteria, un indígena postulado por el PAN que no sabía leer y, aparentemente, había sido defraudado por algún empresario de la construcción aprovechando su condición de analfabeta. Al término de ese periodo también fueron detenidos Alfredo Huerta León, ex presidente municipal de Tuxpan, así como el ex presidente municipal de Papantla, Bonifacio Castillo. Ambos habían sido postulados por el PRD y fueron declarados culpables de desviación de recursos por varios millones de pesos. Estos procedimientos fueron llevados a cabo en el marco de una reforma a los procedimientos de fiscalización que se dio en 1998, cuando se creó la Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda, que instituyó temporalmente un órgano que hacía en el estado las funciones del recién creado, a nivel federal, Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización. Esta innovación elemental fue impulsada por una cámara de diputados federal compuesta, por primera vez en la historia, por una mayoría de diputados de oposición.

Victor Manuel Andrade Guevara es doctor en Historia y  Estudios Regionales y docente en la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana.

http://www.uv.mx/lapalabrayelhombre/16/contenido/estado_sociedad/EyS1/articulo2.html